El comisionista Luceño maniobró para boicotear la investigación contra él y su socio Luis Medina

Alberto Luceño no se quedó quieto cuanto la Fiscalía y el juez Adolfo Carretero lo colocaron en el punto de mira, investigado por urdir junto a Luis Medina una supuesta estafa millonaria al Ayuntamiento de Madrid con la venta de material sanitario en lo peor de la pandemia. Un extenso informe policial incorporado a la instrucción este mismo marzo, que recoge cientos de mensajes telefónicos del comisionista español, revela cómo maniobró durante meses para tratar de echar por tierra las pesquisas. Los agentes ponen sobre la mesa que Luceño urdió una auténtica “confabulación” para que un testigo respaldara su versión con el objetivo de que se “cerrase” la causa abierta en los tribunales; y que llegó, incluso, a dar luz verde al pago de sobornos en Malasia.

Este nuevo documento de la Policía, de casi 2.000 folios (incluido anexos) y al que tuvo acceso EL PAÍS, estrecha aún más el cerco sobre Luceño. Tras presentarse ante el juez y el fiscal como un experimentado “agente” dedicado a la exportación de productos, las indagaciones han sacado a la luz una imagen muy distinta de él. De hecho, además de la supuesta estafa al Consistorio de la capital, los investigadores le atribuyen una vasta experiencia en falsificación (le intervinieron, por ejemplo, 78 versiones de una carta del alcalde de Madrid, y un carné y una placa falsos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a su nombre). También, la Agencia Tributaria concluyó que el socio de Medina diseñó una trama societaria para defraudar a Hacienda.

La clave para el avance de las pesquisas se produjo el pasado 22 de septiembre, cuando la Policía irrumpió en la casa y en la sede de la empresa de Luceño para registrarlas. Se llevaron tres cajas de cartón llenas de efectos informáticos y dos bolsas de plástico con documentación “en formato papel”, según consta en las actas de las fuerzas de seguridad, que le intervinieron su teléfono móvil. Tras aquel episodio y durante meses, los agentes han analizado sus comunicaciones para elaborar el contundente informe enviado este marzo al juez Carretero.

Este detallado documento resalta los miles de mensajes que, entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022, el español se cruzó con Chan Beng Kay, alias Anthony, que le hacía de intermediario con San Chin Choon, el empresario malasio que supuestamente le suministró el material sanitario defectuoso que acabó en el Ayuntamiento. Y, según concluye la Policía, los tres se aliaron para engañar al juzgado mediante distintos ardides:

Respuestas dirigidas. Luceño mantiene una relación muy estrecha con Anthony. Ambos comparten negocios en diversos puntos del mundo, según evidencian los mensajes interceptados al comisionista español, que suele dirigirse siempre a su amigo como “Bro”, apócope de “brother”, “hermano” en inglés. De ahí que, sin ningún tipo de tapujos, los dos conversasen sobre cómo influir en la investigación abierta, en busca de su cierre.

Para conseguir su objetivo, un arma clave es la declaración de Choon, que puede avalar la versión de los dos imputados y propiciar el archivo de las pesquisas, en opinión de Luceño. Por ello, como el malasio no habla bien inglés, el español recurre a Anthony como vía para dar una “ingente” cantidad de “órdenes”, “instrucciones” y “directrices” a Choon sobre cómo debe actuar, que van variando en función de los acontecimientos. Una de las maniobras consiste en facilitarle las respuestas que debe dar a las autoridades si le preguntan por su relación empresarial.

El 9 de diciembre de 2021, por ejemplo, Luceño envía cinco posibles cuestiones que los investigadores pueden hacer a Choon, y las respuestas que el asiático debe dar. “¿Conoces personalmente a Alberto? Sí, tuvimos una reunión en 2018 por el tema de varias materias primeras, entre ellas la del pollo [...] “¿Pagásteis comisiones a Alberto y Luis [Medina]? Sí ¿Por qué pagaste muchas más comisiones a Alberto que a Luis? Porque Alberto lleva mucho más tiempo trabajando conmigo y le conozco personalmente”, reza una parte de ese texto.

Para entonces, Luceño ya había declarado ante la Fiscalía, y el ministerio público buscaba confirmar las palabras del investigado (para lo que pidió ayuda a las autoridades malasias). Por ello, resultaba clave que sus versiones concordasen:

—Espero que Leno, [el nombre de la empresa de San Chin Choon], sea un profesional agudo y brillante en su declaración, Crees que me hará quedar bien, ¿no? —añade el español.

—Le traduje al chino tu mensaje, por si se pierde o confunde en algún punto. También lo llamaré mañana por la mañana para recordárselo de nuevo [al día siguiente, el Departamento de Investigaciones de Delitos Comerciales de la Policía de Malasia había citado a Choon para hablar del tema]. Él también tiene problemas con este asunto desde hace un año, así que querrá resolverlo. Solo cuando ambas partes estén resueltas..., no solo una, estará entonces a salvo —responde Anthony.

Días después, Luceño se interesa por ese encuentro. “Me gustaría que me comentaras las respuestas de Leno, para poder ir en la misma línea cuando me vuelvan a citar aquí. Y también qué otras preguntas le hicieron, así yo también estoy informado”, escribe el 20 de diciembre de 2021 a Anthony, que le da múltiples detalles. Las directrices continuarán durante meses. Así, el 29 de marzo de 2022, el español recuerda a su interlocutor las líneas a seguir: “Leno. 1.- Que solo nos ha pagado a Luis y a mí. 2.-Que no intervino ningún político. 3.- Que toda la operación se realizó correctamente con todos los documentos. 4.- Y que, dada la pandemia y los momentos excepcionales a nivel mundial, los precios fueron correctos”, escribe.

El juez y la Fiscalía sostienen que Medina y Luceño pactaron inflar los precios del material sanitario defectuoso vendido al Ayuntamiento, embolsándose casi seis millones de euros en comisiones por tres operaciones de compra de mascarillas, guantes y test en primera fase de la pandemia.

Documentos fabricados. Durante sus conversaciones, una vez que el escándalo ha salido a la luz, el socio de Luis Medina se presenta como una víctima. “Mi cara y mi perfil [está] en todos los periódicos y en todos los informativos de televisión. Junto a la de Luis. Están haciendo un juicio paralelo sobre la gran cantidad de dinero que nos hemos llevado cuando había mucha gente muriendo en el país. En realidad, no tratan de herirnos, pero estamos en medio de una guerra política entre los dos lados del país: el PP y el Gobierno, del PSOE”, dice en un mensaje.

Con ese contexto como telón de fondo, Luceño da más órdenes para Choon sobre cómo actuar, y qué documentación fabricar. Es ya abril de 2022. Y según las comunicaciones recogidas en el informe policial, junto a Anthony, trasmite instrucciones para que San Chin Choon elabore una declaración jurada, con la idea de dárselas a las autoridades. Los agentes lo explican: “Anthony sugiera que sea el propio Alberto el que elabore el escrito para que luego Choon lo corte, firme y lo convierta en [formato] PDF para enviarlo luego por correo electrónico”. El español responde: “Prefiero que lo escribas tú mismo para que no salga de mi correo, y parece que lo he propuesto y parece algo ilegal”.

La Fiscalía también envió a Malasia una comisión rogatoria con una batería de preguntas dirigidas a Choon, que las autoridades asiáticas le facilitan y que hace llegar a Luceño el 19 de abril. “Le han proporcionado un listado de preguntas para preparar las respuestas [...] Necesita tu ayuda con las preguntas del documento adjunto para que no diga cosas diferentes cuando vaya”, escribe Anthony al español, que responde a las horas: “Estoy respondiendo a las preguntas, ahora te las envío”. Ese mismo día, Luceño advierte a su interlocutor: “Hay que decir que no ha habido ninguna relación entre Leno y yo. Que no tengo conocimiento de la comisión rogatoria ni de las preguntas”.

En las jornadas posteriores, Luceño y Anthony conversan para remitir esos papeles al juzgado, con el objetivo de respaldar su versión. A mediados de julio de 2022, la documentación llega al magistrado Adolfo Carretero en varios correos electrónicos a nombre de San Chin Choon.

Evitar el viaje de Choon a España. Desde un principio, el juez mostró sus recelos sobre la veracidad de los emails que había recibido a nombre de Choon, y dejó claro que no los aceptaría sin que los corroborara personalmente. El 13 de septiembre de 2022, Luceño se lo cuenta a Anthony. Y le dice: “Lógicamente, no voy a permitir que San Chin Choon venga a Madrid a contestar las preguntas, ni creo que el propio Choon quiera. Mis abogados están preparando un recurso contra el juez [...] Para ello, le vamos a proponer que pueda, voluntariamente, acudir a la Embajada de España en Malasia, para acreditar que es realmente el que ha enviado los correos y presentar las declaraciones juradas [...] Tan pronto como sus declaraciones se incluyan en la causa abierta contra mí, se cerrará y todo esto terminará”.

Anthony debía trasladar la iniciativa a Choon, y Luceño le da argumentos para que esté tranquilo ante un posible interrogatorio por videoconferencia desde la embajada: “Mis abogados pasarán a San Chin Choon todas las posibles preguntas que puedan hacerse con sus respuestas sugeridas correspondientes”, le escribe. “Te enviaremos TODAS [sic] las preguntas posibles para prepararlo bien contigo”, insiste en sus comunicaciones, donde llega a añadir: “Y, por supuesto, los compensaré a ambos con buenos negocios”. Según consta en el informe policial, el español llega a decirle a su interlocutor que deben “darle al juez alguna razón por la cual no puede viajar a España”. “Nosotros proponemos poner ‘por motivos de trabajo’, pero... si San Chin tiene algún problema médico que él pueda probar, sería perfecto”. Anthony contesta: “Será más fácil ‘por motivos de trabajo’ [...], no necesitará pruebas para probarlo”.

El interrogatorio por videoconferencia nunca se hizo.

Posibles sobornos. Luceño y Anthony llegan a barajar que los problemas se solucionen, al menos en Malasia, con el pago de sobornos a las autoridades del país asiático. Así lo dejan por escrito el 29 de marzo de 2022, cuando el socio de Medina envía a su interlocutor más directrices para Choon, e insiste: “No debemos preocuparnos, ¿verdad?”. A lo que Anthony contesta rápidamente: “Creo que, al final, debe ser que quieren algo de dinero”. Luceño responde contundente: “Entonces deja que Leno, [la empresa de Choon], le pague algo de dinero”.

En aquella época, según señala la Policía Nacional, las autoridades malasias habían citado a Choon para tomarle declaración de nuevo, barajándose incluso la posibilidad de que se le abriese una investigación al empresario asiático en su país. “Pero tanto Anthony como Alberto creen que el problema se solucionaría con el ofrecimiento de dinero por parte de San Chin Choon, dando normalidad ambos interlocutores a esa situación”, afirman los investigadores en su informe del 10 de marzo.

En esta misma línea, el 10 de abril de 2022, vuelven a mantener una conversación similar:

—Leno sabrá cómo responder en Malasia e, incluso, resolverlo dando dinero a la autoridad —le indica Anthony al español.