La Audiencia Nacional vuelve a imputar a la exconsejera madrileña Lucía Figar por la trama Púnica

La Audiencia Nacional ha vuelto a imputar en el caso Púnica a Lucía Figar (PP), consejera de Educación de la Comunidad de Madrid durante los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. A solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, la Sala de lo Penal ha corregido al juez instructor Manuel García-Castellón, que archivó en octubre la causa contra la exdirigente del PP, a la que se investiga desde 2015 por su supuesta participación en la trama corrupta urdida en las instituciones dirigidas por el partido. El tribunal considera, como mantenía el ministerio público, que Figar fue desimputada en la pieza de las pesquisas centrada en la financiación irregular del PP madrileño (Pieza 9), cuando ella se encontraba realmente bajo sospecha en la Pieza 10, donde se indaga el pago con fondos públicos a una de las empresas de la trama por trabajos de reputación online.

Además de a Figar, la Sala de lo Penal ha vuelto a imputar a otros tres ex altos cargos del PP: Pablo Balbín, ex jefe de prensa de la Consejería de Educación; Manuel Pérez, exviceconsejero de Educación; y Luis Sánchez, exdirector de la Fundación para el Conocimiento Madrid+D. Sin embargo, la Audiencia Nacional rechaza hacer lo mismo con Salvador Victoria, exconsejero de Presidencia, a quien la Fiscalía sí ubica en la Pieza 9, y al que pidió procesar al considerar que existen indicios de que era “conocedor, beneficiario e impulsor” de las contrataciones con Alejandro de Pedro, el informático al que se pagó con fondos públicos para que hiciera trabajos de reputación en internet para cargos de partido. Los trabajos de reputación on line de Alejandro de Pedro forman parte de las piezas: la 9, sobre la financiación del PP regional, y la 10, sobre el pago de estos encargos con fondos públicos. En todo caso, el juez García-Castellón rechazó la petición de procesar a Salvador Victoria.

Esta batalla comienza el pasado octubre, cuando el juez instructor de Púnica propuso enviar al banquillo a solo ocho de los imputados en la línea de investigación centrada en la financiación irregular del PP de Madrid, limitando la máxima responsabilidad de la trama a Francisco Granados y Beltrán Gutiérrez, ex secretario general y exgerente de la formación respectivamente. El juez dejó entonces fuera de la causa a un total de 71 personas: entre ellos, Esperanza Aguirre e Ignacio González, expresidentes de la Comunidad de Madrid.

En su recurso, la Fiscalía explicaba que Figar, Balbín, Sánchez y Pérez no se encontraban imputados en la Pieza 9 del sumario, sino en la 10, en la que se investigan una parte de los trabajos online prestados por De Pedro —se centra en los concernientes a los ayuntamientos de Madrid, Valencia, Denia, Gandía, Castellón, Valdemoro, Coslada, Alcobendas, Majadahonda, y los ocurridos en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y en terceros países iberoamericanos—. Además, el ministerio público alegó que existen indicios suficientes contra estos cuatro ex altos cargos. Impulsaron, autorizaron y “fraccionaron contratos” para concedérselos al informático, expuso Anticorrupción, que señaló de nuevo como la gran beneficiara a Figar, muy próxima a Esperanza Aguirre.