Hundidos al tratar de salvar su reputación

La corrupción no deja de ser corrupción por pequeña que sea la cantidad de dinero público defraudada. La senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro declara como imputada mañana en el Tribunal Supremo por la supuesta malversación de 4.840 euros del Consistorio para mejorar su imagen pública en Internet. Su compañero de partido Pedro Antonio Sánchez renunció a la presidencia de Murcia tras descubrirse que presuntamente maniobraba para gastar 32.200 en ocultar las numerosas noticias negativas sobre él en la red.

Otros 13 cargos públicos del PP han visto como el caso Púnica truncaba sus carreras o amenaza con hacerlo por irregularidades en la financiación de trabajos de reputación online. En ningún caso, excepto el de la exconsejera madrileña de Educación Lucía Figar, el desvío de fondos públicos superaba individualmente las cinco cifras. Siete de ellos están imputados o procesados. Los ocho restantes han aparecido en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que desentrañan los amaños para pagar por estos trabajos al experto informático Alejandro de Pedro y a su socio, el exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso.

Además de Barreiro y Sánchez, los otros imputados o procesados son el expresidente de la Diputación de León y hoy alcalde de Cuadros por un partido independiente, Marcos Martínez Barazón; el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria; la exconsejera de Educación madrileña Lucía Figar; el exconsejero de Industria y Turismo de Murcia, Juan Carlos Ruiz; y el exalcalde de Valdemoro José Carlos Boza Lechuga. Todos ellos han declarado ya ante el juez.

Escuchas telefónicas

En el caso de Marcos Barazón, la investigación destapó que siguió con las prácticas de su antecesora al frente de la Diputación, Isabel Carrasco, asesinada en mayo de 2014, y mantuvo los servicios de la trama en los que la fallecida supuestamente gastó más de 86.000 euros. En su caso, la Guardia Civil cifra el desvío de fondos en algo más de 10.000 euros en los pocos meses que estuvo en el cargo antes de su detención, en octubre de 2014. Las pesquisas revelaron que ya entonces tenía pendiente abonar al menos otros 6.000 euros. Las escuchas telefónicas revelaron su obsesión por presentarse ante el PP de Madrid como el mejor relevo de su antecesora tanto en el organismo público como en la dirección provincial del partido. Incluso gastó 5.445 euros en un consultor de comunicación que le preparó ante una entrevista que iba a conceder a un medio local. A todo ello hizo frente, supuestamente, con fondos de la Diputación.

El deseo de escalar posiciones y ser el candidato del PP a la presidencia de la Región de Murcia en 2015 llevó también al exconsejero Juan Carlos Ruiz a contratar a empresas de la Púnica. En su caso, la sospecha se centra en un contrato para la promoción turística de Murcia en el mercado británico de 47.000 euros. Cuatro cargos de su departamento también están encausados.

En Madrid, son cinco los cargos públicos salpicados. Tres están ya imputados: el exvicepresidente regional Salvador Victoria, la exconsejera Lucía Figar y el alcalde de Valdemoro hasta su detención en octubre de 2014, José Carlos Boza Lechuga. Victoria está acusado de conseguir que empresas adjudicatarias de contratos públicos pagaran a De Pedro por su trabajo para minimizar los daños en la imagen del entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por las noticias sobre su ático en la Costa del Sol.

Sobre Figar, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han incorporado recientemente al sumario informes en los que elevan de 81.000 a 122.000 euros la cantidad supuestamente desviada por ella y su equipo. Una empleada de De Pedro aseguró al juez que ocultar en Internet las noticias sobre el cheque guardería que se autoconcedió fue “un hueso” al que dedicaron muchas horas.

“Crear una reputación”

Boza Lechuga está imputado desde su detención al inicio de la Operación Púnica por irregularidades urbanísticas y de corrupción municipal, pero su implicación en los amaños para financiar una campaña de reputación en las redes sociales es reciente. El sucesor de Francisco Granados en la alcaldía de Valdemoro declaró el 21 de diciembre ante el juez Manuel García-Castellón después de que la UCO concluyera que iba a pagar 39.930 euros para que le “construyeran una reputación positiva en Internet”. El magistrado destacaba que la trama posicionó “seguidores ficticios por Facebook, Twitter y otras redes sociales que ofrecían sus mensajes concertados de alabanza”.

En Madrid también están bajo sospecha por estas prácticas —aunque no están imputados— Ignacio González y el exconsejero de Medio Ambiente Borja Sarasola. Un reciente informe de la UCO sobre los trabajos de De Pedro con políticos madrileños revela que la trama intentó mejorar la reputación de ambos, además de las de Esperanza Aguirre y el actual diputado autonómico del PP José Manuel Berzal cuando era concejal del Ayuntamiento de Madrid. El documento implica a González y Sarasola en las supuestas irregularidades que permitieron que los servicios para mejorar la imagen en Internet de todos ellos se pagaran con fondos públicos.

En el caso de la expresidenta madrileña, se invirtieron 82.000 euros, según los investigadores. Ambos ex altos cargos del Ejecutivo regional ya han declarado como “investigados no detenidos” ante la Guardia Civil. En el caso de Sarasola, el primer instructor del caso, el juez Eloy Velasco, le llegó a citar para declarar como imputado en junio de 2015, pero su elección como diputado autonómico aquel año hizo que el magistrado anulase entonces el señalamiento ya que pasó a ser aforado. Poco después causó baja como parlamentario.

Otra política madrileña —ya retirada— que se ha visto salpicada por los contratos de reputación on line ha sido Ana Botella. En agosto de 2013, la entonces alcaldesa de la capital y su esposo el expresidente José María Aznar, se reunieron con De Pedro en Marbella. Tras ese encuentro, la jefa de prensa de Botella concertó supuestamente con De Pedro que el Ayuntamiento pagaría 60.000 euros por estos trabajos. Sin embargo, el contrato no se llegó a firmar ante la dificultad de facturar esos trabajos al presupuesto municipal. Hubiera sido, quizá, el trabajo de limpieza de imagen más difícil del experto informático.