La trama Púnica cobró 82.000 euros con facturas falsas para mejorar la imagen de Esperanza Aguirre

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó el pasado 20 de diciembre al juez del caso Púnica Manuel García Castellón un informe en el que detalla las supuestas irregularidades cometidas por altos cargos de la Comunidad de Madrid para pagar los trabajos de reputación online que el experto informático de la trama, Alejandro de Pedro, hizo para dirigentes del PP madrileño, entre ellos Esperanza Aguirre e Ignacio González. El documento policial detalla que mejorar la imagen en Internet de la expresidenta madrileña entre abril de 2012 y su dimisión meses después costó cerca de 82.000 euros que supuestamente se abonaron mediante la emisión de facturas falsas por parte de las empresas de De Pedro que posteriormente eran abonadas por la propia Comunidad de Madrid o adjudicatarias de contratos públicos.

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Los investigadores reconocen, no obstante, que en este momento de la investigación “no consta el conocimiento que pudiera tener” de dichos amaños la que fuera máxima dirigente del PP de Madrid, aunque sí señala al que fuera su número dos, Ignacio González, y a un ex alto cargo de su Ejecutivo, Borja Sarasola. Ambos fueron interrogados como “investigados no detenidos” por la Guardia Civil el pasado mes de diciembre.

El informe de la UCO –de 190 folios de extensión- analiza “los trabajos realizados por Alejandro de Pedro y sus sociedades a altos cargos políticos de la Comunidad de Madrid”, entre ellos Aguirre, González y Sarasola, pero también al que fuera concejal popular en el Ayuntamiento de Madrid José Manuel Berzal. En el caso de la expresidenta madrileña, la Guardia Civil detalla los numerosos documentos intervenidos en los que se constata los trabajos realizados por la trama para mejorar su imagen en Internet en 2012, entre ellos una carpeta localizada en el ordenador de una trabajadora de De Pedro que recogía numerosos detalles sobre qué consistieron los mismos.

En concreto, “diversos informes reputacionales relativos a esta persona tanto de carácter periódico, como otros confeccionados de manera específica para contrarrestar opiniones desfavorables a la presidenta de la Comunidad de Madrid o viralizar mensajes positivos concretos”. También mensajes de correo electrónico y telefónicos intercambiados entre varios de los imputados en los que, por ejemplo, se constató que el experto informático de la trama trabajó en septiembre de aquel año para contrarrestar “el boicot que se difundía en la red” por la entonces aún no confirmada presencia de Aguirre en la inauguración de un curso en la Universidad Autónoma de Madrid o hacer desaparecer una noticia negativa sobre su gestión aparecida en EL PAÍS.

Entre las medidas emprendidas por De Pedro para mejorar la imagen de Aguirre, los investigadores destacan la supuesta creación de dos diarios digitales ‘zombis’ destinados exclusivamente a difundir informaciones positivas de la entonces presidenta con el fin de contrarrestar los mensajes contrarios a ella que aparecían en las redes sociales. Para ello, la trama contrató a dos periodistas con el único fin de que dotaran de contenido favorable sobre la entonces presidenta e Ignacio Gonzñalez a dichos medios digitales.

Según los propios documentos internos intervenidos al experto informático de la Púnica, el objetivo era que dicha información pareciera neutral y que “los lectores no perciban los diarios como proclives al cliente (en este caso autoridades del Partido Popular) de tal modo que se le otorgue por el lector más credibilidad al mensaje”. Los informes de reputación online intervenidos en los registros destacan que gracias a ellos consiguieron desplazar la mayor parte de las noticias negativas de los 20 primeros lugares de los buscadores de Internet.

El informe concluye que de la abundante documentación recabada queda demostrado que la trama Púnica trabajó a través de una de sus empresas, EICO, para mejorar la imagen de Esperanza Aguirre y que los tratos del Ejecutivo madrileño para ello fueron realizados por la jefa de prensa de la presidenta, Isabel Gallego –ya imputada en la causa- y el entonces viceconsejero Borja Sarasola. Todo ello por un importe de 81.999 euros que, en ningún caso, fueron abonados por el PP regional.

Los investigadores creen demostrado que una parte fue pagada a De Pedro mediante facturas falsas pagadas por la propia Comunidad de Madrid por trabajos inexistentes de resúmenes de noticias. Otra, por empresas adjudicatarias de contratos públicos de la Comunidad de Madrid. La UCO destaca que los trabajos de Aguirre se interrumpieron tras su dimisión en septiembre de 2012, aunque los de Ignacio González continuaron hasta sobre octubre de 2014, cuando se produjeron las primeras detenciones de la Operación Púnica.