La Fiscalía pide volver a imputar a los exconsejeros Salvador Victoria y Lucía Figar por la corrupción del PP

El ministerio público solicita a la Sala de lo Penal que anule el archivo de la causa contra ellos y otros tres ex altos cargos populares, dictado por el juez de Púnica

En primera fila y desde la izquierda, Esperanza Aguirre, Lucía Figar y Salvador Victoria, en 2011.
En primera fila y desde la izquierda, Esperanza Aguirre, Lucía Figar y Salvador Victoria, en 2011.Samuel Sánchez

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que vuelva a imputar en el caso Púnica a cinco ex altos cargos del PP, incluido los exconsejeros madrileños Salvador Victoria y Lucía Figar, investigados por su presunta participación en una trama corrupta urdida desde las instituciones dirigidas por el partido. El juez instructor Manuel García-Castellón acordó el pasado octubre archivar la causa contra ellos al concluir que no existen indicios suficientes para sentarlos en el banquillo, pero el ministerio público pide a la Sala de lo Penal que revoque dicha decisión.

En un escrito del 24 de octubre, firmado por los tres fiscales del caso y al que tuvo acceso EL PAÍS, la acusación pública recurre parte del auto de procesamiento dictado por García-Castellón en la Pieza Separada 9 de Púnica, que se centra en la financiación irregular del PP de Madrid y en una parte de los trabajos de reputación online pagados con dinero público en beneficio de miembros de la formación. En esa resolución, el magistrado no solo archivó la investigación contra estos cinco ex altos cargos populares —a lo que se opone ahora la Fiscalía—, sino contra un total de 71 personas: entre ellos, Esperanza Aguirre e Ignacio González, expresidentes de la Comunidad de Madrid. De esta forma, al final, solo propuso juzgar a ocho imputados.

El ministerio público no recurre la desimputación de los dos exjefes de Gobierno, ya que la propia Fiscalía Anticorrupción concluyó que no tenía pruebas para procesarlos. Sin embargo, sí pide a la Sala de lo Penal que revoque el archivo sobre Lucía Figar, exconsejera de Educación; Salvador Victoria, exconsejero de Presidencia y Justicia; Pablo Balbín, ex jefe de Prensa de la Consejería de Educación; Manuel Pérez, exviceconsejero de Educación; y Luis Sánchez, exdirector de la Fundación para el Conocimiento Madrid+D. Anticorrupción también pide que se anule el sobreseimiento dictado para María Luisa de Madariaga, una de las empresarias implicadas en la trama.

Indicios suficientes

La Fiscalía solicitó en julio enviar a juicio a Salvador Victoria al considerar que existen indicios de que era “conocedor, beneficiario e impulsor” de las contrataciones con Alejandro de Pedro, el informático al que se pagó con fondos públicos para que hiciera trabajos de reputación en internet para cargos de partido. Pero García-Castellón no lo aceptó. Según el magistrado, no “ha quedado acreditado”: “No se ha recabado ningún indicio sólido que permita sustentar que fue Victoria quien dio la orden que se efectuaran estos pagos”, expuso el juez.

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Una tesis que rebate el ministerio público. Anticorrupción afirma que el exconsejero de Presidencia fue beneficiario de los trabajos de reputación online y, además, constan conversaciones telefónicas en el sumario que lo implican. Entre ellas, con De Pedro. “De las mismas, se deduce una presunta implicación en la forma en que [el informático] debía de cobrar ciertos trabajos realizados para políticos del PP de Madrid a través de ICM (Agencia de Informática y Comunicaciones), del Canal Isabel II y de la empresa Indra”, exponen los fiscales.

Otra línea de investigación

El motivo para pedir que se anule la desimputación de los otros cuatro ex altos cargos del PP parte de un punto distinto. En primer lugar, la Fiscalía sostiene que Figar, Balbín, Sánchez y Pérez no se encontraban imputados en la Pieza Separada 9 del sumario, sino en la 10, en la que se investigan otra parte de los trabajos online prestados por De Pedro —esa línea de las pesquisas se centra en los concernientes a los ayuntamientos de Madrid, Valencia, Denia, Gandía, Castellón, Valdemoro, Coslada, Alcobendas, Majadahonda, y los ocurridos en la Consejería de Educación de la CAM y en terceros países iberoamericanos—. Por tanto, según añade Anticorrupción, sobreseer la causa contra ellos en la Pieza 9 “infringe todas las garantías procesales”.

Pero, además, los fiscales mantienen que sí existen indicios suficientes contra estos cuatro. Impulsaron, autorizaron y “fraccionaron contratos” para concedérselos al informático, expone el ministerio público, que señala de nuevo como la gran beneficiara a Figar, muy próxima a Esperanza Aguirre. El pasado 24 de octubre, tras conocer la decisión del juez García-Castellón de desimputarla, la exconsejera de Educación afirmó en El Español: “Yo estaba muy arriba y te pasa un proceso que es un atropello”.

Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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