La Fiscalía deja a Esperanza Aguirre fuera del caso de la caja b del PP de Madrid y responsabiliza a Granados y Beltrán Gutiérrez

La Fiscalía Anticorrupción ha movido ficha tres años después de la imputación de Esperanza Aguirre en el caso Púnica. El ministerio público ha solicitado este martes el archivo de la causa abierta contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que permanecía en la diana desde 2019 por la presunta caja b del PP regional y por la corrupción que anidó en sus gobiernos. Según ha informado a través de un comunicado, el organismo dirigido por Alejandro Luzón ha tomado esta decisión tras no recabar pruebas suficientes para proponer sentarla en el banquillo de la Audiencia Nacional. Pese a ello, según consta en la petición de procesamiento remitida al juez Manuel García-Castellón, se plantea juzgar a 10 personas, entre ellas, a Francisco Granados y Beltrán Gutiérrez, dos hombres de la máxima confianza de Aguirre, que ocuparon respectivamente los cargos de secretario general y gerente de los populares madrileños.

La decisión final depende ahora del magistrado García-Castellón, que instruye esta causa de corrupción donde se ha investigado a más de 150 personas. También queda por ver cómo actúan las acusaciones populares personadas en el sumario, entre las que se encuentran el PSOE e Izquierda Unida. Los socialistas están dispuestos a recurrir para pedir el procesamiento de Aguirre. Sin embargo, fuentes jurídicas detallaron que, sin la solicitud de la Fiscalía, resulta muy complicado enviarla al banquillo.

En este informe final, de más de 800 páginas y firmado por el fiscal Alejandro Cabaleiro tras tensiones con las otras dos fiscales del caso, el ministerio público concluye que existen “claros indicios de falsedad electoral” durante las campañas de 2007 y 2008, pero “se encontrarían prescritos”. Sin embargo, sobre los comicios de 2011, el ministerio público sí considera que se puede enviar a juicio el caso y, por ello, pide sentar en el banquillo a Beltrán Gutiérrez y Francisco Granados, “por un delito electoral (ambos), tráfico de influencias y cohecho (solo el segundo)”.

El caso Púnica estalló en 2014. Las pesquisas se centraron en un primer momento en los tejemanejes de Granados, consejero de Aguirre y secretario general del PP de Madrid. Pero, en 2016, la Audiencia abrió una nueva línea de investigación sobre la presunta financiación irregular del partido. La Guardia Civil encontró en casa del político una libreta Moleskine de color negro, con apuntes sobre actos electorales y anotaciones ordenadas en dos columnas, encabezadas cada una de ellas por las palabras en inglés “in” [dentro] y “out” [fuera]”.

Tras analizar el cuaderno, los agentes concluyeron que era un registro detallado de Granados, jefe de campaña para los comicios de 2011, sobre las entregas de dinero de constructoras para el partido y las salidas de efectivo. A los donantes los identificaba por sus iniciales. Y al presunto receptor de una parte de ellas, también: “BG”, Beltrán Gutiérrez, el gerente.

Sobre ellos dos centra ahora la acusación Anticorrupción, que pide también archivar la causa contra Ignacio González, vicepresidente de Aguirre y su sucesor en el cargo cuando ella abandonó el Gobierno autonómico. Él era patrono de Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid) y tenía el mando de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) y el Canal de Isabel II, organismos presuntamente usados por la trama, según el sumario. Cristina Cifuentes, que relevó a González al frente de la presidencia, ya fue desimputada el pasado año al no quedar “acreditada” su participación en la financiación irregular.

El ministerio público ha defendido que existían suficientes indicios para imputar a los tres, pero estos han resultado insuficientes para dar un paso más y proponer juzgarlos. Entre otras cuestiones, fuentes fiscales explicaron a EL PAÍS que ninguno de los subordinados directos de Aguirre la ha señalado de forma contundente: Beltrán Gutiérrez negó, por ejemplo, la presunta caja b durante tres horas de declaración en 2017. Entre los pocos testimonios que la salpicaban se encuentran el del empresario Horacio Mercado, que la situó en reuniones donde se dieron presuntamente directrices para beneficiarlo; y el de Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda (Madrid), que afirmó que la política lo colocó al frente de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo, desde donde desvió un millón de euros para pagar gastos de campañas electorales.

La gran beneficiaria

Cuando se decidió imputar a Aguirre, el juez y la Fiscalía la señalaron como la gran beneficiaria de la trama. Ella encabezaba los tres órganos donde anidó la corrupción —Gobierno regional, PP de Madrid y Fundescam— y el dinero presuntamente desviado se usó para financiar sus actos electorales e, incluso, pagar una campaña de reputación online a su favor. “[Aguirre] ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba”, dirigidas “fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta”, plasmaron en varios escritos, donde añadieron: “Una situación como la descrita explica que el impulso y la supervisión de todo el entramado pivotara en la presidenta [...]. [Era] la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza”.

Aguirre siempre ha negado estas acusaciones. En un escrito enviado al juez a principios de este julio, la expresidenta insistía en que “no concurren indicios de criminalidad” contra ella y denunciaba que este sumario se ha “dilatado durante años mediante artimañas procesales, como las que sistemáticamente pone en marcha el PSOE”. Su defensa calificaba como “garrulo sambenito” el atribuirle que “lo sabía todo, lo decidía todo”: “Excesivo, hasta para el ojo de Sauron”, remachó su abogado, en referencia a un personaje de la trilogía El Señor de los anillos, del novelista J. R. R. Tolkien.

En su escrito de conclusiones finales, la Fiscalía también ha pedido procesar a ocho personas por los trabajos de reputación digital para diferentes políticos, a los que imputa delitos de prevaricación y malversación. Entre ellos, Salvador Victoria y Borja Sarasola, exconsejeros autonómicos; Isabel Gallego, ex jefa de prensa de Aguirre; y el empresario Alejandro De Pedro. La lista la completan José Martínez Nicolás, Diego Mora, María Luisa de Madariaga y Francisco Lobo.