El exgerente del PP madrileño niega la financiación ilegal ante el juez

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El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dejado este lunes en libertad sin medidas cautelares al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, imputado en la pieza separada del caso Púnica sobre la financiación ilegal del partido en esta comunidad. Fuentes jurídicas han informado que Gutiérrez ha negado cualquier tipo de irregularidad en la financiación del PP autonómico durante la etapa en que Esperanza Aguirre fue presidenta regional.

Gutiérrez ha declarado durante unas tres horas y ha respondido a todas las preguntas de todas las partes, según las mismas fuentes. El exgerente ha salido del edificio judicial sin ser visto alrededor de las 13.25. La investigación de la 14ª pieza del caso Púnica permanece bajo secreto sumarial.

La presunta implicación de Beltrán Gutiérrez en el caso Púnica arranca con unas notas manuscritas encontradas en una agenda intervenida a Francisco Granados. Los investigadores -y con ellos, el juez Eloy Velasco- sospechan que las mismas reflejan la supuesta entrega de dinero en metálico por parte de empresarios a una caja B del PP de Madrid a cambio de adjudicaciones. Dichas notas, en las que figuraban diversas cifras e iniciales, pudieron ser interpretadas gracias al constructor David Marjaliza, que lleva desde el verano de 2015 colaborando con la Justicia. En las mismas aparecían las iniciales ‘BG’, que el que fuera socio de Granados relacionó con el extesorero de los populares de Madrid, junto a las de ‘JLM’, referidas presuntamente al empresario Javier López Madrid.

Según dichas anotaciones, ambos estaban ligados a la entrega de 2 millones de dinero, parte de los cuales supuestamente se embolsó el que fuera secretario general del PP de Madrid, mientras el resto nutrió una contabilidad paralela de la formación. Una interpretación que Beltrán Gutiérrez negó cuando fue llamado a declarar, primero, por la Guardia Civil y, más adelante, por el propio magistrado a comienzos del año pasado. Para entonces, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) ya habían registrado su despacho en la sede del partido así como su domicilio, donde se localizaron diversos equipos informáticos y dispositivos de memoria cuyo contenido es el que ha provocado las diligencias ordenadas por el magistrado las últimas semanas.

Entre ellas estaban, precisamente, su toma de declaración -que tuvo que ser retrasada el jueves hasta hoy por la imposibilidad de su abogado de asistirla a la misma-, la del que fue consejero de Transportes y presidente de la Asamblea de Madrid, Ignacio Echeverría, y la del empresario Arturo Fernández. La UCO también se personó en las sedes de varias consejerías y de la empresa pública del suelo Arpegio para requerir documentación sobre los contratos de las mismas con empresas de publicidad, ante la sospecha que parte del 1% de las adjudicaciones que se debía dedicar a publicitar las obras acababa supuestamente desviado a la caja B de la formación.