La caja b del PP de Madrid, la hidra de seis cabezas

La decisión del juez Eloy Velasco de requerir diversa documentación a la Comunidad de Madrid y tomar declaración como imputados dentro del caso Púnica a dos antiguos altos cargos del PP de Madrid de la etapa de Esperanza Aguirre y a varios empresarios ha sacado a la luz dos nuevas vías de financiación supuestamente irregular de los populares: Fundescam y el cobro de mordidas a través de contratos de publicidad por actos de inauguración de obras públicas. Son las dos últimas cabezas de una hidra, la de la supuesta caja b de la formación, que ya había mostrado durante los tres años de investigación otras cuatro de sus caras.

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La reputación on line. Es la partida de supuesta financiación irregular menos cuantiosa, apenas varios cientos de miles de euros, pero es la que más repercusión política ha generado. Políticos del PP de toda España desviaron supuestamente fondos públicos a las empresas del experto informático Alejandro de Pedro para que este promocionara su imagen política en Internet. Uno de ellos, Marcos Martínez Barazón, que fuera presidente de la Diputación de León, ya ha sido procesado por ello. Otros, como el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, y su compañero en el Ejecutivo, Lucía Figar, están imputadas, como también el que fuera consejero de Industria de Murcia, Juan Carlos Ruiz. En esta región, el presidente, Pedro Antonio Sánchez, y la hoy senadora Pilar Barreiro, están pendiente de que el juez Velasco decida si envía sendas exposiciones razonadas para que los investigue el Tribunal Superior y el Supremo. Además, la Guardia Civil mantiene abiertas pesquisas en otros municipios, como Castellón y Gandía (Valencia). En este último, un informe de la UCO señala al que fuera su alcalde, Arturo Torró, y al parlamentario regional Víctor Soler.

Los maletines. También ha salido a la luz uno de los métodos tradicionales de financiación ilegal: el pago en metálico de comisiones. Una agenda del exconsejero y ex número dos del PP madrileño Francisco Granados reveló que este entregó supuestamente al partido dos millones de euros procedentes del empresario Javier López Madrid, miembro del consejo de administración de la constructora OHL y yerno del anterior presidente de esta empresa Juan Miguel Villar Mir. Los investigadores -y el juez Velasco con ellos- consideran que existen otras empresas financiadoras. De hecho, en el auto dictado en noviembre de 2015 para poner en libertad bajo fianza a Ignacio Palacios, mano derecha de Granados y señalado como su supuesto testaferro, el magistrado ya apuntaba a la presunta entrega de dinero en efectivo por parte de mercantiles. En aquel escrito, se destacaba el papel “clave” de este colaborador del exdirigente popular “mediante la recepción de cantidades en metálico entregadas por empresarios”.

Fiestas e inauguraciones. Waiter Music SL acaparó durante años contratos municipales para organizar festejos en una veintena de localidades de Madrid gobernados por los populares. Todo ello, según la Guardia Civil, gracias a la estrecha relación entre su propietario, José Luis Huerta, y Granados. En un reciente informe de la UCO se destaca que el primero consiguió “entre los años 2006 y 2010 contratos con ayuntamientos gobernados por el PP por valor de 19.214.514,56 euros”.. A cambio, la Guardia Civil considera que Huerta obsequió con la organización de diversos “eventos de carácter personal” a Granados y a otros cargos públicos, pero también al propio PP, cuyo coste luego era cargado a las arcas públicas mediante el inflado de las facturas por la organización de fiestas patronales y conciertos. Solo en Valdemoro, la UCO estima que se desviaron cerca de 200.000 euros del erario para sufragar mítines y actos del PP.

Waiter Music también organizó los festejos que acompañaron la inauguración en 2007 de dos grandes obras de ampliación de la red del Metro de la Comunidad de Madrid. En este caso, fueron las constructoras que recibieron las adjudicaciones las que se encargaron de contratar a la empresa de la trama, pero el juez Velasco sospecha que lo hicieron por indicación expresa de Granados.

Encuestas políticas. La investigación sobre los supuestos amaños de contratos a favor de la sociedad Cofely, filial del gigante energético francés GDF Suez, ha revelado que en ocasiones la mordida no era en efectivo sino mediante la elaboración de encuestas electorales. Los beneficiarios eran alcaldes, en su mayoría del PP, aunque también los había de otros partidos, como el socialista de Parla (Madrid), José María Fraile. Las empresas que aspiraban a conseguir una adjudicación, encargaban a la consultora TNS, uno de cuyos directivos está imputado, un sondeo de intención de votos que se camuflaba como estudio socioeconómico. El partido se ahorraba así el coste del mismo. Los investigadores han encontrado indicios de que esta práctica se realizó entre 2005 y 2014. Las primeras estimaciones cifran en más de 400.000 euros el coste real de estos trabajos.

Fundescam. No es la primera vez que esta fundación del PP de Madrid aparece salpicada por la corrupción. Ya ocurrió en el caso Gürtel. Entonces, el juez Antonio Pedreira archivó las pesquisas al considerar que los posibles delitos cometidos a través de ella estaban prescritos. Ahora, su colega Velasco ha reactivado esta línea de investigación que convierte las donaciones de empresarios a esta fundación creada por el PP durante los años en que Esperanza Aguirre presidió la Comunidad de Madrid en una de las más prometedoras de las pesquisas. La misma surgió tras encontrarse durante los registros de la sede de los populares y en el domicilio del que fuera su tesorero, Beltrán Gutiérrez, documentación que relacionan las aportaciones realizadas por algunos empresarios con la posterior adjudicación de contratos públicos. Uno de ellos es el presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, quien logró contratos públicos para su empresa de restauración en organismos públicos. El pasado miércoles fue citado a declarar a la Audiencia Nacional.

Actos publicitarios. Las sospechas se centran en las sociedades Over Marketing, Traci Comunicación y Link América, todas ellas de empresario argentino Daniel Mercado. En concreto, en los contratos firmados con ellas por las consejerías de Sanidad y Transportes, la Dirección General de Justicia y la antigua empresa pública del suelo Arpegio, los órganos de la Comunidad de Madrid a los que ha acudido en los últimos días la UCO para reclamar facturas. Los investigadores han constatado que estas sociedades acapararon adjudicaciones para organizar primeras piedras y cortes de cinta en los que se invertía el 1% del presupuesto de la obra y de la que supuestamente se desviaba una parte para la supuesta caja B del PP madrileño.