La Fiscalía archiva la investigación a Juan Carlos I pese a constatar numerosas irregularidades fiscales

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha despejado este miércoles el horizonte judicial de Juan Carlos I en España, pero por el camino ha dejado constancia de que quien fuera jefe de Estado entre 1975 y 2014 cometió numerosas irregularidades, al menos fiscales, de las que no va a responder penalmente. El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha firmado dos decretos de archivo que constatan conductas que podrían haber dado lugar no solo a delitos fiscales, sino también de blanqueo de capitales y de cohecho, pero el ministerio público ha llegado a la conclusión de que algunas están prescritas o no son perseguibles porque se cometieron antes de 2014, cuando Juan Carlos I estaba blindado por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución otorga al jefe de Estado. Y los actos presuntamente delictivos que se pueden demostrar a partir de 2014 (donaciones de dinero no declaradas de inicio a la Hacienda española) han quedado sin reproche penal por la regularización fiscal presentada por el rey emérito y que la Fiscalía da por buena.

El abogado de Juan Carlos, Javier Sánchez-Junco, emitió un comunicado en el que destaca que los decretos concluyen que en ninguno de los casos investigados se puede imputar “ilícito alguno” al anterior jefe de Estado, que reside en Abu Dabi desde agosto de 2020. Sánchez-Junco viajará allí en los próximos días para estudiar con su cliente los escritos de la Fiscalía y será a partir de entonces, según el abogado, cuando el rey emérito decida si vuelve a España.

El archivo pone fin a casi dos años de investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la del Supremo. Las pesquisas se iniciaron en junio de 2020 para indagar si Juan Carlos I cobró una comisión por mediar para que las obras del AVE a La Meca fueran adjudicadas a un consorcio empresarial español. Meses más tarde, la Fiscalía abrió otras dos líneas de investigación: la donación de fondos al rey emérito por parte de un empresario mexicano, Allen Sanginés-Krause, que el exmonarca no declaró a Hacienda hasta diciembre de 2020; y la existencia de dinero oculto en un trust financiero domiciliado en el paraíso fiscal de las islas del Canal y abierto en 2004 por Joaquín Romero Maura, historiador y consejero de don Juan Carlos.

La primera investigación, la referida a las supuestas comisiones relacionadas con las obras del AVE a la Meca, se centraba en una transferencia de 64,8 millones de euros recibida en 2008 por la fundación panameña Lucum en una cuenta del banco Mirabaud de Ginebra. La Fiscalía considera que el entonces jefe de Estado era “el verdadero titular” de esta cuenta, pero la ocultó a Hacienda. Durante los años que se mantuvo abierta, entre 2008 y 2012, la cuota defraudada en cada ejercicio “supera con creces”, según el ministerio público, el tope de 120.000 euros que el artículo 305 del Código Penal establece como umbral del delito fiscal. Sin embargo, las irregularidades cometidas entre 2008 y 2011 estarían prescritas, y las de 2012, en cualquier caso, se cometieron cuando Juan Carlos I era inviolable, por lo que el ministerio público considera que no puede perseguir estas actuaciones, según la interpretación sobre el alcance de la inviolabilidad que vienen haciendo tanto la Fiscalía del Supremo como la Sala de lo Penal del alto tribunal.

El fiscal Luzón advierte también de que la investigación no ha podido establecer, “siquiera de modo indiciario”, ninguna vinculación entre el ingreso de 64.884.405 euros en la cuenta de la fundación Lucum en 2008 y la adjudicación de las obras del llamado AVE del desierto. Se trataría, pues, según el ministerio público, de un “regalo” que Juan Carlos I pudo recibir “en consideración” a la condición de jefe de Estado que entonces tenía. En ese supuesto, advierte el ministerio público, el ahora rey emérito podría haber cometido un delito de cohecho (artículo 422 del Código Penal), pero la actuación de la Fiscalía vuelve a chocar en ese punto con la frontera de la prescripción.

El decreto de archivo cita también un posible delito de blanqueo por operaciones llevadas a cabo entre los años 2008 y 2012 “por orden” del entonces monarca tras recibirse los 64,8 millones en la cuenta de Lucum, partiendo de que la aceptación de esa cantidad por parte de Juan Carlos I pudo ser delictiva. Pero esta hipótesis tampoco tiene recorrido penal, según la Fiscalía, porque los movimientos que habrían podido implicar un delito de blanqueo cesaron en 2012, cuando el ahora rey emérito todavía ocupaba el trono y, por tanto, era inviolable.

Así como el ministerio público no ha podido vincular el ingreso de casi 65 millones de euros en la cuenta de Lucum con una supuesta comisión ilegal recibida por don Juan Carlos, la Fiscalía sí tiene pruebas de que el rey emérito recibió dinero por parte del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y regalos (para él y algunos “familiares o allegados”) en forma de viajes y alojamientos por parte de la fundación Zagatka (constituida por su primo Álvaro de Orleans). El ministerio público los considera donaciones y ha comprobado que el anterior jefe de Estado las ocultó en su momento a Hacienda, pero los investigadores han dado por buenas las regularizaciones fiscales presentadas en diciembre de 2020 y febrero de 2021 por el abogado del exmonarca, lo que le exime de un posible delito fiscal.

El importe total recibido del empresario mexicano asciende a 516.606,32 euros. Los investigadores no han podido determinar la cuantía recibida por Juan Carlos I de Zagatka desde la fecha de su abdicación (19 de junio de 2014), pero sí ha constatado que la fundación abonó “cuantiosos gastos” para sufragar vuelos en aviones privados y alojamientos para el rey emérito. También se beneficiaron algunos familiares, aunque la Fiscalía no los identifica en su escrito.

Armas no declaradas

El ministerio público pone el foco en un cargo del 29 de junio de 2018 por la adquisición y pago de tres armas de fuego que figuran en la cuenta de Zagatka en la entidad Lombard Odier. El precio unitario de cada arma fue de 27.999 euros, más el 21% de IVA, lo que arroja un total de 101.636,37 euros, según la factura de la operación. La Fiscalía ha podido comprobar que el armero emitió la factura a nombre de Álvaro de Orleans y que este regaló las armas a Juan Carlos de Borbón, que tenía que haberlo declarado en el impuesto de donaciones. No lo ha hecho, pero el importe que ha dejado de declarar, 30.411,14 euros, es muy inferior a los 120.000 euros implican la existencia de delito fiscal.

Pese a que las regularizaciones han impedido al ministerio público actuar contra el rey emérito por el dinero no declarado, la Fiscalía deja constancia en su escrito de que ha sido precisamente la actuación de los investigadores la que ha permitido recuperar 5.095.148 euros para las arcas públicas. Esta cuantía corresponde a las cuotas que Juan Carlos I no abonó en su momento y ha regularizado ahora (con intereses incluidos) para evitar ser perseguido por delito fiscal.

Sobre la última de las investigaciones abiertas, centrada en dinero supuestamente oculto en el paraíso fiscal de las islas del Canal, el ministerio público ha constatado la existencia de un trust, JRM 2004, constituido por Joaquín Romero Maura, consejero de don Juan Carlos, con unos fondos iniciales de 14.923.604 euros. Los investigadores sostienen que este dinero, a su vez, provenía de la liquidación de otros dos trusts creados en Jersey por Manuel Jaime de Prado y Colón de Carvajal y la Fiscalía da por hecho que el objetivo de ambos era apoyar al entonces Rey en el caso de que fuera depuesto por “un golpe de estado inconstitucional o una situación similar”. Juan Carlos I era, asegura la Fiscalía, su “único beneficiario”.

Pero, según el relato del propio Romero Maura recogido por la Fiscalía, en diciembre de 2003 el entonces Rey le explicó que el propósito inicial de los trusts era ya “innecesario” y que, por el contrario, si su existencia saltaba a la opinión pública española podría resultar “embarazoso para la monarquía”, por lo que decidió cerrarlos. Desde entonces, según el ministerio público, ni Juan Carlos I ni nadie de su entorno se han beneficiado de estos fondos.

Una vez cerradas las tres diligencias abiertas en España, y después de que en diciembre pasado la justicia suiza archivara la investigación que se había iniciado en ese país en 2018 por el presunto cobro de comisiones en las obras del AVE a La Meca, el rey emérito solo tiene ya pendiente de resolución el procedimiento civil abierto en el Reino Unido después de que Corinna Larsen le demandara por el supuesto acoso que asegura que sufrió desde el año 2012 por parte de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que, según su denuncia, actuaban por orden del monarca. El tribunal tiene que decidir si el rey emérito español preserva su inmunidad para no ser juzgado.