El fiscal suizo que investiga la cuenta del rey emérito pide las ofertas de la obra del AVE a La Meca

Yves Bertossa, el fiscal jefe del cantón de Ginebra, ha solicitado a la justicia española que le entregue las ofertas presentadas por el consorcio de 12 empresas —capitaneadas por Renfe, Talgo, Adif y OHL— que obtuvo el contrato del AVE de Medina a La Meca, en Arabia Saudí. La Fiscalía suiza investiga la donación de 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) recibida en 2008 por Juan Carlos I por parte del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí y el supuesto pago de comisiones por esta gigantesca obra en el desierto que costó miles de millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción española acaba de remitir al Tribunal Supremo las diligencias abiertas sobre un presunto delito de corrupción en transacciones internacionales en la ejecución de esta obra debido a la condición de aforado del rey emérito. Un consorcio de 12 empresas españolas lideradas por Renfe, Talgo, Adif y la constructora OHL obtuvieron en octubre de 2011 un contrato de 6.736 millones para desarrollar una de las fases del macroproyecto Haramein High Speed Railway, tras vencer a sus competidores franceses. Haramein es el nombre con el que se denomina a las dos ciudades sagradas del islam.

Los ajustes adicionales de la obra reconocidos por los adjudicatarios han elevado el coste a más 7.100 millones. El Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina declinó responder a este periódico si rebajó el 30% su oferta final, tal y como esgrime el fiscal suizo en una rogatoria enviada a España a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Bertossa investiga desde 2018 por un presunto delito de blanqueo agravado de capitales a Corinna Larsen, antigua amiga del rey emérito, Arturo Fasana, gestor de la cuenta de la fundación panameña Lucum que recibió los 64,8 millones en una cuenta en Suiza, y al abogado Dante Canónica. Los tres han prestado declaración como investigados en Ginebra en al menos tres ocasiones, la última el pasado marzo.

El fiscal ginebrino los señala en sus pesquisas por “haber organizado la llegada de 64,8 millones en la cuenta de la fundación Lucum abierta en el banco Mirabaud, importe transferido por el rey de Arabia Saudí en favor de Juan Carlos I, y la transferencia posterior de ese mismo importe al banco Gonet and Cie de Bahamas sobre la cuenta de Corinna Larsen”. Los tres niegan el pago de comisión alguna y aseguran que se trató de un “simple regalo” del rey Abdala Abdelazziz, fallecido en 2015.

El fiscal añade en su escrito, remitido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que “desde 2006 Arabia Saudí había lanzado ofertas para la construcción de un ferrocarril desde Medina a La Meca y las empresas españolas que contestaron a esta oferta y ganaron el concurso habían otorgado una rebaja del 30% a Arabia Saudí para ganar este concurso de varios miles de millones de dólares”.

En septiembre de 2009, Saudí Railways Organization publicó los pliegos de licitación e invitó al consorcio ganador a presentar su oferta. Lo hicieron también cuatro consorcios más: Al Rajhi Alliance (Alstom y SNCF), Saudí Binladin Group (DB y Siemens), el consorcio coreano-japonés Badr Consortium y el chino CSR (China State Railway). La fecha de la publicación de los pliegos no coincide con la que esgrime Anticorrupción en la comisión rogatoria enviada a Suiza. Los fiscales españoles la sitúan en septiembre de 2008 y destacan la coincidencia en el tiempo con el ingreso de los 100 millones de dólares que recibió Juan Carlos I en agosto de ese mismo año.

Dos consorcios tomaron la delantera, el franco-saudí y el hispano-saudí. Saudí Railways Organization pidió información adicional sobre la oferta que presentaron los dos finalistas en septiembre de 2010 y agosto de 2011. Finalmente, la adjudicación del proyecto tuvo lugar el 26 de octubre de 2011. Dos días después se constituyó en España el Consorcio Español de Alta Velocidad Meca Medina. La obra se inició en 2012, fecha de entrada en vigor del contrato.

La comisión y la fecha del concurso

La defensa de Corinna Larsen esgrime que la fecha de ingreso de los 64,8 millones en la cuenta del rey emérito, el 8 de agosto de 2008, es anterior a que se hicieran públicos los pliegos de licitación de la obra. En un escrito de sus abogados, dirigido a Bertossa y fechado en noviembre de 2019, añade que “no entienden como podría haberse pagado esta remuneración antes de la convocatoria de licitación, antes de las licitaciones y antes de que se identificaran los dos consorcios preferidos”.