Esperanza Aguirre, la política que “nunca” conoció nada

Cuando Esperanza Aguirre salió de declarar ante el juez por el caso Púnica el 18 de octubre de 2019, dirigió a la prensa una frase contundente: “Nunca he hecho, ni he consentido, ni he conocido, ni he dejado de ejercer la diligencia necesaria para evitar ningún hecho que fuera una irregularidad”. La expresidenta madrileña explicitó así la gran línea de defensa que esgrime desde que los escándalos comenzaran a cercar a los miembros de su Gobierno. Ella, según repite, nunca supo de las presuntas ilegalidades que cometieron sus hombres de confianza. Pero, a día de hoy, más de dos años después de aquel episodio, sigue imputada y a la espera de que la Fiscalía decida si pide procesarla por la corrupción detectada en los tres organismos que encabezaba: el Ejecutivo autonómico, el PP regional y Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid).

La grabación de la charla mantenida en septiembre de 2014 por Esperanza Aguirre y el comisario José Manuel Villarejo, publicada este lunes por EL PAÍS, revela que la política manejó información de presuntas irregularidades en el seno de su Gobierno y de su partido, pese a lo que ha repetido en público. En el momento de la conversación, la popular ya no era presidenta autonómica —cargo que cedió en 2012 a Ignacio González, que luego sería detenido en 2017—, pero todavía seguía al frente del PP de Madrid e iba a postularse como candidata a la alcaldía de la capital.

En la grabación, Aguirre señala a dos de sus exconsejeros: a Francisco Granados, también ex secretario general del partido; y a Alfredo Prada. “El Prada era un choricete…”, le dice el comisario Villarejo a la expresidenta regional. “¡Total! Ese sí que lo era, ese sí que adjudicó la Ciudad de la Justicia... [...] Y ahí sigue, cobrando sobresueldos en el PP [...] Ese sí. Por eso lo eché. Granados también, por eso lo eché”, le responde ella. Cuando se produce la conversación, Granados ―que abandonó el Gobierno regional en 2011― aún no había sido arrestado, pero ya había trascendido que tenía una cuenta en Suiza. Sin embargo, Prada ―que había dejado la Comunidad de Madrid bastante antes, en 2008― se encontraba muy lejos de los focos: no sería imputado hasta 2019 por supuestas irregularidades en la adjudicación del Campus de la Justicia, por las que la Fiscalía le pide ahora ocho años de cárcel. Villarejo también le habla a Aguirre de los supuestos negocios turbios de Ignacio González, pero en este caso ella sale en defensa de su sucesor al frente del Gobierno madrileño.

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La conversación de Aguirre y Villarejo

Pese a todo ello, Aguirre mantuvo durante años un discurso público diferente. El 12 de febrero de 2016, cuando acudió a una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, defendió a todos sus exconsejeros y solo se desmarcó de dos: Granados (entonces ya en prisión) y Alberto López Viejo (encausado por la trama Gürtel). Lo hizo pronunciando una de sus famosas afirmaciones: “Solo dos de los más de 500 altos cargos que he nombrado a lo largo de mi vida política me han salido rana”. Sin embargo, en octubre de 2019, sentada en la Audiencia Nacional ante el juez instructor del caso Púnica, aseguró que simplemente había prescindido de Granados como consejero por una “razón política”: “Había perdido la confianza [por filtrar una noticia]”, alegó. No dijo ni palabra de las sospechas de corrupción que había admitido años antes en la conversación con Villarejo.

“Indicios racionales” contra Aguirre

La Pieza 9 del caso Púnica, en la que está imputada Aguirre desde septiembre de 2019, se centra en la presunta financiación irregular del PP autonómico. La Fiscalía y el juez Manuel García-Castellón han situado a la expresidenta en la cúspide de la trama: según han plasmado en varios escritos, existen “indicios racionales” de que la dirigente popular “supervisó” la caja b de los populares madrileños e “ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba”, dirigidas “fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad”.

Pero esos indicios suficientes para la imputación pueden no serlo para el procesamiento. El ministerio público trabaja desde finales del pasado año en el informe final de esta investigación, que deberá mandar al juez y donde debe especificar si pide dar ese paso más contra la expresidenta y propone enviarla al banquillo. Una opción que, según fuentes jurídicas, va a ser difícil, ya que ninguno de sus subordinados la señaló durante la instrucción con indicios lo suficientemente sólidos como para juzgarla.