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La Audiencia Nacional imputa al dirigente del PP elegido por Casado para combatir la corrupción

De la Mata cita como investigado a Alfredo Prada, exconsejero de Aguirre, por el Campus de la Justicia

Alfredo Prada, a la derecha, a su llegada al juicio por la trama de los espías del PP, el pasado febrero.
Alfredo Prada, a la derecha, a su llegada al juicio por la trama de los espías del PP, el pasado febrero.

La Audiencia Nacional ha imputado este martes a Alfredo Prada, consejero de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre, por las presuntas irregularidades en la construcción del Campus de la Justicia. A través de un auto fechado este mismo 19 de marzo, el juez instructor José de la Mata ha citado al dirigente del PP el próximo 27 de marzo a las 10 de la mañana. "Debe ser interrogado como responsable del desarrollo económico y contractual de la sociedad", explica el magistrado en su escrito, donde recuerda que Prada ocupó entre 2005 y 2008 el cargo de presidente y consejero delegado de la empresa creada para desarrollar el proyecto. Pablo Casado lo colocó el pasado julio al frente de la oficina del PP creada para combatir la corrupción en el partido.

De la Mata ha aceptado la petición de la Fiscalía y pone nombre a los primeros investigados por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Porque, además de citar a Prada, uno de los primeros padrinos políticos de Casado, el magistrado también llama a declarar como imputados a otros tres ex altos cargos del Campus de la Justicia: Isabelino Baños, ex director general técnico; José Sanz Piñar, subdirector técnico; y Alicio de las Heras, director del área financiera. Todos ellos ocuparon puestos clave en una empresa creada supuestamente para levantar la Ciudad de la Justicia de Madrid, pero que dejó un agujero patrimonial superior a los 105 millones de euros en la Comunidad.

Tras pasar una década en el Senado, Prada saltó al Gobierno regional de la mano de Aguirre, que le situó en cargos de relevancia. Fue vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior. Pero todo cambió en 2008, cuando manifestó públicamente su apoyo a Mariano Rajoy para el congreso nacional del PP. Aguirre lo destituyó y Prada dejó la primera línea. En 2011 volvió a las Cortes, como diputado en el Congreso, en el que permaneció hasta enero de 2016. Casado lo recuperó el pasado verano tras ganar las primarias y lo colocó en la ejecutiva de la formación, al frente de la Oficina del Cargo Popular, encargada de evitar la corrupción dentro de las filas populares.

Pero no había transcurrido un año después de esa decisión cuando acaba de citarlo como investigado la Audiencia Nacional. Y De la Mata lo ha hecho tras dictar un detallado auto de 20 páginas en el que enumera una larga lista de presuntas irregularidades. El instructor señala, por ejemplo, que el Campus de la Justicia no seguía ningún criterio de racionalidad económico y organizativo, además de presentar un "claro desequilibrio" al contar con un "potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal administrativo sumamente débil". Es más, añade el juez, "todos los puestos de trabajo de la sociedad se cubrieron por personas de confianza de los gestores políticos del proyecto y, en algunos casos, vinculados a intereses privados".

La construcción, que se puso en marcha en 2005 y se prolongó hasta 2015, tenía como supuesto objetivo llevar todas las sedes judiciales dependientes de la Comunidad de Madrid a unas parcelas al norte de la capital de España. Pero fue un fracaso y solo se levantó uno de los 12 edificios previstos: el que iba a albergar el Instituto de Medicina Legal, que ni siquiera se encuentra actualmente en funcionamiento.

Un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de marzo de 2018, que recuerda también De La Mata, ya apuntó que la empresa no estableció en materia de contratación "un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, el de los principios que deben presidir la contratación del sector público".

Un máster y una visa, bajo sospecha

El juez De la Mata incluye otra serie de gastos bajo sospecha en su auto. Entre ellos, señala las "muchas retiradas" de efectivo que se hicieron de la "caja de los bancos" en 2006, que superaron los 10.000 euros en apenas un mes: se sacaron 5.354,95 y 2.138,76 euros el 20 de junio; 1.787,3 el 12 de julio; y 1.316,38 el 24 de julio. El magistrado también recuerda que el informe de la Cámara de Cuentas señalaba que se usaba una tarjeta de crédito Visa Platinum vinculada a la cuenta de la Ciudad de la Justicia, con la que se desembolsó 15.647,20 euros y de la que "falta información y documentación básica de cobertura de los movimientos". A su vez, la sociedad creada pagó 38.050 euros a la Fundación Instituto de Empresa para que uno de sus altos cargos cursara un máster executive MBA.

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