La Audiencia Nacional investiga el desfalco en la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto una investigación sobre el supuesto desfalco económico en la Ciudad de la Justicia de Madrid, un proyecto que pretendía llevar todas las sedes judiciales dependientes de la Comunidad de Madrid a unas parcelas al norte de la capital de España, y que creó un agujero patrimonial superior a los 105 millones de euros. El proyecto, puesto en marcha entre 2005 y 2015, años en los que el Gobierno regional estuvo mayoritariamente en manos de Esperanza Aguirre y luego por Ignacio González, fue un fracaso y solo se llegó a culminar un edificio de los 12 previstos: el que iba a albergar el Instituto de Medicina Legal. El inmueble no se encuentra en funcionamiento.

Según ha adelantado la cadena SER y han confirmado fuentes jurídicas, De la Mata ha admitido una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que deriva a su vez de un informe de la Cámara de Cuentas autonómica sobre la gestión de la empresa pública Campus de la Justicia de Madrid, S.A., durante los ejercicios 2005-2015, y de una denuncia previa, de marzo pasado, de la Comisión de Investigación sobre Corrupción de la Asamblea de Madrid, en la que están representados el PSOE, Ciudadanos y Podemos. Por el momento, no hay personas imputadas en esta causa.

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En este informe se ponen de manifiesto adjudicaciones de obras al margen de los criterios establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público y el abono de unos 90 millones de euros por la urbanización y construcciones de edificios, así como irregularidades contables y de contratación de personal. Entre los delitos investigados se citan prevaricación y malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, delito societario y otros tipos penales conexos.

El juez De la Mata admitió el pasado 3 de agosto la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en la que se concluye que la sociedad Campus de la Justicia no estableció un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de la ley de contratos públicos y los principios de transparencia.

El importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización realizados por la Cámara de Cuentas asciende a 355,5 millones de euros. De todo el proyecto realizado solo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, aunque inacabadas y en situación de abandono. La sociedad pública, liquidada en 2014, dejó un patrimonio neto de 25,08 millones de euros, del total de 130 millones que le inyectó la Comunidad de Madrid para el proyecto.

Algunos de los contratos de la Ciudad de la Justicia ya se investigan en la Operación Púnica. Parte de la documentación de este proyecto desapareció de los archivos de la Comunidad de Madrid.En julio de 2017, la Comunidad reconoció al juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, que la documentación sobre adjudicaciones de contratos no está custodiada.

El informe ponía de manifiesto, entre otros elementos, la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad Campus de la Justicia, la falta de rendición de cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios, deficiencias en la incorporación remitida respecto de las inversiones financieras, de tesorería, del inmovilizado, según ha informado la Audiencia Nacional en un comunicado. El informe describe defectos relevantes de tramitación en los contratos. Campus de la Justicia supuestamente realizó compras ajenas al objeto social y sin los documentos que justificaran tales pagos.

Entre las operaciones y procesos de contratación objeto de investigación se encuentran la gestión integrada del Proyecto y la Construcción de la Urbanización y la Edificación de la Fase 1 del Campus de la Justicia de Madrid (2007), la Aplicación de las nuevas tecnologías en el Proyecto Campus de la Justicia de Madrid (2007), la consultoría y asistencia técnica para la implantación de un sistema integral de Seguridad en el Campus de la Justicia o la creación de la marca representativa y la estrategia de comunicación.

También se investigan la asesoría técnica para la elaboración de la estrategia de gestión del cambio del Campus de la Justicia, el alquiler de la lona publicitaria para la fachada de Goya 66, la cobertura fotográfica del Campus de la Justicia, el mantenimiento de la sede social y servicios de vigilancia y seguridad de la sede social del Campus, en la calle Miguel Ángel, la edición y distribución del libro Foster+Partners, el servicio de asesoramiento jurídico a CJM o el patrocinio y promoción del Campus de la Justicia (2008), entre otros.

El juez ha comenzado a practicar las primeras diligencias para la averiguación de los hechos.