La Fiscalía ve posible malversación y prevaricación en la Ciudad de la Justicia

La Fiscalía General del Estado ha remitido hoy a la Fiscalía Especial Anticorrupción la denuncia que presentó ayer el consejero de Presidencia Ángel Garrido sobre las supuestas irregularidades que se habrían cometido en la gestión de la fallida Ciudad de la Justicia, "a fin de que inicie una investigación penal de los hechos". La Comunidad de Madrid puso ayer en manos de la Fiscalía del Estado el informe elaborado por la Cámara de Cuentas en el que se refleja una caótica gestión del macrocomplejo, que se comenzó a edificar en época de Esperanza Aguirre para reunir en un solo lugar todos los edificios judiciales. Los auditores públicos han investigado los ejercicios 2005-2015.

El Ministerio Público informa en un comunicado que en el citado informe se ponen de manifiesto diversos hechos, que "podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos". Entre las irregularidades destacan las adjudicaciones de contratos al margen de los criterios establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público, además del abono de unos 90 millones de euros por la urbanización y construcciones de edificios, de los cuales, "solo hay uno concluido que, no obstante, no puede ser utilizado", indica la Fiscalía. También se refiere a "diversas irregularidades contables y en materia de contratación de personal".

Los diputados de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) presentaron el pasado 21 de marzo a la Fiscalía Anticorrupción un informe con las "irregularidades" que habían descubierto sobre el Campus de la Justicia en el marco de la investigación llevada a cabo por la comisión de investigación de la deuda. Ese mismo día se conocieron las primeras informaciones sobre el polémico máster de Cristina Cifuentes. Los parlamentarios manifestaron ayer su sorpresa por la decisión del PP de presentar ayer ante la Fiscalía el informe de la Cámara de Cuentas y encuadraron la acción como una cortina de humo para desviar la atención del caso Cifuentes o en una lucha entre diferentes familias políticas populares.

Garrido rechazó esta acusación y aseguró que el Gobierno actúa "cuando corresponde". "Podría haber sido ayer, hoy o dentro de cinco días", añadió. El pasado 3 de abril el gobierno regional elevó a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid el documento de los auditores, y, una vez examinado, determinó que pudiera haber "ilícitos penales", explicó el portavoz del Gobierno.