El Campus de la Justicia gastó 5,5 millones en publicidad sin contrato

El Campus de la Justicia — el fracasado macroproyecto que iba a agrupar todas las sedes judiciales madrileñas en Valdebebas— gastó entre 2005 y 2015 un total de 6,44 millones en publicidad. Según la Cámara de Cuentas, de esa cantidad casi un millón se pagó con sus correspondientes expedientes de adjudicación, mientras que otros 5,5 millones carecen de cualquier justificante o contrato. Los auditores confirmaron que hubo, además, dos destrucciones de documentación, en una de ellas se hizo desaparecer 131 cajas, así como 10 palets de folletos.

De todos estos pagos apenas hay información porque “el archivo-físico en donde se contenía la documentación económico-financiera solo puede calificarse de verdadero caos”, indican los auditores.

La Ciudad de la Justicia iba a agrupar, en concreto, los juzgados de lo Civil, de lo Penal, la Fiscalía, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo, los de guardia, el Registro Civil, los de Menores, el Instituto de Medicina Legal, el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial, los juzgados de lo Social y Mercantil, además del Decanato. De todo eso, tras diez años funcionando como sociedad (tenía 22 altos cargos, una secretaria y un único administrativo), solo se construyó el Instituto de Medicina Legal, si bien nunca se puso en marcha al quebrar la sociedad con pérdidas superiores a los 90 millones.

El importe de la licencia de obras del único edificio levantado fue ingresado  en la cuenta de una trabajadora

Sin embargo, sus directivos desplegaron enormes campañas de publicidad que costaron 6,44 millones. Pero los auditores, aparte de las cifras, no han encontrado por ninguna parte los soportes documentales que demostrarían cómo y a quién se les adjudicó los contratos. En total, “sin soporte contractual”, mencionan 34 empresas, que recibieron en esos años una horquilla que va de los casi 2 millones a los 20.000 euros.

Y se quejan de que, “a pesar del elevado importe de las operaciones, no consta en los archivos que se haya celebrado ningún acuerdo marco y, en varias de las operaciones, ni siquiera consta que se hayan pedido varias ofertas. Además de la factura, el soporte documental solo sería un impreso que, bajo el título de contrato de publicidad, más parece una simple oferta aceptada”.

Una empresa de publicidad recibió más de dos millones de euros en contratos

El Campus también gastó 48.268,23 y 85.595,00 euros respectivamente para colocar 550 anuncios en los autobuses de Madrid. Pero como en los casos anteriores no hay contratos, solo facturas por lo que “no se puede saber qué se publicitaba”.

Los auditores descubrieron que numerosas facturas se hallaban en un guardamuebles, pero no saben en cuál y “sobre qué era el material que se guardaba”. Detallan también, por lo menos, dos destrucciones de documentos: una en septiembre de 2012 y otra posterior “de diez palets de cajas de folletos de imágenes de la Justicia y Foster Partners [uno de los arquitectos que iba a levantar uno de los edificios], y otras 131 cajas con documentación de ofertas presentadas a diversos concursos”. Por eso, sacan como conclusión que hubo “un gasto grande en publicidad por impresión de folletos y parece que gran parte terminó destruyéndose”.

A la Cámara de Cuentas le llama mucho la atención el ingreso de la licencia para levantar el único edificio que se construyó (el tanatorio forense). Pero en vez de que esa cantidad terminase en las arcas de la sociedad pública fue ingresada “en la cuenta personal de una empleada del campus”. Fue la propia trabajadora la que avisó de que su cuenta bancaria había recibido la inesperada cantidad. Los fiscalizadores descubrieron estos hechos porque hallaron una nota manuscrita de la empleada donde relataba el error y devolvía el dinero.

Los auditores descubren que numerosa documentación se halla en un guardamuebles no localizado

Intentar hallar documentos oficiales de todo lo que pudo ocurrir en diez años fue una labor sumamente complicada. Los auditores, de hecho, se quejan porque los archivos no coinciden con lo que indican sus etiquetas: “El contenido de algunos expedientes no se correspondía con la denominación de su carpeta; algunos otros no tenían la documentación; proliferaban fotocopias sin que se explicara dónde estaban los originales, faltaban numerosas facturas... Y estas circunstancias, como es obvio, dificultaron y limitaron gravemente las tareas fiscalizadoras”, concluyen.