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Una ‘visa’ del Campus de la Justicia gastó 15.600 euros solo en tres meses

La sociedad pública abonó 50.000 euros a un artista que nunca entregó la escultura porque no había donde ponerla

El exconsejero de Justicia Alfredo Prada, en la Asamblea de Madrid en 2009.
El exconsejero de Justicia Alfredo Prada, en la Asamblea de Madrid en 2009.

Una tarjeta Visa Platinum de la que disponía un directivo sin identificar del Campus de la Justicia  apenas ha dejado rastro: el banco no encuentra los justificantes de gasto entre 2005 y 2008. De hecho, los auditores de la Cámara de Cuentas que han fiscalizado este organismo público encargado de desarrollar un gran proyecto judicial en el barrio de Valdebebas solo han hallado los devengos realizados en tres meses: febrero, abril y junio de 2006. La tarjeta, durante este tiempo, en el que Alfredo Prada fue consejero de Justicia y máximo responsable del campus, realizó pagos por valor de 15.647 euros en concepto de alquiler de coches, hoteles, caros restaurantes y gastos menores “al menudeo”. Es decir, la tarjeta gastaba más de 170 euros al día de media, incluyendo sábados y domingos. Y así, en teoría, durante más de tres años consecutivos.

El informe de la Cámara de Cuentas sobre el Campus de la Justicia -que en uno de sus apartados ya destapó que había 22 ejecutivos y solo un administrativo, tal y como adelantó EL PAÍS- dedica un capítulo a los “gastos de explotación” de esta sociedad pública, creada durante la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad, y que dejó a su cierre pérdidas cercanas a los 90 millones. Y lo desgrana año por año. En lo referido a 2005, señala que “más de la mitad del importe de las operaciones contabilizadas, 859.574 euros”, se dedicaron a premios del Concurso Internacional de Proyectos para el Campus de la Justicia, además de otros 145.000 para el Colegio de Arquitectos por gestionar el concurso y 30.000 más para un libro sobre el tema.

En abril de 2006, se abonaron más de 9.300 euros en coches de alquiler

De otros 524.238 euros pagados no se ha hallado contrato alguno, lo que supone el 36,06% de lo abonado ese año. De ese dinero, 252.922 euros fueron destinados a supuestos “gastos de publicidad”, pero tampoco se encontró documentación “sobre qué es lo que se publicitaba”. Y destacan un hecho curioso: se pagaron 38.833 euros a una empresa de publicidad para que insertase anuncios en periódicos. Las tres facturas que se le abonaron demuestran que se pusieron supuestamente tres anuncios iguales el mismo día (1 de julio de 2006) en tres periódicos distintos. Los auditores no han descubierto los anuncios triplicados en cada edición por ningún sitio.

De un vídeo que costó 52.867 euros no hay rastro de su contrato, incluida su versión inglesa, que costó otros 4.198 euros. Pasa algo parecido con los justificantes de una Visa que abonó 9.452 euros en “combustible, aparcamiento y lavado de coche”, incluida una comida “para ocho comensales” por valor de 627 euros.

A una fundación se le traspasaron 200.000 euros de una de las cuentas bancarias de la sociedad para que organizase la exposición La Justicia en el Arte, con el único argumento de que así lo exigía el presidente del campus. “Dicha solicitud de transferencia no es justificación suficiente para el gasto ni para el pago, ya que no tiene sello bancario, ni más datos que el importe y el concepto”.

Ocho personas sin identificar gastaron 627 euros en una comida

Entre los cientos de desembolsos sin comprobantes, los auditores creen que “mención especial merece una Visa Platinum” en la “que se detectaron importantes irregularidades que pueden resumirse en una falta absoluta de justificación”. Ante esta situación, la Cámara de Cuentas se puso en contacto con el banco que había expedido la exclusiva tarjeta para reclamar todos sus movimientos entre 2005 y 2015. La entidad respondió, en 2017, que la Visa había sido dada de baja en 2008 y que solo podría facilitar los datos de diez años atrás, tal y como marca la ley; es decir, desde 2007. Los apuntes de años anteriores se habían destruido: aunque habían rastreado algunos abonos de 2006. Es decir, que de toda la vida de la tarjeta quedaban pruebas de 10 meses, pero no de los 25 anteriores. Así detallan, por ejemplo, que en abril de 2006, la tarjeta pagó, en concepto de viajes y alquiler de coches, 9.333 euros; otros 327 en restaurantes en febrero y 917 euros más en julio. En total, 15.647 euros en solo tres meses sin “los documentos formales de autorización, comisión de servicios y liquidación”, a lo que “se une la falta de identificación de los viajeros o comensales en los supuestos desembolsos en materia de restauración”.

De los años siguientes (hasta 2015), los auditores detallan una retahíla de decenas de gastos sin justificación, facturas o contratos. De entre ellos, EL PAÍS destaca tres. Uno por valor de 44.850 para la organización de las Primeras Jornadas sobre justicia en el periodismo local. Los expertos consideran que “no parece que la actividad tenga acomodo en el objeto social del campus [construir una ciudad judicial]”.

La empresa gastó 40.000 euros en unas jornadas sobre el periodismo local y la Justicia

Los gestores de la Ciudad de la Justicia organizaron en 2007 un concurso escultórico dotado con 50.000 euros. Ganó un artista que residía en Londres, al que se le pagó, pero nunca llevó a cabo el trabajo porque no había lugar dónde colocar la escultura porque el campus estaba en obras. Así que le enviaron una carta anunciándole que le avisarían con tres meses de antelación, cuando estuviese todo urbanizado, algo que nunca ocurrió. Por ello, los fiscalizadores afirman lacónicamente. “En la práctica Campus abonó 50.000 euros sin que la escultura haya sido realizada”.

La sociedad sufrió un robo de ordenadores y móviles (cada empleado tenía uno de empresa), que nunca fueron encontrados. Los auditores se centran, quizás por ello, en uno de estos ordenadores: “un MacBook Air 13,3, con funda de neopreno gris”, que costó 1,441 euros. Podría ser uno de los sustraídos, porque no aparece en el inventario de la sociedad, por lo que los auditores añadieron con cierta sorna en su informe: “Inventario que, por otra parte, no ha aparecido”.

 

Contabilidad sin fechas ni números correlativos

Los auditores públicos detectaron pronto que en las cuentas de 2008 había “una dualidad de archivos” contables, lo que supone una “grave irregularidad”. “Es necesario poner de manifiesto que los informáticos de la Cámara de Cuentas”, que intentaban desentrañar el embrollo documental del campus, “dada la absoluta falta de organización y sistematización de la información obrante en los archivos de la Consejería de Justicia” se toparon con dos archivos diferentes de las cuentas de ese año.

“Realizado el oportuno análisis, se observó que uno de ellos reflejaba operaciones individualizadas con fechas hasta el 15 de octubre de 2008, por lo que no estaba completo”. El otro, en cambio, si reflejaba los asientos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, pero globalizados por meses. Este último fue el que los auditores utilizaron para desentrañar las cuentas. “En todo caso, hay que señalar que no se ha aportado ninguna explicación del porqué se reelaboró la contabilidad del 2008 agrupando operaciones que, en un inicio, se habían contabilizado correctamente de una en una”.

Y concluyen: “Resulta destacable que en varios de los ejercicios los asientos de las cuentas analizadas no eran correlativos ni en número ni en fecha, lo que evidentemente supone una grave disfunción”.

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