El Campus de la Justicia tenía el doble de directivos que de trabajadores

El proyecto de informe de la Cámara de Cuentas sobre la denominada Ciudad de la Justicia (el fracasado macrocomplejo donde la expresidenta Esperanza Aguirre quería reunir todas las sedes judiciales de Madrid en el barrio de Valdebebas) es demoledor. Describe un panorama financiero y de personal en completo desorden e irregular. Destaca unas pérdidas superiores a los 80 millones de euros y un plantel laboral lleno de directivos y escaso personal, con una retribución media de 5.000 euros mensuales: había el doble de directivos que de auxiliares administrativos, por ejemplo. Destaca, igualmente, la falta documentación contable y que la hallada carecía de cualquier “criterio de racionalidad económico-organizativo”.

En casi 250 folios, los auditores públicos comienzan destacando que su análisis no es completo por la “ausencia de una buena parte de la documentación justificativa” . No obstante, sí determinan que las cuentas de la Ciudad de la Justicia presentan “un claro desequilibrio” a causa de “un potente ámbito personal directivo y de una infraestructura de personal administrativo sumamente débil”, que se va incrementando conforme la sociedad entra en “declive”. “Este incremento exponencial de cargos directivos supone una vulneración de los principios de economía, eficiencia y eficacia”, dicen.

Y esto se produce porque la sociedad carecía de “protocolos internos de control”, un órgano que lo vigilase y que no controlaba “la mala gestión de los empleados y, en su caso, el eventual incumplimiento de los mandatos legales”.

La documentación contable carecía de cualquier "tipo de racionalidad"

En concreto, en materia de rendición de cuentas, las de 2005 nunca fueron entregadas, las de los cinco años siguientes se hicieron fuera de plazo y las que comprendían los años 2011 a 2013 no incluían los necesarios informes. Cuando los auditores pidieron los libros mayores de la empresa, la Comunidad les entregó directamente un ordenador sin programas. Los técnicos de la Cámara consiguieron entrar en él y descubrieron que la contabilidad “no se llevó en varios ejercicios de conformidad con los principios generales del Código de Comercio”.

Para financiar el Campus, la Comunidad pretendía vender los edificios judiciales que existen en Madrid por unos 200 millones de euros. Con ese dinero, podría pagar el nuevo complejo. La Cámara destaca que solo vendieron dos y que se obtuvieron 44 millones. “Al final, el coste de las nuevas sedes judiciales rondó los 80 millones, la sociedad quebró y todo se llevó a pérdidas. Solo se finalizó uno de los edificios previstos, el Instituto de Medicina Legal, que nunca fue abierto. Pero no solo eso, las edificaciones nunca levantadas (el nuevo Tribunal Superior y la Audiencia Nacional), “sin una sola piedra colocada, generaron costes de casi 19 millones”.

El campus contaba con un director de Seguridad y dos subdirectores

Las cuentas bancarias tampoco están claras. “No existía ningún tipo de control riguroso sobre los saldos bancarios, sin mayor documentación”. En materia de personal, la Cámara “destaca la falta prácticamente absoluta de documentación”. “No hay constancia de que existiera ningún organigrama” de las funciones y competencias de la plantilla. También es significativa la desproporción existente entre el personal directivo y el resto de personal administrativo y auxiliar”. Y ponen un ejemplo: en 2007 había siete directivos y tres administrativos”. En 2008, el campus (con 11 empleados) contaba con un director de Seguridad y dos subdirectores, que cobraban en conjunto 14.000 euros mensuales.

La nómina media de los empleados era de 5.000 euros al mes en 2009, “lo que dobla a las que existían en el momento en que se inician las actividades de la sociedad”. “Pero hay casos individuales para el personal directivo, con porcentajes entre el 30 y el 80%”.

Los auditores tampoco encontraron la documentación relativa a los despidos de los trabajadores. Pero sí que se abonaron “cantidades superiores a las establecidas en la normativa laboral, hasta 60 y 80 días por año trabajado”. Incluso, hallaron el caso de un trabajador que recibió el doble de la que “firmó como de conformidad”. Y algo sumamente curioso: a un trabajador despedido se le abonó un máster MBA, realizado un año antes, por importe de 37.000 euros.

El campus también patrocinó dos exposiciones “cuyo objetivo parece escaparse a sus fines. Se acordó pagar a cada muestra 200.00 y 250.000 euros respectivamente, pero finalmente se abonó 383.000 y 400.000 euros. En el primer caso, “sin soporte documental alguno”.

Los auditores también relatan el caso de un fotógrafo que cobraba 3.500 euros mensuales sin que “existiera ningún tipo de justificación” y, además, no se encontró el contrato. En 2011, se abonó a una empresa de consultoría 60.000 euros para realizar el “análisis de distintos modelos de funcionamiento de una muestra representativa de juzgados para identificar las mejores prácticas y emitir recomendaciones para la mejora del modelo”. La Cámara se pregunta para qué se encargó este estudio si la sociedad “estaba en fase liquidadora”.