La Ciudad de la Justicia no localiza decenas de contratos y expedientes

La directora adjunta al consejero delegado de la Ciudad de la Justicia de 2009, Miguel Giménez de Córdoba, reconoció ese año por escrito la desaparición de numerosa documentación sobre contratos o expedientes íntegros de concursos públicos de la entidad. La directiva se cruzó los correos electrónicos, a los que ha tenido acesso EL PAÍS, con el entonces diputado socialista Francisco Javier Gómez, que le reclamaba información. El portavoz del Partido Popular en la comisión de endeudamiento, Juan Antonio Gómez-Angulo, restó ayer importancia a estas manifestaciones de un cargo “de tercer o cuarto nivel”, pero no las negó.

La correspondencia cruzada entre la directiva de la Ciudad de la Justicia y el entonces parlamentario regional del PSOE Francisco Javier Gómez estaba relacionada con documentación de todas las áreas —obras de construcción, sistema informático o seguridad—, y modalidades administrativas: ofertas de licitadores, actas de concursos, resumen de facturación, informes técnicos previos... En mayo de 2009, el mes de estos correos, en la Ciudad de la Justicia solo se “gestionaban los restos del naufragio”, en palabras del consejero de la entidad en ese momento, Miguel Giménez de Córdoba.

Urbanización. El diputado Gómez no pudo recibir el expediente íntegro de la primera fase de urbanización del campus. “No constan las actas o informes de la dirección facultativa que justifican el modificado del proyecto [y previsiblemente, por tanto, un sobrecoste]. Falta el acuerdo de 30/11/2007 al que se hace referencia. No constan los escritos de la UTE [Unión Temporal de Empresas] referidos a la situación de las obras de urbanización”.

Se contrató a una empresa para mover tierras y contenerlas mediante pilotes, pero apenas quedan vestigios en los papeles: “No constan las actas (...), falta el anexo de aclaraciones del contrato. No consta aval. Desde la adjudicación hasta la fecha, no se hace constar la situación del contrato: no existen facturas, ni actas, ni documentación alguna”.

Edificación. Gómez reclama el expediente íntegro del proyecto y la dirección del edificio de accesos y servicios a la directiva, que contesta: “El informe del comité técnico está incompleto, sus hojas sin numerar y sin firma. No aparece el criterio de selección y composición del jurado. No existe acuerdo de adjudicación, ni contrato”.

El papeleo de las obras del aparcamiento provisional del campus es asimismo insuficiente: ni constan las ofertas, ni las actas de la mesa o la documentación del adjudicatario.

Informática.Las contestaciones de la directora se repiten una y otra vez con las mismas palabras. Por ejemplo, tras solicitarse un contrato de suministro de software (el soporte del sistema informático), la directiva responde: “No consta las ofertas. No consta las actas de la mesa de ninguna de las fases de la contratación. Tampoco aparece el acuerdo de la contratación, la comunicación a los no adjudicatarios y el resto de documentación posterior al contrato”.

Seguridad. Una respuesta parecida proporciona cuando se le reclama el contrato de una consultoría y una asistencia técnica para implantar un sistema de seguridad en el campus: “No constan las ofertas. Faltan las actas de constitución, valoración de la documentación administrativa, ofertas técnicas y económicas... Tampoco aparece el contrato”.

De la contratación de vigilancia de las obras del campus, faltan las actas de la mesa, por lo que no hay referencias de la valoración económica y técnica y de la adjudicación. “Se ha facturado el mes de marzo sin que, al parecer, se haya producido la prórroga del contrato”, concluye.

Gestión integrada. No hay rastro del expediente íntegro del contrato de gestión integrada y de la construcción de los edificios del registro civil, el juzgado de guardia y del edificio de accesos y servicios. La documentación posterior, sostiene la directora, tampoco está.

Sin dictamen. En el caso de unos pliegos de cláusulas aprobados por la mesa de contratación, estos “no están acompañados de un dictamen de los servicios jurídicos”, afirma la directora adjunta, porque la Consejería de Justicia, que dirigía Francisco Granados, informó de que “no era obligatorio con carácter preceptivo” que los servicios valorasen esta documentación administrativa.

En la comisión de estudio del endeudamiento de la Asamblea Mercedes Gallizo, portavoz socialista, leyó ayer parte de los correos. Su homólogo popular, Juan Antonio Gómez-Angulo, no restó veracidad a esta correspondencia, pero añadió: “Este Gobierno no se puede hacer ni remotamente responsable de una actitud personal respecto a una solicitud de información de hace seis años”. Además, recalcó que la directora adjunta era un cargo “de tercer o cuarto nivel”.

De la veintena de trabajadores del complejo, la mayoría tenían un puesto directivo. Pero esta directora adjunta era un cargo de confianza de Giménez de Córdoba, gestor de 2008 a 2010, que despidió a casi todos los directivos.

En la Ciudad de la Justicia desaparecieron tres ordenadores con información confidencial de la entidad. En la comisión de endeudamiento, el consejero dijo en noviembre  no haber prestado atención al robo: “Me contaron que pasó antes de que yo me incorporase [en 2008]. Pensé que era leyenda urbana, porque no estaba el teórico dueño del ordenador. No me podía dedicar a la arqueología, a escarbar. No sé que contenían los ordenadores, ni la investigación”.

En 2010 Granados obligó a Giménez de Córdoba a abandonar el puesto tras “un fortísimo enfrentamiento”, según este último. No pudo ni acceder a su ordenador. “Fui despedido por pérdida de confianza. Me fui con el tabaco y el boli, que no era precisamente un pen-drive”.