La Fiscalía prepara la exculpación de Esperanza Aguirre del caso de corrupción de su Gobierno y del PP de Madrid

La línea de investigación de mayor trascendencia política del caso Púnica entra en erupción. El máximo responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, mantendrá este martes una reunión con la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para informarle de las conclusiones recogidas en el escrito final elaborado durante meses por su departamento sobre la presunta caja b del PP de Madrid, según detallaron fuentes jurídicas a EL PAÍS. Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, permanece imputada en esta causa desde 2019; y el ministerio público prepara su exculpación ante la falta de subordinados directos que la señalen por la corrupción que presuntamente anidó en tres organismos que presidía: el partido autonómico, el Gobierno regional y Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid).

La Fiscalía Anticorrupción avisó el pasado octubre al juez Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, que daba por acabadas estas pesquisas y que se disponía a preparar el escrito donde le comunicaría qué imputados proponía enviar al banquillo. Casi nueve meses después, según informan fuentes jurídicas, ya está listo y este martes se le presentará a la fiscal general. Un documento que ha generado tensiones dentro del propio ministerio público. Según explican fuentes jurídicas, el escrito lo ha elaborado y rubricado Alejandro Cabaleiro, el último fiscal en incorporarse a la investigación, hace dos años. Según esas mismas fuentes, las dos fiscales que han llevado el caso desde mucho antes, María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, han planteado incluso no firmarlo al haberse decidido no acusar a decenas de sospechosos.

Hace un mes, los tres fiscales firmaban un escrito dirigido al juez donde pedían más tiempo para que Guillermo Ortega (PP), exalcalde de Majadahonda (Madrid), aportase las supuestas pruebas que afirma guardar sobre irregularidades en una de las empresas públicas utilizadas por la trama y que salpicarían a Aguirre. Según dijo el exregidor, la expresidenta lo colocó al frente de Mercado Puerta de Toledo S. A., desde donde desvió un millón de euros para pagar gastos de campañas electorales.

El caso Púnica estalló en 2014. Las pesquisas se centraron en un primer momento en los tejemanejes de Francisco Granados, consejero de Aguirre y secretario general de los populares madrileños. Pero, en 2016, la Audiencia Nacional abría una nueva línea de investigación centrada en la presunta financiación irregular del PP de Madrid. La Guardia Civil había encontrado en casa del político una libreta Moleskine de color negro, con múltiples apuntes sobre actos electorales y anotaciones ordenadas en dos columnas, encabezadas cada una de ellas por las palabras en inglés “in” [dentro] y “out” [fuera]”. Tras analizarla, los agentes concluyeron que era un registro detallado de Granados, jefe de campaña para los comicios de 2011, sobre las entregas de dinero de constructoras para el partido y las salidas de efectivo. A los donantes los identificaba por sus iniciales. Y al presunto receptor de una parte de ellas, también: “BG”, Beltrán Gutiérrez, gerente de la formación madrileña.

La Fiscalía comenzó entonces a subir por la cadena de mando y, en una causa donde acumula más de 100 investigados, puso la diana en tres expresidentes de la Comunidad de Madrid. Aguirre y sus dos sucesores (Ignacio González y Cristina Cifuentes), que fueron imputados. En abril de 2021, el juez García-Castellón archivó la causa contra Cifuentes al considerar que no se ha “acreditado” que ella participase en la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Sin embargo, los otros dos exjefes del Gobierno autonómico permanecen imputados a día de hoy.

Según han defendido fuentes fiscales, existían indicios suficientes para imputar a Aguirre: ella fue la principal beneficiaria de la trama; se usó el dinero presuntamente desviado para financiar sus actos electorales y para pagar una campaña de reputación online a su favor; y encabezaba los tres órganos donde se detectó la corrupción. Pero no se han conseguido recabar en la instrucción las pruebas suficientes para dar un paso más y proponer enviarla al banquillo: ningún subordinado directo la ha señalado, según explican fuentes jurídicas a EL PAÍS.

Cuando fue imputada, el juez García-Castellón y el ministerio público situaron a Aguirre en la cúspide de la trama. Según escribieron, existen “indicios racionales” de que la dirigente popular “supervisó” la caja b de los populares madrileños e “ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba”, dirigidas “fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla” como presidenta. “Una situación como la descrita explica que el impulso y la supervisión de todo el entramado pivotara en la presidenta del PP de la Comunidad de Madrid y presidenta de la fundación, quien se postuló a la presidencia de la CAM”, resumió el juez: “[Era] la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza”.

Ahora, la Fiscalía Anticorrupción debe enviar su informe final al juez Manuel García-Castellón, con las peticiones de qué cargos del PP de Madrid deben ser procesados. El magistrado tendrá después la última palabra.