Anticorrupción prepara la acusación definitiva contra el PP de Madrid por financiación ilegal durante años

La Fiscalía analiza si pide procesar a la expresidenta junto a sus lugartenientes en el Gobierno y el partido

Francisco Granados (izquierda) e Ignacio González aplauden a Aguirre en su investidura como presidenta madrileña en 2011.
Francisco Granados (izquierda) e Ignacio González aplauden a Aguirre en su investidura como presidenta madrileña en 2011.claudio álvarez

La cuenta atrás ha comenzado. La Fiscalía Anticorrupción da ya por agotada la investigación sobre la presunta caja b del PP de Madrid y preparará ahora su informe final sobre esta derivada del caso Púnica, bautizada como Pieza Separada 9. Según un escrito enviado la pasada semana a la Audiencia Nacional, el ministerio público no pedirá al juez instructor Manuel García-Castellón una nueva prórroga de las pesquisas —cuyo plazo expira el 29 de enero— y se centrará en la elaboración de sus conclusiones definitivas sobre la supuesta financiación irregular de los populares. Un documento que marcará el futuro judicial de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, imputada desde 2019 y a quien se atribuyó la “supervisión” de los mecanismos irregulares detectados en la trama. El escrito que prepara la Fiscalía desgranará todas las “pruebas” de la corrupción que anidó tanto en el PP de Madrid como en el Gobierno regional para financiar ilegalmente a la formación conservadora.

“Consideramos que las pruebas recabadas durante la instrucción permiten realizar, y así se hará, un informe razonado, motivado e individualizado de todas las personas, físicas y jurídicas, que constan actualmente investigadas en la presente pieza”, resumen los tres fiscales del caso —Alejandro Cabaleiro, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez— en el escrito remitido al juez. Los investigadores consideran que tienen suficientes indicios sobre la contabilidad paralela del PP en Madrid, según indicaron a EL PAÍS fuentes conocedoras de la investigación. Pero, a estas alturas de las pesquisas y sin que ninguno de los subordinados directos de Aguirre la haya señalado con pruebas sólidas, la clave reside en si Anticorrupción concluye que cuenta con suficientes elementos para pedir al magistrado que incluya a la expresidenta en la lista de procesados.

En un informe fechado este 20 de mayo, los fiscales incidieron en que la “investigación aporta indicios de la existencia de un plan a través del cual, altos cargos de la Administración autonómica madrileña podrían haberse hecho con dinero público para satisfacer necesidades del partido, electorales o no, y enriquecer a alguno de los consejeros y altos directivos de los entes públicos”. El ministerio público enumeró entonces hasta una decena de informes de la Guardia Civil que apuntaban en la misma dirección. Entre los imputados, además de Aguirre, se encuentran también el expresidente Ignacio González; Beltrán Gutiérrez, exgerente de los populares madrileños; y exconsejeros como Francisco Granados, Salvador Victoria o Manuel Lamela.

La investigación sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid comenzó en 2016, dos años después de que se abriera el caso Púnica en la Audiencia Nacional. La Guardia Civil había encontrado en la buhardilla de la casa de Granados una agenda Moleskine de color negro y, tras analizarla al detalle, los agentes y Anticorrupción concluyeron que el exconsejero registró en ella las entregas de dinero de constructoras para el partido y las salidas de efectivo durante las elecciones autonómicas de 2011. El hombre de confianza de Aguirre, jefe de campaña, había confeccionado una especie de contabilidad, ordenada en dos columnas encabezadas, cada una de ellas, por las palabras en inglés “in” [dentro] y “out” [fuera]”. A los presuntos donantes se les identificaba por sus iniciales; y al receptor de una parte de los fondos, también: por ejemplo, “BG” corresponde a las iniciales de Beltrán Gutiérrez, el gerente.

Los investigadores emprendieron entonces la escalada por la cadena de mando, que culminó con la imputación de Aguirre en septiembre de 2019 con un durísimo auto que la situaba en la cúspide de la trama. El relato del magistrado, que asumió la tesis de Anticorrupción, comenzaba describiendo una reunión que se produjo en 2004 en la sede de la Presidencia del Gobierno de Madrid. Una cita encabezada presuntamente por la líder de la formación y donde se dieron instrucciones a los consejeros para que adjudicasen supuestamente contratos de publicidad a la empresa de Horacio Mercado, Over Marketing, a la que usaban para desviar después el dinero a las arcas del PP de Madrid.

Los tres escenarios de la corrupción que, a lo largo de la instrucción, Anticorrupción ha considerado indiciariamente acreditados se corresponden con el PP de Madrid, presidido por Aguirre; la fundación del partido en Madrid, Fundescam, presidida por Aguirre; y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Aguirre.

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El nombre de Aguirre aparece de forma reiterada a lo largo de la instrucción. Ella fue la gran beneficiada de la trama: el dinero desviado se usó para financiar sus actos electorales, e incluso para pagar una campaña de reputación online a su favor, según las pesquisas. Sus hombres de máxima confianza jugaron papeles clave: González era su vicepresidente en el Gobierno; Granados, además de su consejero, asumía la secretaría general del partido; y Gutiérrez, llevaba las cuentas de la formación. Los dos primeros se encargaron de dirigir las campañas electorales de la presidenta.

“Una situación como la descrita explica que el impulso y la supervisión de todo el entramado pivotara en la presidenta del PP de la Comunidad de Madrid y presidenta de la fundación, quien se postuló a la presidencia de la CAM”, resumió García-Castellón: “La investigación arroja indicios racionales de que Aguirre [...] ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba. [Era] la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta”.

Horacio Mercado detalló, por ejemplo, que siempre trató todo el asunto sobre la facturación en b con Beltrán Gutiérrez: “Creo que tanto Granados como González conocían el tema, sin ninguna duda”, apostilló el empresario, que contó que también se reunió varias veces con Aguirre, pero que nunca trató el tema directamente con ella. Según el auto de imputación del juez, “la supervisión y control de las partidas de publicidad de cualquier consejería se habría centralizado al más alto nivel del Gobierno regional, bajo la supervisión de la presidenta Esperanza Aguirre; y decidiéndose que su órgano ejecutor fuese” el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo, Ignacio González.

González, mano derecha de Aguirre, también manejaba la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) y el Canal de Isabel II, que se emplearon para la “adjudicación de contratos con la prestación simulada o sobrevalorada”. “El plan preconcebido, impulsado desde Presidencia y Vicepresidencia con el respaldo de otros consejeros que se involucraron en el proyecto para recaudar fondos para el PP, consiguió desviar entre los años 2006 a 2010 un flujo muy importante de fondos públicos de diversas consejerías o entes públicos adscritos a las mismas, a través de diversos artificios”, destacó el magistrado instructor, que añadió que el partido “gratificaba” después “con adjudicaciones” a los empresarios que le ayudaban con las campañas y donaban fondos a su presunta caja b.

Testimonios contra Aguirre

Además de la declaración de Horacio Mercado y otro exconsejero que sitúan a la expresidenta en reuniones donde se dieron directrices para beneficiar al empresario, otros dos testimonios apuntan a Aguirre. Luis Bárcenas, extesorero nacional del PP, detalló al juez los supuestos mecanismos de financiación ilegal usados por el PP de Madrid y atribuyó a la líder un conocimiento directo. Es más, afirmó que, junto a Álvaro Lapuerta, su antecesor en el cargo, entregaron a Aguirre un sobre con 60.000 euros que había dado el constructor Luis Gálvez. Pero, el pasado marzo, el magistrado archivó las imputaciones contra Gálvez por falta de indicios.

Por otra parte, Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda y condenado a más de 40 años de cárcel por su implicación en la trama Gürtel, explicó al juez que, a través de la empresa que dirigía, Mercado Puerta de Toledo, “sobrefacturó” más de un millón de euros para desviar esos fondos y pagar así diversos gastos de las campañas electorales del PP. Según narró el exregidor, fue Aguirre quien lo colocó al frente de esa compañía pública tras acusarle de manipular un concurso de suelo público y le llegó a felicitar por su labor ilícita. Un relato que provocó que García-Castellón abriese otra línea de investigación (Pieza 13), que desgajó de la Pieza 9.

Una de las facturas aportadas por Guillermo Ortega.
Una de las facturas aportadas por Guillermo Ortega.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción recurrió esta decisión del juez al considerar que las piezas 9 y 13 versan sobre el mismo asunto —la presunta caja b del PP— y, por tanto, no se pueden instruir por separadas. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene pendiente resolver sus alegaciones. De hecho, en el escrito enviado la pasada semana al magistrado, el ministerio público condiciona no pedir más prórrogas a la resolución de este recurso. Por su parte, García-Castellón ya ha evidenciado que él también considera “agotada” estas pesquisas sobre la financiación irregular y que se encuentra listo para pronunciarse sobre el procesamiento o desimputación de los implicados.

El sumario que destroza al PP madrileño

El caso Púnica empezó en 2014 con una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Nacional y, muy pronto, se convirtió en una macrocausa que suma ya más de una docena de derivadas. El Juzgado Central de Instrucción número 6 ha abierto 13 líneas de investigación en este macrosumario, que tiene como epicentro a Francisco Granados, exconsejero de Esperanza Aguirre en su etapa como presidenta de la Comunidad de Madrid y uno de sus principales colaboradores. De las 13 piezas del puzle, solo una se ha juzgado hasta ahora: la que condenó a Granados a dos años de cárcel por recibir el chivatazo de un guardia civil de que estaba siendo investigado. De las 12 restantes, dos se encuentran pendientes de que se celebre la vista oral —las que versan sobre los tejemanejes de la trama en Murcia y en la Diputación de León—; seis aún siguen en instrucción; y otras seis ya se han dado por finalizadas y están a la espera de que se envíen a juicio. Entre otros asuntos, estas pesquisas mantienen bajo sospecha irregularidades en la adjudicación de contratos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y en varios ayuntamientos de la región, además de la presunta caja b del PP autonómico.

Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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