El juez procesa a siete exalcaldes del PP y uno del PSOE por la trama energética del ‘caso Púnica’

El caso Púnica forma una complicada madeja que, paso a paso, el juez Manuel García-Castellón va desenredando. El magistrado de la Audiencia Nacional, que todavía mantiene vivas seis líneas de investigación de este macrosumario de corrupción, ha procesado al empresario David Marjaliza, a nueve exalcaldes de la Comunidad de Madrid y Extremadura —siete del PP, uno del PSOE y otro del partido local Unión Demócrata Madrileña (UDMA)— y a otras 27 personas por la parte de las pesquisas que se centra en las presuntas adjudicaciones irregulares concedidas en la región a la empresa energética Cofely, a la que también se propone sentar en el banquillo como persona jurídica. El instructor calcula que los contratos bajo sospecha superan los 220 millones de euros.

A través de un auto de 157 páginas dictado este jueves, el magistrado detalla cómo David Marjaliza —amigo de Francisco Granados, quien fuera consejero de Esperanza Aguirre, secretario general del PP de Madrid y epicentro de Púnica— se convirtió en un “conseguidor” de contratos públicos para la multinacional Cofely. Según el escrito del magistrado, el empresario tejió una red de “sociedades instrumentales y testaferros”, que actuaron como una verdadera “organización criminal” y que contaron, entre 2012 y 2014, con la colaboración de distintos cargos públicos.

La trama se introducía en los ayuntamientos “ofreciendo acuerdos de corrupción” a las autoridades y técnicos, “con la aspiración y la mirada puesta en hacerse con contratos de eficiencia energética”, según explica García-Castellón. En este sentido, la instrucción insiste en que Cofely se hizo con los servicios de Marjaliza para que intermediase ante los alcaldes y concejales, aprovechando la “red de contactos” que había tejido durante su etapa como promotor urbanístico. De esta forma, gracias al presunto pago de dádivas y mordidas, la trama se “infiltraba” en las administraciones municipales “redactando los pliegos de la adjudicación, los informes de necesidad del contrato, los informes de valoración de las ofertas [...], el precio de las licitaciones, los plazos, la fórmula económica...”.

Además de procesar a David Marjaliza, que colabora con la justicia desde 2015, el juez hace lo propio con nueve exalcaldes. Siete exregidores del PP: Gonzalo Cubas (Torrejón de Velasco), cuñado de Marjaliza; Carlos Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio); José Carlos Boza (Valdemoro); Agustín Juárez (Collado Villalba); Daniel Ortiz (Móstoles); Mario Utrilla (Sevilla la Nueva), y José García Lobato (Almendralejo). Uno del PSOE: José María Fraile (Parla). Y otro de UDMA: Antonio Sánchez (Serranillos del Valle). Boza, Estrada y Ortiz también se encuentran procesados en la línea de investigación del caso Púnica que versa sobre la contratación irregular de la empresa de organización de festejos Waiter Music a cambio de favores.

El magistrado, que desimputa en esta parte de la causa a otra treintena de personas, atribuye a los procesados ocho delitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y fraude, entre otros.

El caso Púnica cuenta actualmente con 13 líneas de investigación. De ellas, solo una ha sido juzgada: la Pieza 1, sobre el chivatazo que un guardia civil dio a Francisco Granados sobre las pesquisas, donde el exconsejero fue condenado a dos años de cárcel. De las 12 restantes, el juez ya ha dado por acabada la instrucción de la mitad (donde se incluye esta sobre Cofely, conocida como Pieza 6). Y todavía mantiene vivas otras seis, incluida la relacionada con la supuesta financiación irregular del PP de Madrid.