La Audiencia Nacional retoma la investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid a través de Indra

La Audiencia Nacional ha retomado la línea de investigación sobre la supuesta vía de financiación irregular del PP de Madrid organizada con ayuda de directivos de la empresa Indra. Según consta en varias resoluciones dictadas este septiembre, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez Manuel García-Castellón ha citado a declarar en octubre y noviembre a siete nuevos imputados y a dos testigos, después de que la Sala de lo Penal le ordenase reanudar esta parte de las pesquisas a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

El ministerio público sostiene que el caso Púnica ha desvelado que directivos de Indra se “habrían concertado con dirigentes del PP de la Comunidad de Madrid” para que la compañía participase supuestamente en el “desvío de fondos públicos de las arcas del ente público Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM)”, dependiente del Gobierno regional. Según la Fiscalía, desde 2007, el ICM “inflaba” contratos adjudicados a Indra y, posteriormente, varios directivos de esta empresa hacían frente al pago de deudas del Ejecutivo regional o de sus dirigentes; y abonaban gastos electorales del PP de Madrid derivados de sus campañas autonómicas y de los supuestos trabajos prestados por diferentes mercantiles a los populares.

“Entre dichas mercantiles se encontraría la sociedad Lata Latina, vinculada a los empresarios Jaime Cantos, Juan Carlos Jáñez y Marta Amezarri, quienes habrían aceptado colaborar con los dirigentes del PP de la Comunidad de Madrid, poniendo a aquella sociedad como pantalla del circuito recorrido por el capital público indiciariamente malversado”, explica Anticorrupción en uno de sus escritos, donde expone que dos personas vinculadas a Indra (Óscar Lorenzo, ex director y Responsable de Administraciones Públicas, y Francisco Javier Salorio) firmaron en nombre de Indra “acuerdos de colaboración, acuerdos marco y contratos de prestación” con Lata Latina para “justificar” el abono de unas facturas que correspondía a “trabajos no reales”.

Con este escenario como telón de fondo, a través de un auto emitido el 13 de septiembre, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado citar como imputados a Tomás Contreras del Pino y José Antonio Marcho, ambos vinculados al ICM; a Óscar Lorenzo y Francisco Javier Salorio, relacionados con Indra; y a Jaime Cantos, Juan Carlos Jáñez y Marta Amezarri, de Lata Latina. También dicta que se tome declaración como testigos a Mar González y Francisco Javier Botija, entonces secretaria general y director de Compras y Logística de ICM respectivamente. García-Castellón ha fijado sus comparecencias para los días 7 y 13 de octubre, y 2 y 3 de noviembre, según una resolución firmada la pasada semana.

Esta iniciativa de la Sala de lo Penal corrige además una decisión previa del magistrado, que rechazó el pasado junio la práctica de las pruebas solicitadas por la Fiscalía, que incluía estas citaciones. Según argumentó el juez en su resolución, la petición del ministerio público excedía el objeto de las pesquisas y dilataba innecesariamente la instrucción. A su vez, como había expuesto anteriormente, recalcaba que ya había “descartado” esta línea de investigación. “No resulta justificada, ni la existencia de un concierto en el que existiría un trato de favor por parte del ente público ICM en beneficio de Indra en contratos licitados a esta última, ni mucho menos la existencia de sobrecostes o contratos inflados adjudicados a Indra”, expuso el magistrado.

“Colaboración activa” de Indra

La Fiscalía subraya también que la “colaboración activa y continuada en el tiempo” de Indra, que estuvo imputada como persona jurídica en la causa, “ha permitido conocer qué trabajadores [de la empresa] habrían dado las autorizaciones necesarias para que la sociedad realizase el pago de las facturas falsas”: “También ha sido Indra la que ha reconocido la falsedad de dichas facturas, [...] aceptando la irrealidad de los trabajos facturados”.

Indra permaneció imputada como persona jurídica hasta marzo de este año, cuando García-Castellón archivó la causa contra la empresa del Ibex 35 al entender que se había acreditado que las conductas de algunos de sus trabajadores no pueden ser atribuidas a la compañía en su conjunto. El instructor, a través de una resolución que después ratificó la Sala de lo Penal, consideró que no se detectó “un incumplimiento grave de los deberes de control, vigilancia o supervisión por parte de la entidad respecto de la actuación de sus empleados”.

Estas pesquisas se enmarcan dentro de la línea de investigación abierta en el caso Púnica sobre la supuesta financiación irregular del PP de Madrid, conocida como Pieza Separada número 9. En esta parte del sumario se encuentran imputados numerosos exdirigentes del partido conservador: entre ellos, los expresidentes autonómicos Esperanza Aguirre e Ignacio González; Francisco Granados, exconsejero y ex secretario general de los populares madrileños; y Beltrán Gutiérrez, ex tesorero regional.