Monzón declara que desconocía los contratos de Indra con la trama Púnica

El que fuera presidente de Indra, Javier Monzón, ha asegurado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, que desde su cargo en la empresa tecnológica no estaba al tanto de los detalles de los contratos que se suscribían, tampoco los que les adjudicó la Comunidad de Madrid cuando era presidenta la popular Esperanza Aguirre. Monzón, que ha declarado como investigado, recalcó que la compañía contaba con sistemas de control efectivos para la gestión de las operaciones y proyectos, según fuentes jurídicas presentes en su declaración.

Monzón, actual presidente no ejecutivo del Grupo PRISA, editor de EL PAÍS, llegó a la sede de la Audiencia Nacional poco antes de las diez de la mañana. Su declaración se ha prolongado cerca de dos horas en las que ha contestado a todas las preguntas que le han planteado el juez, el fiscal, las acusaciones y las defensas. En sus respuestas, el expresidente de Indra ha recalcado que nunca tuvo conocimiento de los pagos investigados en la causa ni ha visto nunca las facturas que ahora figuran en el sumario. Monzón también ha negado que su empresa entregara dinero a través de la empresa pública de la Comunidad de Madrid ICM para cubrir deudas electorales del PP de Madrid.

Sobre el control interno que Indra hacía de los pagos, aseguró que Indra contaba cuando se conocieron los hechos, en 2014, con un marco de normas y procedimientos para la gestión de operaciones y proyectos, así como un sistema de control interno para el cumplimiento legal en el que trabajaban más de 200 profesionales. En este sentido, se ha remitido a la documentación pública que la compañía difunde regularmente como cotizada en el Ibex 35 para acreditar esos controles internos que iban más allá de los requerimientos legales exigibles en aquel momento. Sobre las facturas que firmó en solitario el exdirectivo de la compañía Santiago Roura —imputado por el supuesto pago de 10.000 euros en metálico a un presunto miembro de la trama de corrupción, Alejandro de Pedro—, Monzón afirmó que se enteró de estos hechos cuando Roura fue llamado a declarar como imputado por la Audiencia Nacional.

Monzón ha señalado que conocía a los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes por haber coincidido con ellos en actos públicos institucionales, y ha negado cualquier contacto con los exconsejeros Francisco Granados y Borja Sarasola, todos ellos imputados en la causa. Fuentes de la defensa del expresidente de Indra recalcan a Europa Press que tanto en los informes policiales como en las diligencias practicadas hasta ahora en el caso Púnica no hay referencia a la participación de Monzón en los hechos investigados, ni tampoco ningún testigo ni investigado le han citado en sus declaraciones.

El juez instructor del caso Púnica, Manuel García-Castellón, y la Fiscalía Anticorrupción consideran que Indra fue “parte singular” en el plan urdido por dirigentes del PP madrileño durante las presidencias de Esperanza Aguirre e Ignacio González para desviar hacia el partido fondos de la empresa pública Informática de la Comunidad de Madrid (ICM). El magistrado señala que la multinacional española, uno de los principales adjudicatarios de contratos de ICM, se convirtió en “la caja pagadora de servicios electorales prestados encubiertamente al Partido Popular de la Comunidad de Madrid y de otras deudas del partido o de sus dirigentes”.