Los lustros de corrupción que “destrozaron” al PP de Madrid

Los fantasmas del pasado han emergido con fuerza en la batalla interna por el liderazgo del PP de Madrid. Y lo han hecho de mano de los propios populares. La irrupción de Esperanza Aguirre en apoyo de Isabel Díaz Ayuso, con ataques a la actual dirección de la calle Génova, ha encontrado la rápida respuesta del secretario general, Teodoro García Egea, quien no se amilanó y lanzó un dardo directo a la expresidenta de la Comunidad, exlideresa de la formación autonómica e imputada en una investigación de la Audiencia Nacional. “Lo que destrozó al PP de Madrid fue la corrupción”, sentenció Egea, que puso así, sin reparos, el dedo en la llaga.

El PP de Madrid, en cuyo seno se formaron Díaz Ayuso y Pablo Casado, aún afronta cuatro grandes causas judiciales con decenas de cargos imputados por lustros de corrupción, muchos de ellos alzados por Aguirre. Es más, en los próximos dos meses se esperan dos movimientos clave: en noviembre comienza otro juicio sobre una de las derivadas de la trama Gürtel centrada en la Comunidad; y, en octubre, el magistrado Manuel García-Castellón decidirá si amplía el plazo de investigación sobre la presunta financiación irregular de los populares madrileños.

Gürtel. La trama liderada por Francisco Correa anidó en el PP de Madrid. Las líneas de investigación ya juzgadas dejan como condenados, entre otros, al exconsejero Alberto López Viejo, al viceconsejero Carlos Clemente, a los exalcaldes Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, y a varios concejales de la región. Pero el calvario aún no ha acabado. Según tiene previsto la Audiencia Nacional, el 10 de noviembre comenzará un nuevo juicio centrado en las adjudicaciones irregulares concedidas en Boadilla del Monte a cambio de mordidas, donde varios implicados han confesado su culpabilidad —incluido Alfonso Bosch, exdiputado popular en la Asamblea—. Además, aún tiene que celebrarse la vista por los tejemanejes de la red en Arganda del Rey, donde se amañaron presuntamente concursos públicos para la venta de parcelas municipales.

Púnica. La investigación que más ha golpeado al PP de Madrid ha sido el caso Púnica. De las 13 piezas en las que se dividió la macrocausa solo una ha sido juzgada: la que condenó al exconsejero Francisco Granados a dos años de cárcel por recibir el chivatazo de un guardia civil de que estaba siendo investigado. De las 12 restantes, 10 implican en distinta medida a la formación en la etapa de Aguirre. Entre ellas, una centrada en la supuesta financiación irregular del PP regional, donde se encuentran imputados dos expresidentes (la propia Aguirre e Ignacio González); el extesorero regional, Beltrán Gutiérrez, y un elevado número de ex altos cargos, como los exconsejeros Granados, Salvador Victoria, Manuel Lamela o Borja Sarasola. Cristina Cifuentes también fue investigada, pero fue desimputada este año.

Aguirre lleva más de un año pidiendo que se dé carpetazo a esta parte del sumario, pero el juez amplió en julio otros tres meses las pesquisas, hasta el 29 de octubre. Además, la Audiencia Nacional debe resolver si une a ella la pieza 13, abierta después de que el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega enviase al juez una batería de facturas que, según contó, evidenciaban que se desvió más de un millón de euros a través de una empresa pública a la caja b del partido.

También siguen abiertas las piezas donde se investigan las “actuaciones urbanísticas fraudulentas” perpetradas en Valdemoro desde la llegada de Granados a la alcaldía en 1999; sobre el amaño de contratos públicos del Ejecutivo de la Comunidad en la construcción de infraestructuras durante el paso de Granados por el Gobierno regional; la supuesta trama para facilitar la construcción de colegios concertados en suelo público; y la trama de blanqueo de capitales supuestamente organizada por el exconsejero madrileño y varios constructores.

En cambio, el juez García-Castellón ya ha dado por concluidas otras cuatro líneas de investigación sobre el PP de Madrid. En una de ellas, centrada en la contratación irregular de la empresa de organización de festejos Waiter Music, el magistrado ha propuesto sentar en el banquillo, entre otros, al exsenador David Erguido; y a siete antiguos alcaldes del PP autonómico. En las otras tres, García-Castellón aún no ha dictado auto sobre si procesa a los implicados, pero versan sobre las tramas de corrupción urdidas a través de contrataciones menores en los ayuntamientos de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle; sobre la adjudicación de contratos de eficiencia energética a la empresa Cofely; y sobre los trabajos de reputación en internet para altos cargos, sufragados con dinero público, donde está imputada la exconsejera Lucía Figar.

Lezo. El caso Lezo centra el foco en Ignacio González y en el presunto saqueo del Canal de Isabel II. El juez ha mandado a juicio cuatro líneas de investigación. En tres de ellas —los amaños en el campo de golf de Chamberí, la adjudicación de la obra del tren de Navalcarnero y la compra de la empresa brasileña Emissao—, la Fiscalía ha pedido ya 18 años de cárcel para González, antigua mano derecha de Aguirre.

Ciudad de la Justicia. El pasado julio, la Audiencia Nacional abrió juicio oral contra Alfredo Prada, exconsejero regional de Aguirre, y otros cuatro ex altos cargos y asesores autonómicos por las irregularidades en la Ciudad de la Justicia de Madrid. Casado había trabajado para Prada al principio de su carrera y, al llegar a la presidencia del PP, le correspondió situándolo al frente de la oficina creada para combatir la corrupción en el partido, puesto que dejó tras su imputación.

Otros casos. También está pendiente de que se fije fecha de juicio del llamado caso Teatro, en el que se han investigado las supuestas irregularidades en la rehabilitación, en 2012, de un teatro en la localidad de Getafe en la etapa de gobierno del PP. El principal salpicado fue el exalcalde y exsenador Juan Soler, aunque las acusaciones contra él no terminaron de prosperar y finalmente la acusación se ha limitado contra dos ediles de su equipo de gobierno, Paz Álvarez Sánchez Arjona, exconcejala de Urbanismo, y Fernando Lázaro, concejal de Hacienda y que sigue como edil popular en el Consistorio. La Fiscalía pide para cada uno ocho años de inhabilitación por prevaricación administrativa.

El caso máster también ha salpicado al PP de Madrid en los últimos años. Aunque Cifuentes resultó absuelta por falta de pruebas en la falsificación de su acta del Trabajo Fin de Máster, la justicia condenó a una asesora del Gobierno y a una profesora; además de concluir en su fallo que la expresidenta regional obtuvo el título de forma irregular.