Los 18 años de cárcel que amenazan a Ignacio González

El futuro de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, pasa por la Audiencia Nacional. Y la Fiscalía volvió a recordarlo esta pasada semana con la petición de seis años de cárcel para el exdirigente del PP por los amaños en el campo de golf de Chamberí, que se suman a otros 12 años de prisión que ha solicitado el ministerio público para él por otras dos líneas de investigación del caso Lezo pendientes de juicio. Imputado también en Púnica por la financiación irregular de los populares madrileños, los sumarios de todas estas pesquisas dibujan a un político dedicado durante lustros a sucios negocios: cobro de mordidas, subvenciones ilegales, adjudicaciones irregulares... Para ello, la antigua mano derecha de Esperanza Aguirre se aprovechó de los puestos que ostentó: como vicepresidente del Gobierno regional y presidente del Canal de Isabel II, que presuntamente saqueó.

Campo de golf. La instrucción sobre los amaños en el proyecto del campo de golf de Chamberí pone sobre la mesa una trama de favores familiares. El juez concluyó que González y su hombre de confianza en la empresa de aguas públicas, Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal, lideraron el plan para que Dragados subcontratase a una empresa propiedad del hermano y del cuñado del dirigente popular, pese a que esa compañía “carecía de toda capacidad para ejecutar los trabajos”. Esto les permitió embolsarse hasta 504.780 euros entre 2006 y 2012. Parte de ese dinero se desvió supuestamente al bolsillo del político.

Tren de Navalcarnero. En esta línea del caso Lezo, por la que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el expresidente, las cifras se disparan. El ministerio público y el magistrado consideran que González y sus colaboradores se repartieron una mordida de 1,8 millones de euros a cambio de adjudicar la obra del tren de Navalcarnero por 360 millones a OHL. De hecho, el ministerio público pide seis años de cárcel para el empresario Javier López Madrid, consejero de la constructora y yerno del expresidente de la compañía, Juan Miguel Villar Mir, que estuvo imputado. Los investigadores han seguido el supuesto rastro de dinero, que la empresa hizo llegar a los implicados a través de un entramado societario que pasaba por México, Panamá y Suiza.

Compra de empresas. El punto de mira del presidente no se limitó a España. Según la instrucción, el político ideó también un plan para que el Canal de Isabel II comprara la empresa brasileña Emissao entre 2012 y 2013 por un importe superior a su valor real. La Fiscalía, que pide ocho años de cárcel para González por esta maniobra, mantiene que se infló el precio para repartirse después cerca de 4 millones de euros en comisiones ilegales —García-Castellón calcula que el popular se embolsó 1,8 millones de dólares (1,5 millones de euros)—. El perjuicio para las arcas públicas osciló entre los 6,8 y 9,7 millones de euros, según los investigadores.

Financiación ilegal del PP. El juez García-Castellón se prepara desde hace semanas para la conclusión de esta línea de investigación del caso Púnica, cuyo final está previsto para finales de este julio. El magistrado desimputó en abril a Cristina Cifuentes, también expresidenta regional, pero mantiene aún bajo sospecha a González y Aguirre. El instructor debe decidir, por tanto, si finalmente archiva la causa contra ellos o si, por el contrario, sigue adelante y propone enviarlos a juicio. Desde luego, el relato de la Fiscalía contra el expolítico resulta durísimo. El ministerio público le concede un papel clave en el desvío de dinero para sufragar gastos electorales del PP: por ejemplo, a él le correspondía tomar la “última decisión” para conceder subvenciones a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid (Fundescam), un organismo que se utilizaba para canalizar miles de euros que acababan financiando las campañas del partido. “Abusó de su cargo”, resume, en definitiva, la acusación pública en uno de sus escritos.

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