El juez abre juicio oral a Ignacio González por una comisión millonaria en la obra del tren a Navalcarnero

Los reveses judiciales a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, no cesan. El magistrado Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, ha decidido abrir juicio oral contra el exdirigente del PP al constatar “indicios racionales de criminalidad” en la concesión de las obras del tren a Navalcarnero por 360 millones de euros, adjudicadas en 2007 por el Gobierno regional e investigadas en el marco del caso Lezo. Según la Fiscalía Anticorrupción, que pide solo por estas pesquisas cuatro años de cárcel para el expolítico, González recibió parte de la comisión de 2,5 millones de dólares —1,8 millones de euros al cambio de entonces— que supuestamente pagó la constructora OHL a cambio del proyecto.

El pasado 4 de junio, el magistrado García-Castellón firmó el nuevo auto que sienta en el banquillo a Ignacio González. Una resolución —a la que ha tenido acceso EL PAÍS— donde se describe con detalle la supuesta maniobra urdida por la trama. Según subraya el instructor, dos consejeros de OHL (Francisco Javier López Madrid y Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas) idearon un “plan” para “asegurarse la adjudicación” de la obra, cuyo presupuesto inicial de inversión superaba los 363 millones de euros. Estos presentaron a la licitación una propuesta a la “baja”, lo que les permitía deshacerse así de sus competidores en ese momento, pero con el objetivo de “conseguir la posterior autorización de un modificado contractual con el que compensarían la merma de ingresos que suponía esa oferta”.

Para lograr sus intenciones, prosigue el juez, estos acusados “destinaron 2,5 millones de dólares” al pago de una mordida a González, vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre, y a Ildefonso de Miguel, mano derecha del expolítico y director de la empresa pública del Canal de Isabel II. El abono se hizo “a fin de que ambos ejercieran su influencia sobre Jesús Trabada, entonces consejero delegado de Mintra”, la empresa pública de la que dependía la adjudicación. Este último no ha sido procesado, ya que hasta “la fecha no ha quedado acreditado que llegara a percibir cantidad alguna”. El juez sí envía al banquillo, en cambio, a otros dos supuestos colaboradores de la trama: a Felicísimo Damián Ramos, directivo de OHL, y al empresario Adrián de la Joya. Según la investigación, OHL hizo llegar la comisión a los cargos públicos a través de un entramado societario que pasaba por México, Panamá y Suiza, en el que se usaron cuentas y compañías de De la Joya.

El auto de García-Castellón resulta contundente: “En fecha anterior a julio de 2008, se hicieron llegar al acusado Ildefonso de Miguel en Madrid fondos en efectivo por un importe de entre 2 y 2,5 millones de dólares con los que debía hacer frente al pago de las comisiones ilícitas. No obstante, al día de la fecha no ha sido posible conocer las circunstancias concretas en que se llevó a cabo el reparto de esas comisiones”. A los seis acusados que envía al banquillo, el magistrado les atribuye delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad en documento mercantil, entre otros.

El cerco en el caso Lezo a Ignacio González, imputado también en el caso Púnica, se ha acentuado en los últimos meses. El pasado 24 de mayo, el juez procesó al expresidente madrileño por la línea de investigación sobre el amaño de la adjudicación del campo de golf del Canal de Isabel II, donde se le imputa otro delito de cohecho y donde la Fiscalía tiene aún pendiente plantear qué pena pide para él por esa parte de la trama. Una solicitud que se sumará a los cuatro años de cárcel que ha exigido ya el ministerio público por estas obras del tren de Navalcarnero y a los años de prisión que pide por la compra de la sociedad brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II, que sirvió presuntamente para repartirse más comisiones ilegales millonarias.