La Fiscalía pide procesar a Ignacio González y rechaza acusar a Villar Mir en Lezo

La Fiscalía Anticorrupción infligió este martes otro importante revés a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, al pedir al juez que procese al exdirigente del PP en la línea de investigación del caso Lezo abierta por la presunta adjudicación irregular en 2007 del tren de Navalcarnero a OHL. El ministerio público también solicitó que se adopte la misma medida contra Javier López Madrid, exconsejero de la constructora. Pero renunció, en cambio, a presentar acusación contra su suegro, Juan Miguel Villar Mir, expresidente de la compañía.

Los problemas judiciales de González, antigua mano derecha de Esperanza Aguirre, no amainan. La decisión de este martes de Anticorrupción se añade a la pesada mochila que el expresidente acarrea desde que la Guardia Civil lo arrestara en 2017 por el caso Lezo, uno de los macrosumarios de corrupción que han cercado al PP madrileño en los últimos años. De hecho, el juez Manuel García-Castellón ya envió a juicio a González el pasado noviembre por otra de las líneas de investigación abiertas en esta causa: la compra de la sociedad brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II, que sirvió presuntamente para repartirse comisiones ilegales millonarias y por la que la Fiscalía le pide ocho años de cárcel.

A esa petición de pena de prisión se sumará ahora una nueva, de aceptar el magistrado el procesamiento del antiguo líder popular. Y no es el único frente que tiene: González se encuentra también imputado en el caso Púnica, y la Audiencia Nacional lo acaba de señalar en la pieza de Gürtel sobre la caja b del PP, donde el juez José de la Mata investiga si se amañó otra adjudicación del Canal a cambio de fondos para la contabilidad opaca de la formación conservadora.

En el caso de este martes, según detalló la Fiscalía, las pesquisas han revelado que López Madrid y Rafael Arturo Martín, entonces director general del área de construcción nacional de OHL, “idearon un plan” para asegurarse la adjudicación de la obra de la línea ferroviaria entre Móstoles y Navalcarnero. Los sospechosos pagaron supuestamente una comisión ilegal de 2,5 millones de dólares —más de 2,1 millones de euros al cambio actual— a, entre otros, el expresidente de la Comunidad y a Ildefonso Rodríguez, antiguo director gerente del Canal de Isabel II. Para ello, contaron con la colaboración “esencial” de Felicísimo Damián Ramos, entonces director de Control de Gestión de OHL, y de Adrián de la Joya, un empresario imputado también en el caso Villarejo.

El ministerio público ha pedido al juez procesar a estos seis por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental. Anticorrupción ha rechazado, en cambio, seguir adelante con la acusación contra Juan Miguel Villar Mir, expresidente de la constructora y ministro de Hacienda durante la Transición; Tomás García Madrid, exconsejero de la compañía; y Jesús Trabada Guijarro, exconsejero delegado de la extinta empresa pública Mintra. “No se ha apreciado que existan indicios suficientes para poder formular acusación [contra ellos]”, detalló este martes la Fiscalía en un comunicado.

Pese a que se deja fuera a Villar Mir, esta parte del caso Lezo salpica de lleno a OHL, con tres de sus ex altos cargos implicados. Además, en base a varios informes de la Guardia Civil, Anticorrupción ya habló en esta causa de la existencia de indicios “reveladores” que apunta a “una práctica generalizada de abono de comisiones a funcionarios públicos por parte de responsables del Grupo OHL”.