Anticorrupción acorrala a OHL por el supuesto pago de sobornos para hacerse con obra pública
La Fiscalía pide al juez del 'caso Lezo' que llame a declarar de nuevo a directivos de la constructora presuntamente implicados en el pago "generalizado" de comisiones
La investigación abierta dentro del caso Lezo sobre la constructora OHL por el supuesto pago de sobornos recibe un nuevo impulso. La Fiscalía ha pedido al juez García-Castellón que tome otra vez declaración a un exdirectivo de la compañía tras un informe de la Guardia Civil que destapa “una práctica generalizada de abono de comisiones a funcionarios públicos” por parte de la empresa cuyo máximo accionista es Juan Miguel Villar Mir, ya imputado en la causa.
En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS y que fue adelantado por Vozpópuli, la Fiscalía Anticorrupción detalla que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incorporado ya dos informes a la causa sobre estos supuestos sobornos. En el primero, del 13 de marzo de 2018, los agentes recogían el hallazgo en el domicilio del que fuera director de Obra Civil de la constructora, Paulino Hernández Ros, de un DVD que contenía “21 archivos de audio que corresponden a grabaciones de diversas conversaciones mantenidas a lo largo de los años 2006 a 2009 entre aquel y otras personas vinculadas al Grupo OHL”. El segundo, del pasado 10 de octubre, y con más de 100 folios de extensión, recoge el análisis que los agentes realizaron de los audios y su relación con la información contable contenida en un pendrive intervenido anteriormente a otro exdirectivo de OHL.
Para Anticorrupción, los datos contenidos en los informes de la UCO son “indiciariamente reveladores de la existencia de una práctica generalizada de abono de comisiones a funcionarios públicos por parte de responsables del Grupo OHL para la adjudicación de determinadas obras públicas en todo el territorio nacional”. Los informes de la Guardia Civil cifran en 38,6 millones de euros la cuantía de esos sobornos entregados a cargos de diferentes organismos públicos de Canarias, Melilla, Andalucía y Madrid.
La otra revelación de una empleada
No es la primera vez que la declaración de un empleado pone en aprietos a la constructora. En abril de 2018, el juez ordenó intervenir los teléfonos de varios directivos, entre ellos los de Villar Mir y su yerno, Javier López-Madrid, también imputado, tras revelar una secretaria que guardaba en su ordenador archivos vinculadas al pago de la comisión de Navalcarnero. En una intervención telefónica, la Guardia Civil escuchó a otro directivo mostrar su preocupación por ello: “Esperemos que no tenga nada, se puede montar la de Dios”.
La pista que permitió iniciar esta investigación la facilitó una empleada de OHL a quien la Guardia Civil tomó declaración como testigo dentro del caso Lezo y, en concreto, sobre el supuesto pago por parte de la constructora de una comisión ilegal de 1,4 millones de euros al que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la adjudicación de las obras del tren a Navalcarnero. La trabajadora apuntó en dos ocasiones que Paulino Hernández —el directivo al que Anticorrupción pide ahora interrogar de nuevo— podría tener en su poder grabaciones sobre otras prácticas irregulares en OHL más allá de este supuesto pago al expresidente madrileño.
La Guardia Civil solicitó entonces al juez una orden de registro en el domicilio del exdirectivo que se realizó el 27 de febrero de 2018. Del mismo, los agentes se llevaron dos discos duros, cinco teléfonos móviles y otros dispositivos de memoria, entre ellos el DVD donde aparecieron los 21 audios. Hernández reconoció posteriormente ante el juez que él era el autor de las grabaciones y que las había realizado sin el conocimiento de sus interlocutores.
En uno de estos audios se escucha una conversación entre él y Felicísimo Ramos, quien fuera director de Control de Gestión de OHL, en la que ambos cuentan dinero en efectivo que supuestamente iba a servir para pagar una comisión a un alto cargo de Andalucía a cambio de la adjudicación de una obra de carreteras. A Ramos se le había intervenido ya un pendrive que contenía un archivo con una contabilidad en la que se recogían pagos de cantidades coincidentes con algunos de los supuestos sobornos recogidos en las grabaciones.
Ambos directivos —que ya habían declarado como testigos por el supuesto soborno a Ignacio González— fueron citados el pasado 8 de marzo para declarar, ya como imputados, por el contenido de uno de estos audios. A comienzos de mayo lo hacían otros cuatro directivos de la compañía. Todos ellos negaron cualquier irregularidad y justificaron esos pagos como adelantos a proveedores. Desde que en marzo se conoció la investigación, OHL ha recalcado que “mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción”. La intención de la Fiscalía es seguir con los interrogatorios citando a las personas identificadas como interlocutoras en los otros 20 audios.
La UCO, según adelantó la Cadena SER hace una semana, identifica en su informe a políticos de varias autonomías y diferentes fuerzas políticas: el exdirector general de Acuamed, Adrián Baltanás; el exdirector del puerto de Melilla, José Luis Almazán; el gerente de una empresa pública con la Junta de Andalucía socialista, Abelardo Genaro; el exconsejero de presidencia del Gobierno canario, Julio Bonis; el expresidente de Puertos de Tenerife, también de Coalición Canaria, Luis Suárez Trenor; el exconsejero de Infraestructuras de Canarias, Antonio Castro; el exjefe de carreteras de Fomento en Andalucía Oriental, Rafael Villar; el exsubdirector general de Construcción de Fomento, Manuel Bruno; el exdirector del puerto de Cádiz, Albino Pardo; el exsubdirector general de Infraestructuras Portuarias de Algeciras, Alfredo Carrasco; y el exsubdirector de tratamiento de aguas de Acuamed, Fernando Troyano.
Sobre la firma
