El abogado de Villar Mir se querella contra el juez García-Castellón por grabarle con su cliente

La defensa del empresario Juan Miguel Villar Mir presentó el pasado lunes una querella por prevaricación contra el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Lezo, según han confirmado a este periódico fuentes jurídicas. El letrado del empresario responde así a la decisión del juez García-Castellón de remitir a los juzgados de instrucción de Madrid una grabación del teléfono de Villar Mir, que estaba sometido a intervención judicial, en la que se escucha al abogado sugerir al empresario que solicitara un certificado médico en el que simulara estar enfermo.

Así, el empresario evitó a principios de año acudir a la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos para que le fueran tomadas las huellas dactilares dentro de la investigación del caso Lezo por una supuesta comisión de 1,4 millones por la adjudicación a OHL de las obras del tranvía de Navalcarnero (Madrid).

El juez, que apreciaba un posible delito de falsedad en documento público, actuó en aplicación del artículo 118.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este precepto establece que todas las comunicaciones entre abogado y cliente tendrán carácter confidencial y que el juez ordenará destruir las grabaciones de conversaciones entre el imputado y su letrado. Sin embargo, la ley marca una excepción a este principio, que busca asegurar el derecho de defensa: en caso de que de esas comunicaciones se constate la existencia de un hecho delictivo, la obligación de destruir ese material “no será de aplicación”.

La admisión de la querella contra García-Castellón dependerá ahora de la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo. Los magistrados de la Audiencia Nacional están aforados ante el alto tribunal, según la Ley Orgánica del Poder Judicial. La decisión del magistrado de enviar la transcripción de las grabaciones de Villar Mir y el abogado Domínguez a los juzgados de Plaza de Castilla estuvo controlada y avalada por la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, que desestimó un recurso de la defensa del empresario contra aquella.

La acusación del juez García-Castellón fue archivada en los juzgados de Plaza de Castilla. Ello no evitó que los Colegios de Abogados de Madrid y Barcelona y el Consejo General de la Abogacía denunciaran las grabaciones y su envío a los juzgados ordinarios como un supuesto ataque del magistrado al derecho de defensa de Villar Mir y en el secreto profesional de Domínguez, ex abogado general de la Comunidad de Madrid.

En la querella, que incluye los delitos de interceptación ilegal de las comunicaciones, retardo malicioso en la administración de justicia e infidelidad en la custodia de documentos, la defensa de Villar Mir establece un paralelismo con el caso del exjuez Baltasar Garzón, que fue condenado a 11 años de inhabilitación por ordenar escuchas a los abogados de imputados del caso Gürtel en prisión.