Tras un fin de semana de espera, Petro decreta la emergencia económica en Colombia

Con la firma de todos los ministros, el Gobierno de Gustavo Petro ha declarado este lunes la emergencia económica en Colombia. La decisión, anunciada desde el viernes pasado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y que tardó tres días en concretarse, es un estado de excepción que permite al Ejecutivo tomar medidas que usualmente deberían pasar por el Congreso. Argumenta el problema de las finanzas del Estado: se trata, en términos del decreto, de “una situación fiscal que adquirió el carácter de grave, por la ocurrencia de varios hechos económicos sobrevinientes y concurrentes que afectan de manera extraordinaria la situación actual de las finanzas de la nación”. Este decreto permite que, en los 30 días siguientes, el Gobierno tome medidas concretas, como crear nuevos tributos, algo que ha sido rechazado por la oposición y los empresarios, que señalan que es inconstitucional decretar una emergencia para sacar vía decreto una reforma tributaria como la que le negó el Legislativo a Petro hace unas semanas.

En concreto, el decreto señala ocho emotivos o causas para el estado de excepción, que serán objeto de debate. El primero es el deber de cumplir un auto de la Corte Constitucional que obliga al Ejecutivo a reconocer el alza en los gastos en salud en el dinero que gira anualmente a las entidades promotoras de salud, o EPS, por cada persona afiliada. Estima que esta implica la necesidad de gastar en 2026 unos 3,3 billones de pesos (casi 1.000 millones de dólares) adicionales.

El segundo es la necesidad de aumentar el gasto en seguridad (“Garantía de seguridad ciudadana por recientes alteraciones de orden público”). Allí incluye la necesidad de dar un billón de pesos adicionales a la Unidad Nacional de Protección, encargada de la protección de personas en riesgo, y otros 2,7 billones de pesos para “infraestructura y tecnología adecuada” para la Fuerza Pública.

El tercero, probablemente el más polémico, es la negativa del Congreso a aprobar sus reformas tributarias del año pasado y de este año. El Legislativo tiene la potestad de negar los proyectos de ley del Gobierno, y en este caso el decreto no determina cuál es el gasto adicional en el que debe incurrir.

El cuarto son los desastres naturales “causados por la actual ola invernal”, aunque sollo menciona de forma concreta el “terremoto de Paratebueno”, en referencia a un sismo ocurrido en junio pasado en el centro del país, y que junto con otros gastos exigiría otros 0,5 billones de pesos.

El quinto son las sentencias judiciales pendientes de pago, que estima en poco más de 1,5 billones de presos. El sexto son las obligaciones que debe pagar “adquiridas antes del presente gobierno que se encontraban pendientes de pago y que deben pagarse en su totalidad”. En concreto, son 1,5 billones de presos en subsidios al consumo de electricidad y gas para los hogares más vulnerables y 1,6 a indemnizaciones de personas víctimas del conflicto. El séptimo es la imposibilidad de endeudarse más y las ”cláusulas derivadas de las medidas unilaterales del gobierno de los EE.UU.“ y el último son las restricciones de liquidez, o caja, que enfrenta.

Estos argumentos son fundamentales para que la emergencia supere la revisión que debe hacer la Corte Constitucional, que como toda la Rama Judicial entró a receso desde el viernes pasado. La Constitución exige que las emergencias se den solo cuando hay una “alteración grave e intempestiva” de la economía y cuando el Gobierno demuestre que sus funciones normales no bastan para hacerle frente, y distintos observadores han puesto en duda esos requisitos, especialmente el del carácter sorpresivo e inesperado de la crisis.

Sin embargo, la Corte suele tardar en tomar una decisión, mucho más que los días o semanas que toma el Ejecutivo en emitir los decretos que toman medidos amparados en el estado de emergencia. En el caso de la fallida emergencia por La Guajira, la Corte Constitucional tardó 4 meses y 6 días en tomar una decisión, en la que solo mantuvo vigente la parte de la conmoción que hacía al suministro de agua. En el del Catatumbo, tomó 3 meses y 5 días para sostener la declaratoria en dos asuntos que acababan de ocurrir (los ataques del ELN y la crisis humanitaria por los desplazamientos que causó) y anularla por otros cinco (la presencia de larga data de grupos ilegales en el Catatumbo, la concentración de cultivos de coca o los daños a la infraestructura).

En el de la actual emergencia, si bien no hay aún medidas concretas, el propio presidente ha señalado que lo que espera es aumentar el recaudo con más impuestos “a los megarricos”. De hecho, ha circulado un anteproyecto de decreto que esencialmente revive una de las versiones más duras de su reciente y fallida reforma tributaria. Entre ellas está aumentar el gravamen a los movimientos financieros del 0,4% de cada transacción a un 0,5%; ampliar el impuesto al patrimonio para las fortunas a partir de unos 2.000 millones de pesos (alrededor de medio millón de dólares) con tarifas hasta del 5%; y aumentar los impuestos a actividades con efectos negativos, como el consumo de licores, los cigarrillos o a los juegos de azar en línea. Peto ha afirmado, además, la que parece ser otra medida: “La emergencia económica implica bajar los salarios a los congresistas”, contestó al senador opositor Ciro Alejandro Ramírez en X.

Por ello, varias voces han pedido a la Corte Constitucional sesionar durante la vacancia judicial, una posibilidad que abre la puerta a otro debate jurídico aparte, para que tome una decisión pronto. Se reúna o no, la Navidad y el fin de año probablemente quedarán rodeados de nuevos impuestos, nuevos debates económicos y jurídicos y la sombra de un estado de excepción en el arranque de las campañas para las elecciones legislativas de marzo.