El Gobierno de Gustavo Petro anuncia la emergencia económica

El Gobierno de Gustavo Petro ha encendido las alarmas por el futuro fiscal de Colombia. Tras el fracaso de su reforma tributaria en el Congreso, el Ejecutivo ha optado por la vía de excepción: este viernes ha anunciado que decretará la emergencia económica para cubrir el hueco de 16,3 billones de pesos en el presupuesto de 2026. El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la rueda de prensa en la que el Banco de la República informó que mantiene la tasa de interés en el 9,25%, una señal de cautela que contrasta con la apuesta que ha tomado el Gobierno. Ávila ha comentado que la medida “pretende recuperar lo que el Congreso dejó desfinanciado” y agregó que el decreto que declara el estado de excepción, que permite saltarse el Congreso, se presentará hoy mismo, pero que las medidas puntuales estarán listas la próxima semana.

El Gobierno aún no ha compartido las medidas concretas. La Corte Constitucional, que entra en receso esta noche y volverá hasta el 10 de enero, deberá revisar de oficio la declaratoria. El antecedente no juega a favor del Ejecutivo: en octubre de 2023 la Corte tumbó una emergencia decretada por Petro en La Guajira, tras más de tres meses de análisis, al concluir que pretendía resolver problemas estructurales y que no era una urgencia real, además de no justificar la necesidad de asumir funciones del Congreso. En abril pasado, el máximo tribunal anuló parcialmente otra, declarada tras la conmoción interior por la crisis humanitaria provocada por el ELN en el Catatumbo. La emergencia anunciada este viernes promete abrir un pulso jurídico y sus efectos podrían sacudir la economía en las próximas semanas.

La decisión ha llegado acompañada de una maniobra financiera de gran calado: mientras Ávila anunciaba la emergencia, tan solo un par de horas antes, la Dirección de Crédito Público cerraba una venta directa de títulos de deuda por 23 billones de pesos —unos 6.000 millones de dólares— a un solo inversionista extranjero, una operación atípica que esquiva las subastas abiertas, que buscan una puja entre interesados para mejorar las condiciones de la colocación de la deuda. Según el Gobierno, la venta busca reducir las necesidades de financiación para el próximo año, pero la coincidencia de estos dos movimientos ha encendido las alarmas técnicas.

Para el economista Jorge Restrepo “las maniobras revelan que el Ejecutivo se ha quedado sin caja y que no tiene cómo terminar el año para pagar sus obligaciones”. A su juicio, la situación es grave: “Estamos ante una profunda crisis fiscal; la Tesorería tocó fondo”. Restrepo también advierte sobre la opacidad de la venta de los títulos de deuda, pues en la información hecha pública hasta el momento “no se menciona quién los compra ni la tasa de interés a las que se pagará esa deuda”. Aunque en el mercado se rumora una tasa cercana al 13,5% —muy costosa para el país—, otras fuentes señalan que el rendimiento está más cerca del 12%, en línea con la referencia de este año.

Desde la orilla oficial, la narrativa es distinta. Javier Cuéllar, director de Crédito Público en el Ministerio de Hacienda, calificó la operación como “un voto de confianza sin precedentes” y aseguró que el inversor es un fondo internacional de largo plazo, no un especulador, aunque no reveló su identidad. “Esta transacción representa un respaldo para reducir la oferta de TES en 2026”, explicó, y agregó que el país no está solo frente a “ataques especulativos de fondos brasileños”. El mercado de renta fija se movió al alza: los bonos en pesos se encarecieron y su rentabilidad cayó, impulsados por la menor oferta.

A esto se suma un síntoma de los problemas de caja que circula con discreción: varias entidades estatales no han terminado de pagar a sus contratistas el mes de noviembre y ya han advertido que los giros de diciembre se aplazarán hasta enero. “El Ministerio solo giró la mitad de los recursos comprometidos y nos tocó pagar en orden de llegada; aún se debe noviembre, y diciembre no se va a cubrir este año”, relata una fuente que pidió la reserva de su nombre y la entidad en la que trabaja. La decisión, según explica, ha obligado a “priorizar pagos a personas naturales y dejar en cero a proveedores jurídicos”, que también afrontan obligaciones laborales y financieras. Este retraso, sumado a la falta de caja, refuerza la percepción de estrechez en la tesorería del Estado.

La evidencia de una asfixia financiera en el Gobierno abunda. Un informe del Banco de Bogotá publicado este viernes destaca que el Ejecutivo tiene “afugias por liquidez”, una forma diplomática de decir que el cajero automático del Estado está en rojo. Para cubrir los pagos inmediatos, Hacienda emitió en noviembre 8,2 billones de pesos en títulos de corto plazo (TCO) directamente a los bancos, el equivalente financiero a usar una tarjeta de crédito para pagar el mercado porque el sueldo no alcanzó. Con un gasto primario que se prevé en el 20,4% del PIB —un nivel inédito para el Gobierno Nacional Central, apenas por encima del máximo alcanzado en la pandemia (20,2%)— y un hueco en el recaudo de impuestos que ronda los 10 billones de pesos este año, el Ejecutivo ha comenzado a trasladar las facturas impagadas de hoy al presupuesto de 2026.

La combinación de la medida excepcional y el endeudamiento millonario fuera del mercado abierto deja al país a la espera de cómo reaccionarán los tribunales y, también, de cómo digerirán los mercados la opacidad de una operación que algunos economistas definen como el síntoma de una crisis de deuda soberana en ciernes. Entre las voces críticas, José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, califica la declaratoria de emergencia como “inconstitucional” y advirtió: “No hay hechos sobrevinientes”, como los que exige la Constitución, que justifiquen recurrir a un estado de excepción.