La emergencia de Petro en La Guajira carga más simbolismo que urgencia

La emergencia que declaró el presidente Gustavo Petro en La Guajira es extraña. La declaratoria, que le permite saltarse al Congreso durante 30 días para decretar medidas que normalmente este órgano debe aprobar, no está motivada por un hecho puntual, como cuando Iván Duque declaró una por la pandemia del coronavirus o Juan Manuel Santos lo hizo por la avalancha que sepultó parte de Mocoa, sino por unos problemas tan estructurales que la Corte Constitucional los determinó en 2017, y por la eventualidad altamente probable de que venga una sequía fuerte a fines de este año. Tampoco hubo un evento claro que la desatara; en los primeros 24 días no se tomó ninguna decisión. Solo el 26 de julio se conoció el primer decreto, relativo al problema del agua potable en la península. Para más extrañeza, su principal medida es crear una entidad que organice el agua en el departamento, pero en el futuro. En general, es una emergencia que no ha mostrado urgencia.

No la mostró desde un principio: Petro manifestó la idea de declarar una emergencia en Colombia desde la campaña presidencial de 2022, aunque se refería a otro problema estructural de Colombia. “Al ganar las elecciones presidenciales hay que decretar la emergencia económica. Colombia está en una situación de hambre”, dijo en una entrevista con Blu Radio días antes de las elecciones legislativas. Dejó atrás la propuesta, tras un debate jurídico, porque no era claro cómo encajaba en las exigencias legales de un estado de excepción: la Corte Constitucional ha dicho que la emergencia solo es viable cuando hay un “evento catastrófico” que debe ser grave e imprevisto, y que no se pueda enfrentar con las herramientas ordinarias.

Ganó las elecciones sin esa propuesta, que cambió por el anuncio de que lanzaría, como primera acción de Gobierno, un plan contra el hambre. Se posesionó con la promesa del cambio, priorizó reformas, lanzó la paz total. La emergencia había desaparecido del repertorio de anuncios. Regresó este año, cuando la opinión y el Congreso empezaron a darle la espalda, cuando sus reformas avanzaban a trompicones: La Guajira pasó a ser un nuevo símbolo de lo mal que estaba Colombia antes de su llegada, de la emergencia social del país. Una emergencia que, argumenta Petro, reúne los requisitos para decretar un estado de excepción y sacar adelante, sin el Congreso, las medidas urgentes para resolverla.

“Creo que es absolutamente pertinente decretar la Emergencia Económica y Social, porque se avecina una calamidad pública, porque todas las probabilidades de los modelos climáticos, que las instituciones dedicadas a ese menester nos dicen, nos están anunciando con cada vez mayores probabilidades la cercanía de una sequía que nunca antes se había visto en La Guajira”, dijo el presidente desde Riohacha, la capital de La Guajira. Viajó allí con todo su gabinete para gobernar desde ese departamento y darle una dimensión simbólica más grande a la declaratoria, que firmó tres días después de esas palabras, y tras más de una semana desde su anuncio de que lo haría. Así, durante todos esos días mantuvo el dominio de la agenda del país con la propuesta de la emergencia que solo ahora, a finales de julio, empieza a concretar.

El primer decreto, conocido el pasado 26 de julio, crea el Instituto para la Gestión del Agua de La Guajira, que dependerá del Ejecutivo nacional y se encargará de administrar el líquido en toda la región. Esa es una decisión que normalmente debe pasar por el Congreso y que, dada la gravedad de lo que ocurre en La Guajira, probablemente concitaría apoyos en la opinión, lo que facilitaría su aprobación.

Las otras medidas del decreto —permitir el abastecimiento de agua con carrotanques, dar vía libre a la contratación sin licitaciones para asegurar el servicio de acueducto, cambiar la entidad encargada del megaproyecto del río Ranchería, una postergada obra para aprovechar una represa ya existente para asegurar el acueducto en varios municipios— buscan crear una solución a corto plazo, temporal, para el problema. Pero el Instituto tardará varios meses, por lo menos, en ponerse en marcha. Como la misma emergencia, que se tomó casi todos los 30 días para dar su primer fruto.

Los otros 10 decretos, conocidos este lunes 31 de julio, abordan diferentes áreas, y juntos conforman una suerte de plan para impulsar el desarrollo de La Guajira. Por ejemplo, uno de ellos, crear una universidad pública e indígena para la comunidad wayúu, el grupo indígena más numeroso de Colombia; otro crea un modelo de salud especial para La Guajira, a semejanza del propuesto en la reforma a la salud que el Gobierno propuso al Congreso para todo el país; otro crea un subsidio en dinero para las familias con niños en primera infancia o madres gestantes en situación de desnutrición. Otros tratan la salud, la energía eléctrica, el espacio radioeléctrico, el turismo o la educación.

En diciembre de 2009, el entonces presidente Juan Manuel Santos decretó una emergencia que tampoco mostraba urgencia. Argumentó que el sistema de salud estaba en una crisis, “la cual amenaza de manera inminente, entre otro aspecto, la continuidad en la prestación del servicio público esencial de salud”, según está escrito en el decreto que la estableció. También se demoró: se tomó 29 días en emitir los decretos que la desarrollaban. Cuatro meses más tarde, la Corte Constitucional determinó que la emergencia no era tal: aunque la situación era grave, no era imprevisible ni inminente, y se podía enfrentar con las herramientas usuales, sin pasar por encima del Congreso. Ese tribunal ya estudia la emergencia, como debe hacer de oficio, y hará una audiencia pública el próximo 11 de agosto para escuchar a expertos en la situación de La Guajira y el cambio climático.

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