El plan energético de Petro: ¿Puede La Guajira iluminar Colombia?

“Con solo la energía limpia de La Guajira en su máximo, podríamos reemplazar toda la generación eléctrica de Colombia, incluidas las hidroeléctricas”. Con esta frase, el presidente Gustavo Petro, que gobernó la semana pasada desde este departamento marcado por el hambre y la pobreza, ha abierto una nueva discusión: ¿es eso posible? El mayor reparo entre los expertos es el riesgo que supone depender totalmente de granjas solares y parques eólicos para poder encender la luz, cargar el móvil o poner a funcionar desde la televisión hasta una gigantesca industria. Incluso con la fuerza de La Guajira, donde la velocidad del viento es del doble del promedio mundial y la radiación solar es mayor que el promedio de los países.

Aunque causa polémica, la afirmación del presidente durante la firma del Pacto por la Transición Energética Justa en Riohacha, la capital de departamento en el extremo norte del país, no sorprende del todo. El presidente Petro ha sido obstinado en su deseo de dar un salto definitivo de los combustibles fósiles a las energías limpias. A mediados de junio, por ejemplo, invitó por medio de Twitter a reducir el consumo de gasolina y anunció que daría ejemplo desde casa. “Comienzo por mi caravana presidencial”, aseveró. Para el mandatario de izquierdas, se trata de un camino urgente que no admite más esperas.

Su anterior ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, tuvo que calmar las aguas varias veces para evitar reacciones adversas de los mercados ante la postura de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, de frenar nuevos proyectos para la exploración y extracción de petróleo. El reemplazo de Ocampo, Ricardo Bonilla, ha conservado la línea moderada de su antecesor. Especialmente tras el reporte oficial que muestra una disminución de las reservas nacionales de petróleo de 7,6 a 7,5 años en 2022. Las de gas cayeron de 8 a 6,2 años, las más bajas desde que se empezó a llevar el registro hace 17 años.

Camilo Prieto, profesor de cambio climático de la Universidad Javeriana de Bogotá, explica que la matriz eléctrica debe contar con fuentes de respaldo que aseguren confiabilidad, es decir, con capacidad suficiente para que no haya cortes en el suministro en eventos como el Fenómeno del Niño. “Por esto, el país actualmente usa hidroelectricidad, gas, diésel y carbón. Estos energéticos tienen un factor de planta distinto al de la eólica y la solar”, señala.

“El factor de planta hace referencia a la disponibilidad que un generador tiene para inyectar energía a la red en un periodo de tiempo. Aunque varía según la región, los rangos globales aproximados para eólica o solar son de un 10% a un 40%, seguido por las hidroeléctricas y termoeléctricas de gas o carbón que oscilan entre 40% al 60%, y está la nuclear que puede superar el 90% como ocurre en Estados Unidos” agrega el experto.

En Colombia, cerca del 80% de la generación de la energía proviene de fuentes renovables, la mayoría hídricas. Las restantes son, principalmente, plantas de gas o de carbón. El presidente Petro ha sido crítico de los cobros de las hidroeléctricas y ha querido tomar el control de tarifas, una función delegada por ley en comisiones reguladoras. El Consejo de Estado le congeló esa decisión.

Para el exministro de minas y energía, Tomás González, la idea de reemplazar la totalidad de la generación de energía resulta problemática. “La energía de La Guajira es fundamentalmente renovable, eso quiere decir que es intermitente: a veces sopla el viento y a veces no, a veces sale el sol y a veces no. Entonces uno tiene que pensar si con esas fuentes es capaz de atender con certeza la totalidad de la demanda y la respuesta es que exclusivamente con esa energía sería muy difícil”, dijo González en entrevista con Caracol Radio.

A eso se suma otra preocupación. El viento de La Guajira sopla fuerte, pero no necesariamente a favor de los proyectos de generación y transmisión de energía que pueden hacer de la transición energética algo más que un nombre. Las consultas previas con comunidades indígenas, algunas en disputas sobre el territorio, y el trámite de licencias ambientales han demorado los procesos de construcción.

En mayo pasado, la multinacional italiana Enel suspendió indefinidamente el proyecto eólico Windpeshi, con capacidad para proveer energía a 500.000 hogares, debido a conflictos con las comunidades y vías de hecho que se fueron convirtiendo en callejones sin salida. Pese a inversiones sociales y la voluntad de diálogo, según expuso la empresa en un comunicado, “las obras estuvieron detenidas durante cerca del 50% de las jornadas laborales durante 2021 y 2022, y en lo corrido de 2023 la cifra ascendió a un 60%”.

El Gobierno ha querido dar señales más esperanzadoras. Desde La Guajira, el ministerio de minas y energía y la Empresa de Energía de Bogotá anunciaron el cierre de un largo proceso de consultas previas del proyecto Colectora, una línea de transmisión que transportará energía desde 7 parques eólicos. Con más de 470 kilómetros, pasará por 14 municipios de La Guajira y Cesar. Después de dos años de consultas con 235 comunidades étnicas, ahora tendrá que avanzar en la solicitud de licencias ambientales, otro paso tan necesario como demorado.

Según el Ministerio de Minas y Energía, en La Guajira hay 21 proyectos de generación de energía y uno de transmisión, con capacidad de 2.5 gigavatios – la unidad de potencia para generar energía – pero el potencial del departamento es diez veces más grande, de 25 gigavatios. La capacidad instalada del país es de 18 gigavatios. Ese dato fue el que motivó la frase del presidente Petro que no tardó en generar debate.

Con un enorme potencial para la transición energética, La Guajira es también el cuarto departamento de Colombia con mayores niveles de pobreza, después de Vichada, Vaupés y Guainía. Mueren cinco niños en promedio cada semana por causas asociadas a desnutrición y hay comunidades que viven sin acceso a energía eléctrica o a servicios básicos de salud.

El presidente Petro sostiene que los futuros proyectos para la generación de energía solo serán posibles en alianza con las comunidades. “Si se quiere que los proyectos sean sostenibles tiene que haber un pacto con las comunidades wayuu permanente, no esporádico al inicio (…) Implica una asociatividad, es decir, las asociaciones wayuu deben ser socias de los proyectos”, aseguró en Riohacha.

“Al ser socias, parte de la utilidad pasa a las comunidades. Y entonces durante 10, 15 o 20 años, lo que dure, va a haber un flujo permanente para que esas comunidades vayan resolviendo problemas, de los más agudos a los menos”, subrayó el jefe de Estado en la firma del ‘Pacto por la Transición Energética Justa’, un acuerdo de voluntades entre el Gobierno, las comunidades y las empresas que busca construir confianza en medio de un ambiente todavía de incertidumbre.

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Bruce Mac Master, opina que la firma simbólica del acuerdo es un paso correcto hacia la transición, pero solo se cumplirá con apoyo a los inversionistas. “El pacto tiene que estar acompañado por acciones concretas que conduzcan a que haya condiciones claras, que permitan el aumento significativo de la inversión empresarial en este sector, la innovación y el apoyo del Gobierno a las conversaciones con las comunidades”, sostiene.

Hoy cerca del 15% de la energía eléctrica que se genera en Colombia nace de la potencia del sol y del viento. Con los proyectos que están en ejecución, el país puede ampliar el salto en la participación de esas fuentes en su matriz eléctrica. En cualquier caso, todavía está muy lejos de desarrollar la capacidad máxima de La Guajira y más aún, de depender totalmente de ella.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.