La Guajira: la zona piloto de la lucha contra el hambre en la era Petro

Esta semana el presidente Gustavo Petro decidió mudar a su gabinete al departamento de La Guajira, una península coronada por una amplia zona desértica con pésimos índices de nutrición. Convertir en la sede del Gobierno a un departamento con una fuerte industria minera de carbón, que contrasta con la falta de acueductos y unos muy altos indicadores de pobreza, resalta uno de los ejes narrativos del Gobierno: la necesidad de transformar tanto la desigualdad crónica como la dependencia de las industrias extractivas de combustibles contaminantes. Pero, sobre todo, convierte al departamento que produce con frecuencia las noticias de muertes de niños por desnutrición —incluyendo las 20 por las que renunció la primera directora del instituto de la niñez del Gobierno, Concha Baracaldo— en la zona piloto para demostrar que la cooperación entre el Estado y las organizaciones de base es una herramienta eficaz para luchar contra el hambre.

Desde que llegó al Gobierno, el presidente ha implantado un nuevo concepto, el de las “alianzas público populares”. Parafraseando las alianzas público-privadas con las que se entregan concesiones viales o portuarias en Colombia desde hace una década, el presidente ha impulsado espacios para que las juntas de acción comunal, las cooperativas locales y otras estructuras de base reciban recursos y apoyo del Estado y ayuden a resolver problemas sociales y, a la vez, a fortalecer la economía popular. La idea ya estaba en su programa de Gobierno: “Fortaleceremos la institucionalidad para la promoción y el fortalecimiento de la economía popular con el objetivo de constituir alianzas público-populares para la colaboración entre el Estado, las organizaciones comunitarias y territoriales y las y los trabajadores”. La mayor prueba, hasta ahora, ha sido responder a necesidades de alimentación como las de La Guajira.

En noviembre del año pasado, cuando se acercaba una temporada de fuertes lluvias, la gran propuesta del Gobierno ante la emergencia invernal fueron las ollas comunitarias. Se trataba de retomar una práctica barrial y de base para asegurar que los damnificados por el invierno tuvieran acceso a comida caliente, cocinada por ellos mismos y otras organizaciones sociales. El Estado las financiaría. Para marzo, eran unas 150 las que recibían dinero estatal, a través de las facultades que, por la emergencia, Petro había entregado a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres (UNGRD) para que esta canalizara unos recursos a las ollas comunitarias. Los resultados eran modestos y algunas alarmas estaban prendidas, especialmente por la opacidad en la definición de quién recibiría los recursos y cómo los gastaría.

En los tres meses que han pasado varias cosas han cambiado. No solo entró el Gobierno en una crisis política de gobernabilidad y de imagen, sino que cambió el director de la UNGRD: salió Javier Pava, el viejo aliado de Petro que estructuró el programa, y lo reemplazó Olmedo López, un político antioqueño de izquierda. En la nueva visión de la UNGRD, las ollas se complementan con las llamadas canastas populares, un mercado de alimentos agropecuarios que la UNGRD le compra a productores pequeños y medianos. Tanto las ollas como las canastas tienen un objetivo más allá del humanitario: lograr la “soberanía alimentaria para activar la economía popular”, según explicó López en una rueda de prensa el jueves pasado. “Las ollas comunitarias no comprarán, y no se proveerán, de las grandes superficies, se proveerán de las tiendas populares de los barrios, y de los abarroteros, y de los y las campesinas, de los carniceros de los pueblos, y de los pescadores de los pueblos”, añadió.

Rudolf Solano es el director de la Red nacional de ollas comunitarias, que ha coordinado esas cocinas en los 32 departamentos, y que en las protestas del 2021 reunía unas 157 ollas. Ya en marzo era crítico del programa por los riesgos de que se beneficiaran personas con intereses diferentes a los que tradicionalmente hacían las ollas—políticos corruptos, dice. Ahora, sin embargo, ve con buenos ojos la reorganización que le da más impulso a las canastas y en la que la UNGRD ya no trabaja sola sino de la mano con el Departamento de Prosperidad Social. Se trata de una forma de hacer acompañamiento y control cruzado entre las dos entidades. Para Solano, se trata de un cambio que “es para bien”, aunque no arranca aún. “La idea es que se amarre a las ollas comunitarias para que la comida rinda más. Va a ser más concertado entre la gente, porque el propósito de la olla comunitaria es que no sea manejada por una sola persona”, dice Solano.

La Guajira, con el foco puesto por la presencia del Gabinete y por los problemas estructurales de desnutrición, será la primera prueba de esa estrategia renovada. Si el primer intento estuvo atado a una temporada de lluvias, el nuevo lo estará a un fenómeno de fuerte sequía, El Niño, que las autoridades de monitoreo ambiental prevén que inicie en el segundo semestre. Como uno de los problemas de nutrición de la zona desértica del departamento es la falta de agua en general y de agua potable en particular, El Niño representa un desafío especial. De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, La Guajira es una de las zonas más vulnerables del país ante las sequías que empezarán pronto.

López ha indicado que la UNGRD hará énfasis en el departamento. “Nuestra agenda con los programas sociales de la entidad iniciará en La Guajira, donde tenemos una afectación de comunidades que, por generaciones, han padecido el hambre y la falta de agua. La inversión de la Unidad en este territorio pasará de $5.000 millones a $31.000 millones, cumpliendo de esta manera la meta que tenemos de implementación del programa de ‘Canastas Populares’ en un 90% para este año. Además, se activaron 100 ‘Ollas Comunitarias’, que equivalen a una inversión de $15.000 millones”, enfatizó en la rueda de prensa del jueves pasado.

Superar el hambre y la falta de agua, en una zona con problemas sociales, económicos y ambientales que se pueden calificar de endémicos es un reto difícil. Que sea el primer resultado a exigir —a una estrategia que es a la vez novedosa y riesgosa— demuestra el tamaño de la ambición de un cambio que queda en manos de la capacidad de gestión del Gobierno.

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