Las nuevas alianzas populares del Gobierno de Petro se cocinan en ollas comunitarias

Una nuez importante del proyecto de cambio del presidente Gustavo Petro son las llamadas “alianzas público-populares”, un fuerte apretón de manos entre el Ejecutivo y organizaciones sociales en casi todos los barrios y veredas del país. Un “mano a mano, un trabajo comunal, cooperativo”, lo describe el presidente.

Las nuevas alianzas se harían mayoritariamente a través de las más de 60.000 organizaciones barriales o veredales llamadas Juntas de Acción Comunal (JAC), para hacer todo tipo de proyectos: mejorar la oferta educativa, la conectividad a internet, o las vías. O, también, para combatir el hambre. Esto último se haría de la mano de las ollas comunitarias: cocinas itinerantes que se organizan, por voluntad ciudadana, para alimentar y compartir en pequeñas comunidades. Y este apretón de manos con las ollas comunitarias es también un laboratorio pequeño para ver las fortalezas y debilidades que tiene el gran proyecto de las alianzas público-populares de Petro.

Las ambiciosas alianzas que sueña el presidente deben aprobarse en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), pero unas 150 ollas comunitarias del país ya reciben un presupuesto de la mano del Gobierno, por una circunstancia excepcional. Cuando el mandatario declaró la emergencia invernal, en noviembre del año pasado, le entregó las facultades a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres (UNGRD) para que dirigiera unos recursos a las ollas comunitarias. No a cualquiera, sino a las que estaban dispuestas a combatir el hambre ofreciendo comida caliente a quienes sufrían los estragos de las lluvias.

Así se preparó la cocina público-popular. A finales de diciembre, el Gobierno prometió 117.000 millones de pesos para financiar unas 600 ollas, con el fin de alimentar a 60.000 damnificados. De acuerdo con la UNGRD, en tres meses ha girado 24.000 millones (un 20% del total), para financiar 150 ollas comunitarias. 16.000 personas se han visto beneficiadas. De acuerdo con un cuadro que envió la Unidad a EL PAÍS, más de dos tercios de las ollas están en el Caribe, en los departamentos de Bolívar (52 ollas, más de $8.000 millones de pesos), Sucre (31 ollas, más de $4.900 millones), Atlántico (14 ollas, más de $2.000 millones), Córdoba (12 ollas, más de $1.700 millones) y Magdalena (nueve ollas, más de $1.400 millones).

El miedo es que ese dinero no llegue al estómago de quien lo necesita. “El elemento de las alianzas público-populares es muy válido, pero debemos hacerlo más transparente”, dice Adriana Romero, quien fue hasta esta semana directora del Instituto Anticorrupción, una oenegé que ha intentado hacerle seguimiento a esos recursos.

Pero, cuenta Romero, se encontraron con que falta la información de las ollas beneficiadas, el número de recursos que han recibido y el tipo de veeduría para garantizar que cada una de ellas está cumpliendo con lo que se comprometió. El Instituto tuvo que interponer ante un juez una acción de tutela, dice Romero, para acceder a la información de la UNGRD (esperan publicar pronto un informe con todos los datos).

“Las ollas comunitarias son solo el comienzo de las alianzas público-populares. Por eso, si no logramos que el proceso sea más transparente, esto se puede poner peor”, asegura Romero. En las resoluciones entregadas a ellos por la UNGRD, explica, ven que la mayoría de estos recursos han sido girados a las JAC, cuyos miembros muchas veces no son los cocineros de las ollas. En cambio, con frecuencia las juntas han sido utilizadas por los políticos para movilizar votos. Como en octubre hay elecciones locales, cualquier dinero que llegue ahora y en los próximos meses a ellas es muy apetecido.

“No tengo evidencia de que este mecanismo lo estén usando los políticos para beneficiar sus maquinarias, no me atrevería a afirmar eso, pero debemos hacerlo más transparente”, insiste Romero. El presidente Petro es consciente del uso politiquero que han hecho los políticos de las JAC: en un discurso el domingo pasado, en la asamblea nacional de las juntas, habló de la manipulación de ellas por los partidos Liberal y Conservador en el siglo XX. Pero, ante lo burocrática y lenta que puede ser la contratación del Estado, quiere algo más efectivo para aliarse con las organizaciones de base.

“No debería tratarse de hacer una dicotomía de inclusión entre economías locales y la transparencia. Tenemos que mover la frontera en ambos sentidos y no sacrificar la transparencia por la inclusión”, dice Romero.

Hay una persona más alarmada que Romero. Rudolf Solano es el director de la Red nacional de ollas comunitarias, que ha coordinado esas cocinas en los 32 departamentos, y que en las protestas del 2021 reunía unas 157 ollas. “Preocupa qué está ocurriendo con el dinero. En unos territorios hay unas ollitas que deberían alimentar dos veces al día, durante seis días, y uno ve que están saliendo solo dos o tres veces a la semana. ¿Qué está pasando con esos recursos?”, dice Solano.

El dirigente no se atreve a acusar a nadie, pero la semana pasada envió, por medio de sus redes sociales, una advertencia al Gobierno. “La UNGRD ha apoyado organizaciones mal llamadas ollas comunitarias, que realmente han sido montadas de afán por politiqueros. Tenemos indicios preocupantes de grupos que están recibiendo dinero del Estado, cocinan cualquier cosa de bajísima calidad y están engordando el caudal electoral de políticos sinvergüenzas y ‘líderes sociales’ que tienen aspiración a cargos públicos”, dice su denuncia pública. Esos politiqueros estarían recibiendo el dinero en las JAC, dice.

Romero cuenta que le ha advertido de esto directamente al director de la UNGRD, pero no ha sido escuchado. La suya era una voz muy entusiasta de esta alianza público-popular, pero ahora suena decepcionada. “Yo creo que Petro sí está interesado en ayudar a las ollitas, pero su problema son los mandos medios”, añade.

Una vocera de prensa en la UNGRD ha dicho a EL PAÍS que hay actualmente 82 auditorías a las 150 ollas financiadas y que en estas supervisiones no se ha confirmado ninguna malversación de recursos. “No hemos tenido ningún problema”, ha dicho. “Es cierto que unos días pararon unas ollas de funcionar, pero esto fue porque hubo un retraso en un segundo desembolso que las ollas esperaban”, aclaró. La veeduría ciudadana, aseguró, sí ha funcionado.

Danna Dávila también está preocupada por el manejo de los recursos, pero por otra razón. Ella es fundadora de Olla Rodante, una iniciativa que surgió en la ciudad de Cali durante la pandemia y que en el estallido social se alió con muchas otras ollas de la ciudad. A ella le molesta la forma como se distribuyen los recursos. “Lo de las JAC es una piedra en el zapato”, dice. “Porque muchas nunca han intervenido en nuestro proceso de ollas, muchas veces no hay la confianza para acercarse a ellas, mucho menos aliarse con ellas”, añade. Precisamente la desconfianza se debe a que los políticos las han utilizado como herramienta.

Dávila no ha recibido dinero del Gobierno. Ninguna olla en su ciudad, porque Cali no fue una de las zonas priorizadas en la emergencia invernal. Tampoco sabe de corrupción en las que sí han recibido. Ha oído de las alianzas y sabe que llegarán a Cali, pero espera que lo hagan en una versión “mejorada”, sin una JAC de por medio. Por ahora le afecta que los vecinos de su barrio crean que está recibiendo millones por la olla comunitaria. “Nos cuesta más recibir donaciones voluntarias: desde que llegó el Gobierno del cambio, la gente cree que el hambre se acabó y que las ollitas son millonarias”, dice.

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