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José Luis Iguarán, indígena wayuu y miembro de la comunidad Taruasaru, en la Alta Guajira colombiana, convive desde hace dos años con unos vecinos gigantes. Aunque a la distancia, justo sobre el kilómetro 133 de la vía férrea que lleva al tren del carbón hacia Puerto Bolívar, esos gigantes se ven diminutos, alterando intermitentemente el horizonte de la costa Caribe, desde su ranchería surgen grandes, imponentes. Son las turbinas de energía eólica que hacen parte del proyecto Jouktai, de Isagen, y que miden entre 125 y 150 metros de alto.

Están allí, paradas, desde principios de 2022, cuando el proyecto fue inaugurado. Pero Iguarán, que hoy tiene 31 años, había escuchado sobre ellas desde mucho antes, cuando era niño y en su comunidad se empezó a hablar de los proyectos de energía eólica. “Las primeras visitas empezaron en el 2005, para el tema de la verificación de fronteras y conocer dónde estaban las comunidades donde se iban a realizar los parques”, comenta. Además de la suya, en los lugares donde el viento más sopla también viven las comunidades Lanshalia y Mushalerrain, en las que está construido el primer proyecto eólico de Colombia. Una especie de piloto que ya empieza a revelar cómo pinta la transición energética del país en una región indígena donde también prima la pobreza. En este desierto hace falta el agua y, paradójicamente, también la electricidad.

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EL PAÍS recorre La Guajira colombiana.

La ventaja del viento también trajo conflictos por la tierra. Las consultas previas que se hicieron —una figura legal que tiene Colombia para garantizar la participación de las comunidades étnicas frente a cualquier proyecto que se desarrolle en su territorio— se están poniendo en duda. A lo largo de La Guajira, los wayuu denuncian que estos documentos no se firmaron con los dueños de la tierra, sino con comunidades que la habitaban, pero a las que no les correspondía decidir sobre ellas. Aunque Iguarán asegura que este no es su caso, y que la consulta que se hizo con su gente fue lo más transparente posible, también confiesa que no estaban preparados para lo que venía. A él le tocó empezar a leer para informarse. “A las empresas no les gusta que uno esté asesorado. ¿Por qué? Porque se pierden los intereses de ellos”, asevera.

Lo que viven Iguarán y su familia es solo un esbozo de lo que ha significado el auge de las energías eólicas en La Guajira y cómo se traduce en terreno el discurso del presidente Gustavo Petro, quien promete convertir a Colombia en un líder en la materia. Solo en este departamento ya hay 16 proyectos eólicos y dos líneas de transmisión en proceso, ya sea porque están en consulta previa, en estudios ambientales o en construcción, según cuenta Luis Guillermo Baquero, gerente de la Mesa Andi Más La Guajira, una plataforma que articula a diez empresas del sector minero y energético que están en la región.

Pero a futuro serían muchos más. En 2019, Indepaz, un instituto que le ha seguido el rastro a la llegada de las renovables a La Guajira meticulosamente, señaló que en la próxima década se podrían construir hasta 57 proyectos eólicos en el departamento, a cargo de 19 empresas 13 de estas multinacionales. Abarcarían 52.000 hectáreas con más de 2.800 autogeneradores, que podrían producir hasta 12,8 gigavatios. “En el escenario más conservador, la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme) decía en 2016 que esos parques eólicos cubrirían en 2031 el 16% de toda la demanda de energía de Colombia, pero la realidad ha ido a mayor velocidad”, explican Camilo González Posso y Joanna Barney, de Indepaz, en su libro El viento del este llega con revoluciones. Es una velocidad que está revolcando el territorio.

Disputas

En La Guajira, el viento golpea duro: a veces llegando a máximos de 11 metros por segundo. En las tardes lo hace aún con más fuerza, dejando arena en todo lo que toca. Las mesas, la comida, los zapatos. Jouktai, como se dice viento en wayunaiki, el idioma de los wayu, también cae con fuerza sobre los cementerios. Estos lugares sagrados sirven aquí como una especie de escritura para saber a quién pertenece el territorio ancestralmente.

A unos 800 metros del parque de Isagen, conocido como Guajira 1, se encuentra el cementerio de Maleen, una comunidad que lleva peleando desde que comenzó esa construcción porque, según ellos, a pesar de estar dentro del área de influencia, nunca se les incluyó en la consulta previa. Eso llevó incluso a que Denis Velásquez, miembro de la comunidad, pusiera en 2022 una tutela, un recurso judicial para pedir protección. “Denis cuenta con el reconocimiento de sus vecinos en esta disputa”, se lee en un documento de Indepaz, en el que también se explica que la empresa le pagó 80 millones de pesos (17.000 dólares) a un sobrino de Velásquez como compensación para cerrar el cementerio. Un pago que ella no reconoce como legal y que, según Indepaz, “favorece la ruptura del tejido familiar, pues no todos los familiares estaban de acuerdo con lo que se transó”.

Isagen le dijo a América Futura que, según la Secretaría de Asuntos Indígenas y el Ministerio de Minas, el cementerio no se ubica dentro de las comunidades que fueron consultadas. Y que, “adicionalmente, en reunión entre los mayores de las familias, de acuerdo con sus usos y costumbres, se llegó a la conclusión que la comunidad Malee no tiene derechos sobre ese territorio”. La acción de tutela fue declarada improcedente tanto en primera como en segunda instancia. Pero el caso demuestra el forcejeo por el territorio que han traído las energías eólicas.

Dentro de la comunidad wayuu, la autoridad legítima es la ancestral, un cargo que se hereda de forma matrilineal, al igual que el territorio. Sin embargo, el Ministerio de Interior delega en otra figura, las autoridades tradicionales que se deben certificar ante el Estado. El problema es que esas dos autoridades no siempre coinciden y muchas veces las empresas hacen acuerdos solo con las primeras, lo que enfrenta a las familias.

A veces, cuenta también Iguarán, se negocia con los achones, miembros de la línea paterna, que pueden vivir en una ranchería, pero no ser los dueños del territorio, pues ellos no heredan. Así se ha venido creando un conflicto que genera inseguridad tanto para los wayuu como para las empresas.

“Si uno va a la Secretaría de Asuntos Indígenas de Uribia [en La Guajira], a buscar quién es la autoridad tradicional, te pueden salir hasta cinco papeles”, comenta Baquero, de la Andi, que afirma que el tema se ha hecho todavía más confuso con el retorno de muchos wayuu, que son binacionales, de Venezuela. “Han vuelto a sus comunidades entrando en un choque por recursos, derechos y por el territorio de las personas que estaban ahí”, agrega.

En diciembre pasado, un documento firmado por 105 líderes wayuu de varias zonas de La Guajira y con varias propuestas a la ministra de Minas, Irene Vélez, sobre lo que debería incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo, solicitaba repetir todas las consultas previas desarrolladas en ese territorio en el marco de la transición energética. “En el año 2019, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-172, en la que resolvió a favor de las autoridades ancestrales, solicitando seguir una serie de lineamientos para la restitución de esta forma de ordenamiento en el territorio wayuu”, advierte la petición. El Ministerio de Minas no ha respondido a la solicitud de entrevista de América Futura para este reportaje.

Desde agosto de 2020, la Procuraduría también pidió suspender la operación de consultas previas o construcción de proyectos eólicos en La Guajira que estaban “violando los derechos de los pueblos indígenas”, después de que a sus manos llegara la investigación de Indepaz.

Según Baquero, de la Andi, lo que pasa en La Guajira también demuestra la debilidad institucional que hay en el tema, la falta de reglas claras y la ausencia del Gobierno. “Aquí es muy importante que se legisle sobre la consulta previa y garantizar una presencia institucional de tal forma que ni las empresas saquen provecho y logren imponerse sobre las comunidades, pero que las comunidades tampoco se aprovechen de las empresas”, dice el representante de los empresarios. Según él, muchas veces las comunidades bloquean los proyectos cuando quieren denunciar una falla del Gobierno. Falta también una masa de funcionarios que puedan seguirle la pista a lo que pasa en La Guajira con el auge de las renovables. Corpoguajira, autoridad ambiental en la región que actúa como garante de las consultas previas, le dijo a América Futura que de los 113 funcionarios en la planta de personal, “solo cinco están involucrados en temas de energías renovables”.

Vivir sin luz y sin salud

El centro de salud que queda en Wipeshi, en Flor de la Frontera, justo al lado de Venezuela, está abandonado. Adentro solo queda una camilla tirada y un grupo de murciélagos que vuelan en la oscuridad de uno de los cuartos. Sobre las tres de la tarde, los estudiantes del colegio, donde los baños llevan meses sin funcionar y los profesores tienen dos meses de retraso en sus pagos, empiezan a irse a sus rancherías.

“Hasta ya vendimos nuestras joyas para poder seguir dándoles comida y clase”, dice una de las profesoras, y después todos se ríen. Detrás de su risa hay una verdad: el Estado dejó de ponerles atención hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo hizo. A esa misma hora y por la misma vía en la que se van los niños también están saliendo los funcionarios de Enel que construyen el parque eólico Windpeshi escoltados por patrullas militares. El contraste es absoluto. Ahí levantarán 41 aerogeneradores de cinco megavatios cada uno, para una potencia total de 205 MW.

A Euniris Catherine Ramírez, wayuu e hija de la autoridad, le interesa más hablar sobre educación que sobre el hecho de que su comunidad sea una de las 12 en las que se hará el proyecto eólico de Enel, que ya tiene aprobada su consulta previa. Hay cosas del acuerdo que la tienen tranquila. Les hicieron la vía de acceso y se firmó un convenio para que se hiciera un microacueducto. “Aquí somos reyes porque tomamos agua potable”, comenta. También hay proyectos de mejora de vivienda, de bovinos y caprinos y de encerramiento de cementerios.

Sobre otras cosas, todavía le quedan dudas. “Nosotros queríamos ser parte de la empresa y tener luz. Pero Enel nos dice que no se puede, que es muy costoso que coloquen luz aquí, por eso nos están dando unas compensaciones por el tiempo que estén en nuestro territorio”, asegura.

Según Enel, la energía que produzca Windpeshi se debe entregar al Sistema Interconectado Nacional. Sin embargo, “las comunidades que habitan en la zona en la que se emplaza el proyecto no están conectadas a la red de distribución de La Guajira”, indica la compañía. Además, asegura que, según se acordó en la consulta previa, se harán proyectos de acceso de energía limpia comunitaria en las zonas de influencia del parque. La compañía también está en conversaciones con el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (IPSE) para electrificar estas comunidades.

Pero estas no son negociaciones fáciles y muchos proyectos son paralizados por protestas y bloqueos de las comunidades. Según Enel, el año pasado “únicamente fue posible realizar obras durante 137 jornadas completas, que representan el 48% de los días laborables de 2022″.

En el fondo, hay una pregunta sin respuesta clara: ¿Cuánto debe compensarse por prestar el territorio? ¿Tiene acaso un valor? En el caso de Jouktai, de Isagen, la empresa indicó que a las comunidades se les paga un valor por megavatio instalado que se actualiza cada año con el índice del precio al consumidor —entre otros pagos— aunque dicen que no pueden dar ese valor. También recuerdan, al igual que Enel, que, por norma, el 1% de las ventas brutas de energía del proyecto se distribuye entre las comunidades: un 60% va directamente para las tres donde está construido el parque y el otro 40% va al municipio de Uribia, en La Guajira.

Pero en otros casos, podría no solo tratarse de prestar el territorio. Sino de cederlo, de desplazarse. Tras visitar la alta y media Guajira, Soledad García Muñoz, relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicó a América Futura que recibieron “denuncias de cómo las fronteras del extractivismo y de otras empresas de energías renovables, en aquello que debiera ser una transición justa, están afectando a las comunidades, provocando desalojos, cuya consecuencia es que líderes comunitarios sean víctimas de amenazas y hostigamiento por su actividad de defensa de derechos humanos”. Joanna Barney, investigadora de Indepaz, también ha registrado nueve asesinatos y seis comunidades desplazadas desde 2019.

¿Y ahora?

Roberto Fajardo Epiayú trabaja como abogado, asesorando a las comunidades donde llegan los proyectos eólicos, y hace parte del territorio de Casuchi, desde donde se pueden ver las turbinas del parque Guajira 1. Cree que a ellos debieron consultarles sobre el proyecto porque les cambia el paisaje, aunque no esté contemplado en la norma. Para él, la llegada de las renovables a La Guajira no ha sido positiva: “Decir que fue bueno es mentir. Eso ha generado muchas expectativas”, asegura.

Pero el Gobierno lo tiene claro: La Guajira debe ser el epicentro de la transición energética. A finales de abril de 2023, durante el sexto Encuentro y Feria de Renovables, Petro dijo que pretende que el país genere ocho gigavatios de energía limpia, frente a los 0,8 que apenas están instalados. “Actualmente, según la ciencia, es La Guajira donde más sol cae al año y existen vientos rápidos, es decir, que solo allí se podrían generar 20 gigavatios”, señaló, según el medio Portafolio. Esa transición, para algunos, podría convertir a la región una zona de sacrificio.

“Las energías renovables son importantes para asegurar transiciones justas en el contexto de la emergencia climática; sin embargo, no se puede hablar de energías limpias en la medida que no respeten los derechos humanos de las comunidades a las que afecta su instalación y operaciones”, dice García, de la CIDH.

Para José Antonio Vega, del Stockholm Environment Institute, y quien recientemente estuvo investigando el problema en la región, es importante que se dé una intervención estatal que entienda el territorio desde su ancestralidad. “No se puede entender cada proyecto como una isla, sino como un solo proyecto que tiene impactos acumulativos. Podría hacerse una estrategia de impacto ambiental como conjunto”, asegura. Además, propone que se cree un estándar mínimo de los beneficios o compensaciones que debe dar cada proyecto. “Esto serviría para tener un precedente de cómo debe ser una distribución justa de esa compensación que, además, debe diseñarse entre la comunidad, las empresas y el Estado, estableciendo mínimos”.

Pese a ya tener acuerdos con Isagen, José Luis Iguarán también siente que hay algo que no se está haciendo bien. “Lo único que sí quiero y deseo es que a nosotros, como pueblo wayuu, no nos pasen por encima por desconocimiento de nuestro territorio”, apunta señalando una de las turbinas que, desde hace un par de años, es una más de sus vecinas.