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Javier Pava, el encargado de enfrentar la emergencia climática: “Los damnificados, año tras año, siempre son los mismos”

El funcionario que coordina la estrategia para afrontar el desastre generado por lluvias extremas en Colombia advierte el riesgo de una crisis alimentaria: “Lo más preocupante de la emergencia es que en el centro están quienes producen la comida”

Javier Pava Sánchez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)
Javier Pava Sánchez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)VANNESSA JIMENEZ
Camila Osorio

El presidente Gustavo Petro declaró esta semana una emergencia nacional por las lluvias en el país, una tragedia que ha causado múltiples derrumbes e inundaciones, miles de damnificados, y que ha durado casi todo el año. Los niveles de lluvia desde marzo, dijo el presidente, “son los más altos en los últimos 40 años”. Y se cree que puede seguir lloviendo hasta el próximo marzo. La persona encargada de coordinar una política para enfrentar la tragedia es Javier Pava Sánchez (Duitama, 55 años), un ingeniero geólogo con casi 30 años de experiencia en prevención de desastres. El país no había declarado una emergencia nacional desde las lluvias del 2010 y 2011, que afectaron a más de un millón y medio de personas. La crisis actual, dice Pava, “en términos sociales y económicos, es más grave”. El director concede esta entrevista antes de entrar a una reunión con representantes de cada uno de los ministerios —los necesita a todos coordinando su visión para enfrentar la calamidad. “Los desastres son una manifestación, un síntoma, de unos problemas estructurales”, dice el hombre busca un nuevo enfoque para manejar la emergencia climática en Colombia.

Pregunta. El presidente Petro habló la semana pasada de “desastre natural” y luego corrigió y dijo que estamos en un “desastre nacional”. ¿Qué implica esa diferencia?

Respuesta. Eso sucedió en Bosconia [en el departamento del César], hablando de la emergencia que hay en todos los departamentos por la temporada de lluvias. Él tuvo un lapsus y mencionó ‘desastre natural’ cuando iba a decir ‘desastre nacional’. Quienes hemos estado trabajando en estos temas, incluyendo él mismo, nunca vamos a decir natural. Él tiene muy claro que lo que tenemos es una crisis climática que se manifiesta con una serie de desastres por causa de una construcción social. En esto hay unas discusiones teóricas sobre lo que significa un desastre natural o un desastre construido socialmente. Los desastres son una manifestación, un síntoma, de unos problemas estructurales como la crisis climática. Crisis climática que está exacerbada por el cambio climático, que es antrópico definitivamente, es decir, generado por el desarrollo del hombre.

P. ¿Y qué problema tendría entender estos desastres como naturales y no antrópicos?

R. Decir que los desastres son naturales implicó, históricamente, no asumir una responsabilidad, no asumir que son desastres construidos, generados, y que hay un responsable. Hablar de desastre natural es decir que es culpa de la naturaleza, algo extraordinario, y que no podíamos controlar. Luego, cuando eventualmente se habló de desastres socio-naturales, se empezó a hablar de la prevención. Pero empezó una política gigante que consistió en construir grandes obras de infraestructura para reducir el riesgo: controlamos los ríos con muros, construimos diques gigantes, o entubamos las quebradas. Eso llevó a lo que yo llamo el ciclo fatal de la gestión de riesgo de desastres, en el que hay que invertir en más y más obras, pero el riesgo es cada vez más grande, por el cambio climático. Las obras de ingeniería nunca son suficientes, son prácticamente la ingeniería enfrentándose a la naturaleza, intentando dominarla, y no la ingeniería entendiendo la naturaleza. Si el muro no fue suficiente, ahora se dice que toca hacerlo más alto, cada vez más alto. Mientras tanto, la población está cada vez más abajo, y el río cada vez más arriba. Cuando el muro se rompa, la destrucción va a ser mucho más grande de lo que pudo haber sido si no hubieran hecho ese muro. Bajo una falsa seguridad se han generado son unos riesgos muchísimo mayores.

P. ¿Cuál es la nueva vía que propone el Gobierno?

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R. Salir de ese ciclo fatal implica la adaptación al cambio climático con soluciones que tienen que entender la naturaleza y las relaciones sociales con ella, y pensar la responsabilidad del Estado en términos del ordenamiento y uso del suelo, la distribución de la tierra. En este Gobierno estamos planteando las reformas agraria y urbana ¿Por qué? Porque los damnificados año tras año siempre son los mismos, son poblaciones que están expuestas a los extremos, en las zonas con suelos mucho más baratos, a orilla de las quebradas, de los ríos, en las montañas deterioradas donde el suelo puede valer nada. Mientras que los suelos estables, los suelos fértiles, están en manos de unos pocos. Eso nos debe llevar a pensar en que hay que ordenar el territorio, pero también que es necesario redistribuir la tierra para que los que sufren las consecuencias estén en lugares secos. La adaptación al cambio climático no es solamente la atención en términos de ingeniería, sino también en términos de justicia social y económica. Quienes tienen el poder tienen las tierras más seguras; y los que no tienen, tienen unas tierras más inseguras.

P. ¿Cuáles son las zonas del país más afectadas por esta larga temporada de lluvias?

R. En este momento, 26 de los 32 departamentos están en estado de calamidad pública; igual que 390 municipios de los 1.100 municipios. La figura de calamidad existe para cuando los departamentos y municipios superan su capacidad para atender la situación de emergencia y que requieren del apoyo nacional. La situación es más delicada cuando la mayoría de esos municipios son de categoría 6, de capacidad económica muy limitada, muy pobres. Por otro lado, la mayoría de su población es rural, campesinos de quienes depende una gran parte de la producción de comida del país. Lo más preocupante de la emergencia es que los que están en el centro son quienes producen la comida. ¿Por qué? Porque poca inversión en infraestructura se dedicó a vías terciarias o veredales, que son las que nos llevan a los campos donde se produce la comida. Esas vías están en total deterioro, y con la temporada de lluvias están colapsadas. Hay puentes caídos, vías destruidas por grandes derrumbes. Los municipios están encerrados. Eso lleva a una situación más complicada de soberanía alimentaria. Nuestro país cada vez más depende de la importación de comida, y si los sitios de producción están obstaculizados, la seguridad es cada vez más complicada.

Javier Pava Sánchez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)
Javier Pava Sánchez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)VANNESSA JIMENEZ

P. ¿Qué va a hacer el Gobierno para asegurar la seguridad alimentaria en esos municipios?

R. Elaboramos un plan de acción específico con una primera línea, la asistencia humanitaria que va a garantizar acceso a comida a toda la población que está en una situación crítica. ¿Cómo? Inicialmente, entregando un kit alimentario. Pero también estamos en un proceso de mover las economías locales comprando cosechas y productos de la zona, vinculando a las comunidades directamente a los procesos de recuperación con el fin de que los recursos asignados queden en el territorio. Por otro lado, vamos a definir unos recursos para ampliar la alimentación escolar para los niños, porque terminan su año escolar a mediados de noviembre y debemos garantizarles la comida. También hay recursos para madres cabeza de familia y adultos mayores en estado de vulnerabilidad; subsidios de fertilizantes para cultivos de ciclo corto; relocalización de las familias que están en riesgo; y desbloquear vías en algunas zonas.

P. ¿Cuánto dura este primer plan de asistencia humanitaria?

R. No tenemos claro cuándo va a terminar esta temporada de lluvias. De acuerdo con el IDEAM, la proyección es que termine en diciembre, pero algunos factores indican que puede ir hasta febrero o marzo del año entrante.

P. Estamos en medio de una crisis económica y ya se necesita mucho dinero para otras reformas ¿Hay un presupuesto extra para poder ejecutar ese plan?

R. Hay un problema efectivamente en las finanzas públicas, que son muy limitadas. Tenemos unos presupuestos por vigencias: para la vigencia de 2022, a partir de la declaratoria de emergencia nacional, todos los presupuestos que no se han ejecutado, que no se han comprometido, se llevaron a una bolsa común que va administrar la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Hoy, digamos, estamos llegando a una cifra cercana a 1,8 billones para esta primera fase de asistencia humanitaria durante los próximos dos o tres meses. ¿Qué esperamos? Que en la vigencia de 2023 se pueda hacer una reestructuración presupuestaria para asignar un presupuesto mucho más importante para una segunda fase.

P. ¿En qué consiste esa segunda fase?

R. Tan pronto pase la asistencia humanitaria, entraremos a la recuperación temprana, donde vamos a trabajar en rehabilitación de infraestructura y estabilización social. Habrá proyectos más formales como proyectos más estratégicos para producir comida, para que haya proyectos integrales de vías, para recuperar los complejos de ciénagas y las zonas de humedales. Todo esto con un fuerte trabajo con las comunidades para que estos proyectos logren fortalecer dinámicas locales, económicas y sociales.

P. ¿Está el país en una peor situación que la del 2010-2011 cuando también se declaró la emergencia por el fenómeno de La Niña?

R. Este fenómeno ha sido más largo, pero también ha caído más lluvia. En el comparativo que hace el IDEAM, dice que las lluvias que han caído este año son muchísimo mayores a las que se generaron en 2011. Pero hay una característica excepcional. Con el cambio climático se generan unos fenómenos que se llaman ‘eventos climáticos extremos’, entre los cuales se encuentran las lluvias extremas, lluvias supremamente intensas en un corto tiempo. De tal suerte que en dos horas cae el agua que puede haber caído durante todo el año, y eso genera unos efectos devastadores. Es el ejemplo que se vivió en Bosconia recientemente, cuando un aguacero de tres horas hizo estragos terribles porque mucha agua que cayó concentrada en un momento. Los daños en términos de infraestructura ahora podrían ser menores a los del 2010-2011, pero en términos sociales y económicos son más graves.

P. Usted ha estado recorriendo el país viendo el tamaño del desastre. ¿Qué lugar le ha impresionado?

R. Me impresionó un recorrido que hicimos con el presidente Petro a la Mojana, [en el Caribe]. Llegamos a la vía que está entre San Marcos y Majagual, y vimos una cantidad de campesinos apostados a lo largo de ella, porque es el único lugar seco, y todo de lado y lado inundado. Son campesinos, cultivadores, y pidiendo comida. Eso es doloroso. Luego nos subimos en un helicóptero y en el sobrevuelo vemos que la zona donde están los campesinos está inundada hasta el techo. Poco más allá hay unas zonas secas, una belleza de pastos con vacas. Entonces eso es un contraste doloroso: ver las zonas inundadas con los campesinos pidiendo comida, y las grandes haciendas secas y con vacas. Eso es muy triste. Uno se da cuenta de que la gestión de riesgo no es un tema solamente de la respuesta, sino un netamente de justicia.

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Sobre la firma

Camila Osorio
Corresponsal de cultura en EL PAÍS América y escribe desde Bogotá. Ha trabajado en el diario 'La Silla Vacía' (Bogotá) y la revista 'The New Yorker', y ha sido freelancer en Colombia, Sudáfrica y Estados Unidos.

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