Petro declara desastre natural por las lluvias

“Los niveles de lluvias que se mantienen desde el mes de marzo, son los más altos en los últimos 40 años” reveló este martes en la mañana el presidente Gustavo Petro, minutos antes de volar rumbo a Caracas. Lo hizo al concretar su anuncio del viernes pasado: la declaratoria oficial de desastre natural por las lluvias, que han avanzado hasta el punto de que en esos tres días la cantidad de departamentos que han declarado la calamidad pública pasó de 19 a 21, las familias afectadas se duplicaron y llegan a 196.109, las viviendas destruidas saltan de 4.293 a 5.207. Y así.

El presidente explicó que existe un 54% de probabilidad de que las lluvias se mantengan hasta 2023. Se refiere a los cálculos meteorológicos que ha hecho Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) sobre el fenómeno de La Niña, un período en el que se enfrían las aguas de la zona ecuatorial del Océano Pacífico, que se ha acentuado con el cambio climático y produce más lluvias y menores temperaturas en las regiones Caribe, Pacífico y Andina de Colombia. Como informaba EL PAÍS este viernes, el más reciente reporte de la Organización Meteorológica Mundial sobre La Niña, en agosto, reportaba que la probabilidad de que el fenómeno siga vigente en febrero era del 55%. Por su parte, el último informe sobre el fenómeno del centro de predicción climática de Estados Unidos le daba una probabilidad del 75% a que se mantenga hasta el período diciembre-febrero, y un 54% a que ya haya desaparecido el fenómeno entre febrero y abril de 2023.

La declaratoria tiene varios efectos, aunque diferentes a las declaratorias de estados de excepción que trae la Constitución y que permiten a los presidentes emitir decretos con fuerza de ley. En el caso de la declaratoria de desastre natural, lo que sigue es que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cree un plan de acción para rehabilitar y luego reconstruir las zonas afectadas. En ese plan se pueden incluir unas funciones adicionales a las usuales del Estado.

Por ejemplo, el Gobierno puede contratar como si fuera un privado, sin las formalidades usuales de la contratación pública; pues pedir préstamos con menos requisitos; puede ocupar temporalmente inmuebles que se necesiten para atender la emergencia; o puede transferir dineros de cualquier entidad a su cargo hacia el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo.

A eso se refiere Petro al anunciar, como hizo este lunes en la asamblea del gremio de las grandes ciudades, Asocapitales, “Tengo que recoger los cunchos, los pedazos de presupuesto de este año y ver si con eso podemos afrontar la emergencia que es la caída permanente de agua”. Y eso es lo que le permite reorientar recursos a programas sociales. “Vamos a sumar una serie de partidas no ejecutadas del presupuesto nacional para atender los problemas del hambre y la emergencia.

Su destinación se usará de manera exclusiva a través de un plan específico que se ejecutará inicialmente con la figura del desastre hasta el 31 de diciembre de este año”, dijo Petro este martes.

En concreto, con las facultades de la declaratoria, el presidente anuncia cinco medidas:

• Un subsidio para madres cabeza de familia y con hijos de primera infancia
• Contratos directos a organizaciones populares como las juntas de acción comunal, que tienen presencia en casi todo el país y particular fuerza en espacios rurales, que garanticen la alimentación de los habitantes de sus zonas de influencia.
• Ampliar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), los alimentos que se dan a los niños que asisten a escuelas y colegios, para que cubra a todos los niños hasta el 31 diciembre, vayan o no a estudiar
• Ordenar a la Industria Militar (Indumil), la empresa pública que fabrica armas, municiones y explosivos, para construir de puentes metálicos en las zonas inundadas, una idea que ha repetido varias veces y que comparte su ministro de Defensa, Iván Velásquez.
• Crear subsidios a los fertilizantes que se usen en la producción de alimentos, un paso adelante para reforzar su proyecto de soberanía alimentaria cuando las lluvias pueden dañar cultivos y mientras negocia con Nicolás Maduro la compra de Monómeros, la empresa venezolana que los fabrica en Barranquilla.

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