Petro declara desastre natural por el invierno

El presidente, Gustavo Petro, ha declarado este viernes desastre natural por el invierno. Petro ha dicho que la situación ha crecido tanto que los municipios no están pudiendo solucionar los problemas que están provocando las lluvias. “Esto es algo que le va a tocar asumir a la nación y también podríamos colapsar”, ha afirmado. Además, ha advertido que si esto se intensifica el lunes en el consejo nacional de riesgo se va a declarar desastre natural en Colombia. La declaratoria le puede permitir al Gobierno mover recursos del presupuesto de este año para poder atender a la población en crisis por las inundaciones y por el hambre.

Este jueves se conoció un video de cómo la crecida del río Dagua arrasó 20 viviendas en el municipio del mismo nombre, en el Valle del Cauca. Es solo una más de las tragedias, casi diarias, de una temporada de lluvias que ha llevado a que 19 de los 32 departamentos de Colombia declaren el estado de alerta y a que este martes los ministros se reunieran solo para discutir cómo enfrentarla. Los deslizamientos de tierra, las inundaciones, las crecientes súbitas y las corrientes torrenciales han afectado directamente a casi 100 mil familias y no se descarta que la ola invernal sea similar a la de 2010, cuando murieron más de 300 personas, se inundaron 1.6 millones de hectáreas y varias ciudades quedaron incomunicadas, por lo que el Gobierno debió decretar una emergencia social. A falta de por lo menos dos meses para que cesen las lluvias, la temporada invernal es la de más impacto desde la de abril de 2014, cuando casi 300 mil familias fueron afectadas.

Yolanda González, la directora general del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), ha señalado que este año las lluvias usuales se suman al fenómeno de La Niña, un período en el que se enfrían las aguas de la zona ecuatorial del Océano Pacífico, que se ha acentuado con el cambio climático, y produce más lluvias y menores temperaturas en las regiones Caribe, Pacífico y Andina de Colombia.

La Niña impulsó la ola invernal de 2010-2011. “La temporada de lluvia se fortaleció al juntarse con el fenómeno de La Niña. Esto está generando eventos extremos de precipitaciones y una persistencia de las lluvias” dice González. “A medida que vamos llegando hacia el 22 de diciembre podemos tener una transición a condiciones menos lluviosas, pero la presencia de La Niña y las probabilidades tan altas de que ella se mantenga durante lo que queda del año nos hacen prever que podemos tener lluvias sobre lo normal hasta mediados de diciembre.”

Y pueden ir más allá. El más reciente reporte de la Organización Meteorológica Mundial sobre La Niña, en agosto, reportaba que la probabilidad de que el fenómeno siga vigente en febrero era del 55%. Por su parte, el último informe sobre el fenómeno del centro de predicción climática de Estados Unidos le daba una probabilidad del 75% a que se mantenga hasta el período diciembre-febrero, y una 54% a que ya haya desaparecido el fenómeno entre febrero y abril de 2023.

La gravedad de lo que ha ocurrido hasta ahora es clara. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), ha consolidado reportes de más de 200 muertes por eventos asociados a las lluvias en 2022. Son 121 víctimas más que en 2021. Las viviendas destruidas han pasado de 1.148 en 2021 a 4.293, casi el triple. 677 municipios del país han sufrido eventos fuertes como inundaciones, movimientos de masas o crecientes súbitas de los ríos. 131 de ellos han declarado la calamidad pública y solicitado el apoyo del Gobierno nacional para atender las emergencias. Y ese nivel de afectación no era imprevisible: en septiembre el presidente Gustavo Petro anunció que estaba pensando en declarar la emergencia económica por las lluvias que venían, algo que no hizo por las advertencias de varios constitucionalistas de que no se trataba de un evento inesperado.

Los departamentos más afectados están en el Caribe. Las lluvias e inundaciones han dejado a más de 4.500 familias damnificadas, un niño muerto y dos personas desaparecidas en Bosconia, Cesar. Otros municipios del Cesar, Curumaní, La Paz, Manaure y Pueblo Bello, reportan derrumbes, desbordamientos de ríos, inundaciones en escuelas y vías cerradas.

En el histórico municipio de Mompox, en Bolívar, el nivel del agua del río Magdalena ha incrementado de manera drástica, lo que ha afectado a más de 5.000 personas inundando sus casas, vías principales y provocando cortes de energía. El departamento, por el que cruzan los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, reporta inundaciones en 32 de sus 45 municipios. La Gobernación ha declarado la situación como ‘calamidad pública’. Y en el departamento del Atlántico, la subsecretaria de gestión del riesgo, Candelaria Hernández, se reportan unas 3.000 familias damnificadas.

En la región andina, al centro del país, también hay afectaciones. El departamento de Cundinamarca ha reportado emergencias por la crecida del río Calandaima; en Antioquia hay 125 municipios en estado de alerta roja y en Nariño suman tres personas muertas, más de 75 familias damnificadas y 18 viviendas destruidas en menos de un mes, por lo que el gobernador, Jhon Rojas, ha solicitado atención prioritaria a la UNGRD.

La pregunta es si Colombia tiene la capacidad y los recursos para responder si las lluvias continúan o se recrudecen. El director de la UNGRD, Javer Pava, confirma que tienen dineros listos para dar respuesta a las crisis, pero reitera que los gobiernos locales deben ser la primera ayuda de las regiones. Sin embargo, muchos municipios tienen recursos insuficientes. Por ejemplo, el alcalde del municipio de Palmar de Varela (Atlántico), Galdino Orozco, asegura que necesita ayuda urgente para contrarrestar los efectos de las lluvias.

Para el exsubdirector general de la UNGRD Juan Carlos Orrego, para prevenir y reducir las emergencias se deben hacer procesos de “reasentamiento, mejoramiento de condiciones de los ríos y acciones de preservación ambientales”. Orrego explica que esas son medidas complejas, demoradas y de alto costo, pero indispensables.

Tras la emergencia de 2010-2011, el Gobierno de Juan Manuel Santos creó una entidad encargada justamente de eso, el Fondo Adaptación. En la década que ha pasado ha liderado inversiones por 11,4 billones de pesos y ha creado un sistema más fuerte para evitar los desastres, siguen pendientes más del 10% de sus metas iniciales y la Contraloría General ha dicho que no ha completado ninguno de sus cinco megaproyectos, como la reconstrucción de Gramalote o el jarillón de Cali. Además, asuntos como el conocimiento y la reducción de riesgos han avanzado menos, como recuerdan tragedias como la avalancha de Mocoa de 2017. Las próximas semanas pueden ser la prueba, no de fuego sino de agua, de cuánto ha avanzado el país en sus preparativos para las lluvias que, según los expertos, serán cada vez más abundantes por el cambio climático.

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