El acuerdo que reduce las tarifas de energía aterriza la idea de diálogo social de Petro

Los empresarios del sector de la energía, empezando por los generadores, decidieron cobrar menos por hacer lo mismo, reducir sus tarifas. Lo hicieron a instancias de un Gobierno que fue elegido contra el deseo de la mayor parte de las élites empresariales, que veían con desconfianza un triunfo de la izquierda en un país que no está acostumbrado a verla gobernar. Y se sentaron, además, con uno de los ministros más polémicos de esos primeros meses de gobierno: Irene Vélez (Bogotá, 40 años), la académica activista que llegó al Ministerio de Minas y Energía sin tener experiencia política ni ser experta en sectores altamente técnicos, y que ha dado de que hablar por sus declaraciones.

Esta semana, en la sede en Medellín de Isagen, una de las mayores empresas generadoras del país, Vélez se reunió con decenas de cabezas de empresas. Tras varios días de anuncios a cuentagotas, firmaron oficialmente el llamado pacto por la justicia tarifaria, el nombre que dio la Ministra a su iniciativa, que empezó a liderar a inicios de septiembre, después de que el presidente Gustavo Petro anunciara una decisión mucho más drástica, que preocupó a muchos observadores y que puso al sector en el centro del debate público.

En el congreso anual de Andesco, la agremiación de las empresas de servicios públicos, el presidente anunció su decisión de intervenir el funcionamiento del sector energético, en concreto retomando la función de definir la tarifa que se cobra al usuario final y que el Gobierno ha delegado desde hace más de dos décadas a una comisión independiente, la CREG.

Ese anuncio de Petro fue una reacción al rechazo ciudadano por el incremento de los precios de la energía. Las alzas llegaban entonces a un 25,9% en el último año, uno de los ajustes – junto con el de los alimentos y bebidas no alcohólicas ―que más ha presionado la inflación en el país. En la costa Caribe, donde se encontraba Petro para la clausura del evento en Cartagena, los aumentos de la electricidad rozaban el 50%, y mandatarios y políticos de la región se habían sumado a la protesta de los usuarios que han visto duplicar el costo de su factura.

Ese anuncio desencadenó una rápida reacción de las empresas del sector y de la ministra Vélez, que ya había establecido puentes con ellos, como explica Natalia Gutiérrez, la cabeza del gremio de las empresas generadoras, Acolgén. “La Ministra se encontró con un incendio que le explotó a la semana de llegar. Tengo que reconocer que ella, como persona, tiene mucha disposición de diálogo. Aunque no conocía el sector eso le permitió conversar con todos los implicados para buscar una solución”, explica. Con ella coincide Camilo Marulanda, presidente de la generadora Isagen: “El liderazgo de la ministra ha sido valiente y la viceministra entiende bastante bien el tema”, dice.

La respuesta era urgente. Petro había puesto sobre la mesa una opción nuclear, que podía afectar la confianza en un sector que solo en generación demanda inversiones de 6 a 7 billones de pesos (uno 1.300 millones de dólares al año) para mantener el paso a la creciente demanda, y que con solo un mes de gobierno alimentaba los miedos de que sea un mandatario autoritario. Un ministerio usualmente técnico y de importancia solo sectorial, había pasado al centro del debate. Y el Gobierno necesitaba mostrar alguna respuesta por la presión de las tarifas crecientes. Allí jugó un papel clave la disposición de Vélez y de su viceministra del ramo, Belizza Ruiz, en mantener las conversaciones que ya estaban andando con los generadores, la CREG y los gremios del resto de la cadena, como la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía (ASCODIS) y la misma Andesco.

Pero con ese anuncio, la presión aumentó. “La Ministra nos puso un cronograma muy apretado, de una semana. Fue un trabajo titánico” recuerda Gutiérrez. Los gremios presentaron unas propuestas de ajuste, el Ministerio las trabajó y apenas seis días después de las declaraciones del presidente, Vélez, la viceministra Ruiz, las cabezas de los gremios y varios congresistas de la región Caribe anunciaron que habían llegado a un acuerdo. “Antes de finalizar el año los colombianos y las colombianas verán una reducción en sus tarifas de energía”, anunció Vélez. Efectivamente había un compromiso para ello, pero todavía faltaba.

Lo que había ocurrido es que el ministerio había consensuado con los gremios, y había elaborado a partir de insumos de ellos, tres resoluciones que permiten reducir temporalmente la presión sobre la tarifa. Pero todavía no era claro que se lograra la reducción, en qué casos ni de qué tamaño. Eso porque las empresas, privadas o públicas, que producen la energía, se la venden a otras, y así una cadena hasta llegar al consumidor final. Y lo que faltaba era que el ambiente de diálogo y las facilidades para negociar se convirtieran en decisiones de los generadores de cobrar menos, para que al final las personas y las empresas paguen menos en la factura. Para eso había un plazo breve, de solo tres semanas que se vencían el 7 de octubre.

En eso se fue otro mes, un mes en el que había que convencer a accionistas y juntas directivas de que era mejor bajar los precios, reducir las ganancias, que era más estratégico ser visto por el Gobierno y la ciudadanía como un sector que colabora cuando es necesario y no uno que busca aumentar sus ganancias en un mal momento de la economía. En palabras de Marulanda, buscaron “apoyar la gobierno y a arropar a la ministra para encontrar una solución, porque si no la presión política iba a ser inmanejable”. La llave la tenían las empresas generadoras, que estaban recibiendo más pesos por kilovatio hora producido. Alrededor del 80% de la energía que venden la negocian en contratos de largo plazo, de 5 a 10 años, con las distribuidoras, y ajustan sus precios año a año. Octubre es un buen momento para definir los precios del año siguiente.

Poco a poco, fueron avanzando. Incluso con presión del Gobierno: a tres días de que venciera el plazo la ministra, vía Twitter, recordó que si no había pacto, el Gobierno podía asumir medidas más duras.

Un alto funcionario del Ministerio, que habló en condición de confidencialidad porque no es portavoz, resaltó a una empresa. “Isagén, que fue el anfitrión en el anuncio, es una empresa jugada. De 256 contratos que tienen con empresas comercializadoras, renegociaron 254. En el juego de todos ponen, algunos han hecho esfuerzos mayores”. Justamente esa empresa, la tercera mayor generadora en capacidad instalada, fue la primera en anunciar públicamente que había logrado la renegociación, el 4 de octubre. El 6 se sumaron Gecelca y Urrá, y el 7 fueron AES, Enel y Celsia, además de la transportadora ISA; que maneja las líneas de alta tensión. Y así, como dominós se fueron sumando 82 empresas que renegociaron 954 contratos, que suman unos 2 billones de pesos en menores costos para los usuarios.

Aunque es un dinero significativo, el resultado final es pequeño en contraste con el aumento de las tarifas, y llevarán a reducciones de máximo el 8% cuando han subido hasta el 50%. Además, como ha dicho la ministra, es apenas un primer paso en un cambio más grande en el sector, en el que las demandas pueden estar menos alineadas. Hay especial preocupación por dos asuntos. Uno es lograr que entren a generar proyectos nuevos que enfrentan retrasos y dificultades, encabezados por Hidroituango en Antioquia y los parques eólicos y solares de La Guajira. El otro es solucionar el problema del servicio en el Caribe, que ha sido un dolor de cabeza por décadas y que sigue teniendo una combinación de alta demanda por el clima, mal estado en la infraestructura por rezagos en las inversiones, interrupciones en el servicio, altas tasas de conexiones ilegales y un rechazo social grande a las comercializadoras.

A pesar de esos retos, el pacto en sí mismo es un aterrizaje de la idea del diálogo social del Gobierno con el sector menos obvio, el empresarial. “Haber sentado en un diálogo a casi todo el sector ya es un logro sin precedentes” dice la ministra Vélez. “El pacto sirve de ejemplo para los demás sectores”, explica Gutiérrez. Para el Gobierno del cambio, lograr que un sector empresarial se alinee con una necesidad social y económica y reduzca voluntariamente sus ingresos no es un logro menor. Tampoco lo es para un país que muchos han caracterizado de fragmentado o polarizado, y para un clima político en el que un Gobierno de izquierda parecía estar condenado a chocar con el empresariado.

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