Fidelidad a Petro y solidez técnica: así es Ricardo Bonilla, el nuevo ministro de Hacienda de Colombia

En sus primeras declaraciones a medios como ministro de Hacienda designado Ricardo Bonilla mostró lo poco que le importa la popularidad: este jueves dijo a CARACOL RADIO que el precio de la gasolina debe seguir subiendo hasta llegar a su costo real, de unos 15.000 o 16.000 pesos, cuando hoy vale alrededor de 11.000. Ese anuncio, que muestra continuidad en la política económica y energética, refleja también un rasgo central de quien tiene en sus manos las finanzas del Estado: es fiel al presidente Gustavo Petro, quien ha defendido la necesidad de desmontar los subsidios a los combustibles fósiles.

Bonilla (Bogotá, 73 años) es un académico. Economista graduado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con posgrado en economía industrial de la Universidad de Rennes 1, en Francia, duró 30 años en la academia, como profesor de planta de la Universidad Nacional y miembro del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de esa universidad. Esa vida en las aulas y las investigaciones terminó de manera aparentemente abrupta, cuando en 2011 el hoy presidente Gustavo Petro fue elegido Alcalde de Bogotá.

Bonilla, junto con su compañero en la Nacional Jorge Iván González, hoy director de Planeación Nacional de Petro, fueron los dos cerebros del programa económico de la campaña de Petro. A diferencia de su colega, Bonilla aceptó una designación en el gabinete distrital, como secretario de Hacienda. Petro, quien no tenía experiencia administrativa sino legislativa, le apostó entonces a académicos de izquierda para conformar buena parte de su equipo. Bonilla, de línea keynesiana en economía y representante de una izquierda moderada, fue uno de los que más se mantuvo en su cargo y más se acercó a quien ahora lo designa como ministro.

Esa cercanía se convirtió en una lealtad casi incondicional. No solo ha hecho parte de los comités programáticos de las campañas de Petro a la presidencia en 2018 y 2022, una función usual para un académico cercano a un político, sino que incluso ha asumido funciones más administrativas o electorales. Por ejemplo, lideró el apoyo del sector del Petro a la candidatura continuista de Clara López para reemplazar al hoy presidente en la Alcaldía de Bogotá en 2015, o gerenció la lista del movimiento de Petro, la Colombia Humana, al concejo de Bogotá en las elecciones locales de 2019.

Más allá de ese acompañamiento político, la fidelidad se notó en situaciones difíciles. En sus decisiones más sonadas como alcalde, Petro decidió reducir el valor del pasaje del sistema de transporte público de la cuidad, especialmente en las horas de menor afluencia. La dificultad estaba en que esa decisión llevaba a que el Distrito recibiera menos recursos, y el decreto que definió la reducción de las tarifas no tenía estudios previos. La decisión del alcalde era clara, pero el riesgo jurídico también. Por eso, el gerente de la empresa encargada del transporte masivo Transmilenio, el experto en transporte y consejero de Petro en la materia Fernando Rey, prefirió renunciar antes que firmar la decisión. Bonilla, como secretario de Hacienda, se mantuvo firma y avaló el documento.

Por eso, la Contraloría Distrital abrió una investigación contra Petro, Bonilla y otros funcionarios, en la que alegaba que habían causado un detrimento patrimonial, o una pérdida de recursos públicos, por cerca de 100.000 millones de pesos, unos 33 millones de dólares. Por ese monto la Contraloría congeló sus cuentas bancarias en 2014 y lo sancionó en 2016 con multas que sumaban 217.000 millones de ese entonces y la prohibición de ejercer funciones públicas hasta 2026. Esas decisiones luego fueron anuladas por la justicia, pero muestran el nivel de lealtad que tiene el nuevo ministro con el presidente.

Esa relación, que dista mucho con la que existía entre José Antonio Ocampo y Petro, que incluso habían estado en orillas contrarias en las elecciones presidenciales. Mientras Ocampo fue crítico de decisiones cercanas al corazón del presidente, como la transición energética casi inmediata que anunció la ministra de Minas Irene Vélez o del alto costo de la reforma a la salud que presentó Petro al Congreso, Bonilla ha demostrado compromiso con la visión y aspiraciones de Petro durante más de una década. Es por eso que el exministro de Hacienda y columnista de EL PAÍS Juan Carlos Echeverry define al nuevo ministro de Hacienda como una persona “fiel”.

Pero el mismo Echeverry aclara que se trata de un economista serio, sólido. “Es de perfil bajo, pero lo veo bien. Fue sólido en la alcaldía” reconoce quien como aspirante presidencial en 2022 estaba en la coalición de la derecha, en las antípodas de Petro. En una línea similar el director del prestigioso tanque de pensamiento, Luis Fernando Mejía, dice que la designación es positiva aunque Bonilla aún debe despejar interrogantes. “Tiene experiencia en hacienda pública, como secretario de Hacienda de Bogotá y era el candidato esperado para suceder a Ocampo. Lo sorpresivo fue el momento, por eso es clave los mensajes que ha venido dando desde sus designación, sobre la importancia del cumplimiento de la regla fiscal, la independencia del Banco de la República y, en general, la continuidad de la política económica”, dijo a este diario.

El reconocimiento de Bonilla entre sus colegas, y frente a líderes políticos que no son de izquierda, quedó patente cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos, en cabeza del ministro conservador Mauricio Cárdenas, conformó en febrero de 2015 una comisión de expertos para que le diera las recomendaciones que serían base de una reforma impositiva. Entre los nueve elegidos estaba Bonilla, quien estuvo encargado especialmente de las ideas para mejorar los impuestos locales como el predial y el de industria y comercio. Un asunto eminentemente técnico que muestra la solvencia del nuevo ministro.

“Nuestro país sigue necesitando las exportaciones de petróleo y carbón, son ventas futuras que ya existen”, dijo el ministro entrante este miércoles, manteniendo la línea de Ocampo. También mantuvo la idea de la gradualidad al explicar que sí se deben cambiar los ingresos de la economía extractiva por unos que vengan de la industria pero aclarando que “es un proceso que lleva de 15 a 20 años”. Y, sobre todo, se comprometió a respetar la regla fiscal, la norma que determina es el tope del déficit que debe tener el Estado cada año, y que sirve no solo para tranquilizar a los mercados sino especialmente para equilibrar toda la economía. Como secretario de Hacienda, Bonilla lo hizo: Petro dejó la alcaldía con un déficit de 0,3% del PIB de la capital cuando el tope era del 1,4%, y con deudas del 14,68% de los ingresos del Distrito, pequeño frente al máximo del 80%. La Contraloría encontró que el desempeño fiscal de Bogotá era mejor que el de cualquier capital departamental y estaba en la categoría “sobresaliente”. Una calificación que añora el país en medio de las dificultades económicas actuales.

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