Los obstáculos para abortar en La Guajira: prejuicios, desinformación y déficit médico

Andrea (nombre ficticio) es oriunda del sur de la Guajira y con 21 años se enteró de que estaba embarazada. No lo deseaba. No sabía qué hacer o a quién recurrir. El municipio donde vive es pequeño y todos se conocen. Los médicos, las enfermeras, los vecinos, todos saben quién es quién. Con el temor de que le negaran la atención o que su familia se enterara del embarazo no deseado fue a su empresa prestadora de salud (EPS). Allí no le contaron que podía acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), pero esa es apenas una de las múltiples barreras que encuentran las mujeres para abortar de manera segura. La deficiente infraestructura hospitalaria y el fuerte estigma sigue empujando a las mujeres a hacerse intervenciones en la clandestinidad; un secreto a voces e historias que se repiten y agudizan la ya densa crisis social que anunció el presidente Petro hace una semana.

“En la EPS la médica me dijo que un hijo era una bendición, que no importaba que estuviera joven, que lo demás se resolvía y que debía ser un motivo de alegría para mí”, le cuenta Andrea a EL PAÍS. Tras no encontrar una solución en el médico, su primo le ofreció unas pastillas abortivas que costaban alrededor de 35 dólares en el mercado ilegal. Sus amigas le habían hablado del medicamento y le dijeron que iba a sangrar mucho pero que eso ‘se le pasaba’, aunque podía ser muy riesgoso. “Me generó miedo. Sin embargo, yo no me sentía lista para traer un bebé al mundo”, subraya. Sin indicaciones precisas, se las tomó y los dolores se tornaron insoportables. En sus palabras, tuvo la peor noche de su vida.

Luego de la interrupción con pastillas, con la preocupación de saber si había sido exitosa la intervención y con la seguridad de no volver a su EPS, Andrea por medio de algunos contactos llegó a la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que la asesoraron y apoyaron para que pudiera trasladarse a un lugar donde pudiese recibir atención eficaz. Según la resolución 051 de 2023 expedida por el Ministerio de Salud en cumplimiento de la sentencia C-055/22, que despenalizó el aborto hasta los seis meses, esta información en detalle debió dársela en principio el personal médico de su EPS, de modo que tanto la médica como la psicóloga ejercieron violencia de género al intentar “coaccionar a la persona gestante en la toma de la decisión”.

En muchos centros de salud la coacción viene de la mano de una fuerte estigmatización, señalan varias lideresas sociales. Entre ellas Loana Brito Gómez, de Guajira Fem, una plataforma digital feminista: “No es un secreto para nadie que aquí engañan a las mujeres que no poseen mucha información. Les dicen que no pueden acceder a una IVE porque necesitan permiso de los padres o simplemente cuando vas al psicólogo de la EPS te juzgan y te lavan el cerebro para que no te realices el procedimiento legalmente. Son generaciones que no se han tomado el tiempo de aprender para cambiar el paradigma”, explica.

En ese mismo sentido apunta Viviana Bohórquez, de la línea Jacarandas, una fundación que acompaña abortos en toda Colombia. Conforme a sus cifras, han atendido 12 casos en la Guajira en el último año y todos fueron consultas sobre IVE. Para la abogada, el principal obstáculo en la región es la desinformación. “Ese es un territorio difícil para difundir información en comparación con otros lugares del país donde recibimos miles de casos. Eso demuestra que hay un trabajo pendiente de formar a las mujeres. Si no saben que abortar es un derecho, no lo van a exigir”, agrega.

En sintonía con los testimonios de las lideresas, en días pasados dos magistrados de la Corte Constitucional expusieron públicamente el caso de una presunta violencia obstétrica ejercida por la caja de compensación de la Guajira (COMFAGUAJIRA), la cual le negó la interrupción voluntaria del embarazo a una joven y violó la confidencialidad de la historia clínica al llamar a su familia para contarle la petición de la paciente. Al riesgoso panorama para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las guajiras se le suma una deficiente infraestructura médica.

Uno de los pocos hospitales que se ha capacitado en este tema está en la capital, Riohacha, una ciudad lejana para quienes viven en la zona alta del departamento que pueden estar a más de cinco horas de viaje por vías en pésimo estado, como lo expone Brito Gómez: “Aquí las mujeres indígenas son una gran parte de la población y están en la ruralidad, alejadas de las EPS o de un centro de salud donde puedan realizarse una IVE. Y las de barrios en extrema pobreza dependen económicamente de sus padres o esposos y esto les dificulta un poco más el acceso por gastos en pasaje en transporte”. Según la Fundación Oriéntame, La Guajira, el Chocó y Córdoba son algunos de los departamentos con una tasa de mortalidad materna significativa y a la vez con mayor cantidad de habitantes con necesidades básicas insatisfechas.

La tensión entre la autonomía indígena y los derechos de la mujer

Otra arista medular en la Guajira es el componente étnico. En este departamento alrededor del 20% de la población es indígena, en su mayoría pertenecientes a los Pueblos Wayúu, Wiwa o Kogui. En estas culturas el aborto es un tema sumamente complejo y muchas veces prohibido por su cosmogonía. Aun así, mujeres wayúu como Jazmín Romero Epiayú vienen liderando una revolución por sus derechos al interior de las comunidades indígenas. Romero es fundadora del Movimiento Feminista de Mujeres y Niñas Wayúus y junto con Causa Justa fue parte de las organizaciones sociales que le pidieron a la Corte Constitucional despenalizar esta práctica en Colombia.

La lideresa es clara y acepta que su cultura tiene rasgos patriarcales: “Nuestro esquema normativo es muy patriarcal, dentro de la justicia propia no hay un enfoque de género que nos permita avanzar en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas”, afirma. El año pasado, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) sancionó a varias Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) indígenas por fallas en la atención relacionadas, entre otras, con un fuerte fenómeno de mortalidad materna. Romero Epiyú, además, sostiene que en ocasiones cuando indígenas víctimas de violencia sexual buscan una IVE los médicos les exigen una autorización de las autoridades tradicionales wayúu.

Hace algunas semanas esa disputa entre la autonomía indígena y los derechos sexuales fue protagonista de serios debates jurídicos al interior de la Corte Constitucional. Tanto así que una sentencia derivada del caso ha sido objeto de preocupación para activistas y movimientos feministas. “Esta tensión siempre debería resolverse a favor de las mujeres porque al final son ellas quienes asumen la maternidad. Es muy preocupante que la Corte haya tomado esa decisión”, sostiene Bohórquez de Jacarandas.

Esta semana Gustavo Petro mudó su gabinete a la Guajira y despachó desde ese departamento en una estrategia que denominó “Gobierno con el Pueblo”. En el marco de esa iniciativa este miércoles Francia Márquez se posesionó como ministra de la Igualdad y la Equidad. Pese a eso, las expectativas para lideresas como Romero Epiyúa no mejoraron, pues para ella esa apuesta está incompleta si no se incluye de manera integral una agenda de género durante su estancia en la región. “No he visto el componente de género en el paso del presidente por aquí y eso es urgente. Su visita ha estado más enfocada en lo empresarial”, cuenta al teléfono.

Para otras, como Brito Gómez, hay mucho que hacer en su región donde las mujeres, jóvenes y niñas no han logrado todavía una garantía plena de su autonomía. “Lastimosamente, la gente cree que no somos sujetas de derechos sobre nuestro propio cuerpo y que son ellos los que deben decidir si traemos personas al mundo o no”. Ambas esperan que se salde pronto la deuda del Estado con las guajiras, un gran desafío para la nueva cartera de Márquez y un asunto hasta ahora desapercibido para el mandatario en su ambicioso itinerario en la Guajira.

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