Ana Cristina González: “Las sentencias de tutela no revierten el derecho a abortar de las mujeres en Colombia”

Médica y experta en Bioética, Ana Cristina González también es una de las feministas pioneras del movimiento Causa Justa por el aborto en Colombia. Hace unas semanas una sentencia de tutela de la Corte Constitucional hizo saltar las alarmas de expertas y activistas. Dos mujeres indígenas llevaron su caso hasta el Alto Tribunal después de que les fuera negado un aborto en su entidad promotora de salud (EPS). Aún cuando los magistrados dieron la razón a las mujeres, en sus consideraciones señalaron que no existe el derecho constitucional al aborto. La decisión, sin embargo, choca frontalmente con la sentencia de la Corte del año pasado que despenalizó hasta la semana 24 el aborto en todo el país y que podría dejar la puerta abierta a un peligroso precedente.

En el momento de la entrevista, la doctora González asiste al VII foro que organiza el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI) en Panamá, un encuentro que reúne a cientos de profesionales de la salud, abogadas, activistas y periodistas. América Latina se mueve entre luces y sombras en lo que al aborto se refiere. Mientras la regulación avanza en Argentina, México o Colombia, todavía quedan países en los que abortar está prohibido, como en Nicaragua, Honduras o República Dominicana; ahí ni siquiera se cumplen las tres causales mínimas que contempla la ley de otros países: por violación, cuando peligre la salud de la madre o por inviabilidad del feto. Cada año miles de mujeres mueren en el mundo por abortos inseguros, lo que convierte el asunto en un grave problema de salud pública.

Pregunta. ¿Cómo calificaría usted las sentencias de tutela de la Corte Constitucional?

Respuesta. Me gusta pensar que estamos en una situación anómala. Este fallo no solo contraría la jurisprudencia reciente de la Corte, sino de los últimos casi 20 años en los que el Alto Tribunal ha dicho y aclarado, entre otras cosas, que las barreras de acceso a los servicios de aborto hay que eliminarlas porque si las mujeres no acceden a esos servicios, se están vulnerando sus derechos reproductivos y su derecho a la salud. Pero es importante aclarar que estas sentencias de tutela no revierten el derecho a abortar de las mujeres en Colombia.

P. ¿Cómo es posible que la misma Corte que despenalizó el aborto hasta la semana 24 el año pasado esté dando un paso atrás ahora?

R. Son fallos distintos. El fallo del 2022 fue un fallo de constitucionalidad, que tiene efectos generales sobre toda la población. Los de tutela son inter partes. Ahora, la Corte dijo una serie de cosas que son problemáticas con esta sentencia, por eso hemos solicitado la nulidad de esta decisión. La Corte en primer lugar dice que no existe un derecho fundamental al aborto. Dice que hay un vacío normativo y que las instituciones de salud no están obligadas a prestar los servicios de interrupción del embarazo. Adicionalmente, dice que las comunidades deberían ponderar, caso a caso, las razones de las mujeres cuando quieren abortar en las primeras 24 semanas. Entonces es una situación anómala porque contraría la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional y va un poco más allá, porque tiene que ver con la garantía de un derecho humano fundamental reconocido en Colombia, el derecho a la salud.

P. La Corte señaló que existe un vacío normativo respecto al aborto, ¿qué tiene usted que decir a eso?

R. Nosotras consideramos que tal vacío no existe porque hay una regulación. Y hay algo más que aclarar: el 31 de mayo de este año la Corte estudió varias nulidades que existían contra la decisión de 2022 y dejó en firme en Sala plena la decisión de que en Colombia las mujeres pueden abortar hasta la semana 24 porque no hay delito.

P. ¿Cuál diría usted que pueden ser las consecuencias de todo esto?

R. Con estas afirmaciones se crea confusión, se crea un riesgo inmenso de que las mujeres no quieran ir a los servicios porque se sienten con miedo, arriesguen su salud, sus vidas y, por otro lado, de que se incrementen las barreras de acceso por parte de los prestadores de salud. Algunas otras personas incluso han dicho que esta es una forma de indisciplina judicial de los tres magistrados que decidieron las sentencias. Estos fallos de tutela no van a tirar por la borda toda una larga jurisprudencia donde se ha afirmado que el aborto es un derecho.

P. ¿Crees usted que se trata de una contraofensiva del conservadurismo y de los movimientos anti derechos?

R. Hay muchas personas en el país que no están contentas con la despenalización del aborto y van a seguir buscando maneras de erosionar los logros que hemos alcanzado las mujeres. Me sorprende que los grupos anti derechos, después, no tienen una propuesta. Su única acción es intentar retroceder de maneras radicales y extremas lo que nosotras alcanzamos. Esas acciones solo ponen en riesgo la vida, la salud, la dignidad y la igualdad de las mujeres.

P. Algo que vemos en otros países como México o Argentina es que existe una larga distancia entre la aprobación sobre el papel de una ley y su aplicación. ¿Cuál cree que es la principal traba que viven las mujeres en Colombia a la hora de acceder al aborto?

R. Esas barreras tienen que ver con el desconocimiento de los marcos legales. También hay fallas en la relación directa de los prestadores de salud con las mujeres y en el abuso de la figura de objeción de conciencia. Pero también hay que decir que a un año del fallo de 2022, empezamos a observar una mejor respuesta de parte de las autoridades sanitarias. Más del 90% de las mujeres en Colombia abortan en las primeras semanas de gestación. Contrario al escándalo que hicieron los anti derechos que dijeron que el aborto en la semana 24 era un horror, ni siquiera un 2% de las mujeres llegan después de esas semanas y las que lo hacen son siempre, sin duda, las más vulnerables, las que enfrentaron más barreras de acceso.

P. ¿Cuál crees usted que son los retos a abordar en los siguientes años respecto al aborto a nivel regional?

R. Uno de los primeros desafíos es enfrentar esas desigualdades entre países. Vivimos en una región que es profundamente desigual desde todo punto de vista, también en materia de regulación sobre aborto, pero incluso los contextos más restrictivos, como El Salvador, hemos logrado mover un poco la aguja.

También hay que sacar la conversación del aborto de un nicho de especialistas o que solo se hable de ello como “el derecho al aborto”. En ese ejercicio están en juego derechos que tienen que ver con nosotras como ciudadanas; tenemos que hablar de asuntos que tienen que ver con la democracia, con el tipo de sociedad en la que queremos vivir. ¿Acaso queremos vivir en sociedades que fuerzan a las mujeres a tener maternidades y embarazos? Esas son las preguntas incómodas que hay que hacerle a los progresistas, a los liberales, a los demócratas.

P. ¿Cree que la izquierda latinoamericana le está quedando a deber eso a las mujeres? Me refiero al presidente Petro, a Boric o a López Obrador...

R. Absolutamente. Y qué pesar que no puedo decirlo con duda. Lo hemos visto en cosas muy recientes de discusiones, por ejemplo, en el Congreso en Colombia con el Plan Nacional de Desarrollo. En el momento en que tienen que hacer coaliciones y eso involucra fuerzas de derecha, lo primero que se pone sobre la mesa como moneda de cambio son los derechos de las mujeres.

P. ¿Cuál diría usted que es el mayor desafío de las feministas ahora en Colombia?

R. Creo que el mayor desafío es cambiar la cabeza y el corazón de la sociedad. No puede haber un escenario más pacífico para nuestro país que el que es capaz de respetar las decisiones de todas las mujeres.

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