El Congreso de Honduras aprueba un proyecto de ley que prohíbe el aborto

El Congreso de Honduras aprobó este jueves un proyecto de ley que prohíbe de forma absoluta el aborto en ese país, donde una de cada cuatro niñas ha estado embarazada al menos una vez antes de cumplir los 19 años. Hasta ahora, por ley, no se puede abortar en Honduras bajo ninguna circunstancia. Lo preocupante de la decisión, explica Catalina Martínez, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, es que se votó una enmienda que busca trasladar la prohibición que ya existe a la Constitución. “Este es el precedente más radical que existiría si esto se ratifica por el Congreso”, advierte.

El artículo señala que se considera “prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida por parte de la madre o un tercero al que está por nacer, a quien debe respetársele la vida desde su concepción”.

Expertas de la ONU y grupos de derechos humanos advertían en un comunicado conjunto esta semana sobre el peligro que representa para los derechos de las mujeres el proyecto presentado por Mario Pérez, diputado del oficialista Partido Nacional. “La prohibición quedaría expresa en la Constitución, que es el instrumento jurídico más importante”, reitera Martínez.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre discriminación contra las mujeres y niñas visitó Honduras en 2019 y concluyó que el número de abortos en condiciones de riesgo podría estar entre los 51.000 y lo 82.000 por año. “La cárcel no previene embarazos no deseados. Es una medida injusta y desproporcional”, señaló en Twitter la organización Somos Muchas, un colectivo que defiende el derecho a decidir y lucha contra de la criminalización del aborto en Honduras. “El Congreso está bloqueando el acceso a abortos seguros ¡No se vale tanto odio!”, reclamaron este jueves.

Después del 25 de enero el Congreso se volverá a reunir -de forma virtual como lo hizo este jueves- y podría ratificar el proyecto de ley. Honduras es uno de los países más restrictivos en el mundo para acceder a servicios de salud reproductiva. El aborto es castigado con cárcel en cualquier circunstancia y prohíbe la distribución de la píldora anticonceptiva de emergencia, incluso para las víctimas de violencia sexual.