El aborto legal en América Latina, un privilegio más que un derecho de las mujeres

El vídeo ha dado la vuelta a la región, generando una ola de ilusión entre miles de mujeres latinoamericanas. Como si fuera el pitido final de un partido decisivo, las activistas argentinas que se congregaron en la plaza del Congreso celebraban la aprobación por la Cámara de Diputados del proyecto de ley que permite acceder libre y legalmente al aborto hasta la semana 14 de gestación. En paralelo, por toda América Latina, esa marea verde inspiraba a colectivos feministas que sueñan con que la interrupción segura del embarazo deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho para quien lo necesite.

El proyecto impulsado por el Gobierno de Alberto Fernández está ahora en manos del Senado. De aprobarse, Argentina, el país natal del papa Francisco, pasaría a integrar la vanguardia del continente latinoamericano en garantizar el derecho de las mujeres a elegir cuándo y cómo ser madres. Hasta hoy, solo Cuba, Uruguay, Guyana y Guayana Francesa han regulado el aborto libre, además del Estado mexicano de Oaxaca y la Ciudad de México. En el extremo contrario, están El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití que prohíben, sin excepciones, la interrupción voluntaria del embarazo.

Entre ambos extremos se abre todo un abanico de condiciones, restricciones y vetos que terminan por quitarle el poder de decisión a las propias mujeres. Por ejemplo: Bolivia y Colombia son los casos en la región que recogen la posibilidad de abortar en más supuestos: si no está asegurada la viabilidad del feto, en casos de violación, incesto, o si existe amenaza para la vida, la salud física o mental de la mujer. La lista puede parecer larga y completa, pero la verdadera diferencia está en quién reside la carga de la prueba. En una ley de acceso abierto, como la uruguaya o la cubana, la norma presume que la mujer puede decidir bajo su propio criterio. De las normas colombiana o boliviana subyace la presunción contraria: antes de la interrupción, la mujer debe probar que su caso se adecúa a alguna de las causas contempladas. Y esta lista se reduce aún más en otros países: en Chile, donde el aborto se despenalizó solo hace tres años, se centra en la inviabilidad del feto o en la amenaza para la vida de la mujer; en Costa Rica, solo cuenta si hay peligro de salud física para ella. En los contextos más extremos (Guatemala, Paraguay), la mujer solo puede abortar si se demuestra que su vida corre peligro, lo que casi equivale a una prohibición de facto.

Cuando hay supuestos, hay personas e instituciones diferentes a la mujer que deben certificar que las condiciones se cumplen. Doctores, jueces, psicólogos, o un simple requerimiento de tiempo de espera son algunos de los más habituales.

Y si algo tienen en común todos los países que prohíben o restringen bajo condicionantes el acceso a la interrupción libre del embarazo es que la mujer que lo practique fuera de la norma corre el riesgo de terminar en la cárcel o poniendo en riesgo su salud. Una reciente investigación publicada por la revista médica The Lancet señala que la proporción de procedimientos que se pueden considerar como seguros para la mujer varía drásticamente entre países, normalmente en relación con el grado de restricción que rige en cada uno.

Un mercado clandestino de riesgo

Que el aborto esté prohibido no significa que no exista. Simplemente que lo hace quien puede: quien tiene los recursos y contactos para interrumpir su embarazo de manera segura, mientras que otras mujeres ponen en riesgo su vida por recurrir a métodos clandestinos o acaban en la cárcel, en ocasiones tras tener abortos espontáneos o dificultades obstétricas. Ese es el caso de El Salvador, donde en la actualidad hay 22 mujeres en la cárcel, condenadas o con procesos abiertos por ese motivo, como explica la periodista especializada en temas de violencia basada en género María Luz Nóchez. En un extenso reportaje en El Faro, titulado El privilegio de abortar, Nóchez documentaba cómo la prohibición del aborto en el país generaba un mercado clandestino de intervenciones inseguras y convertía la salud en un privilegio.

“Las mujeres que, por el problema de la desigualdad, no tienen las condiciones necesarias para seguir un control médico de calidad, si tienen algún inconveniente en su embarazo y terminan teniendo una emergencia obstétrica, pueden acabar en la cárcel hasta por más de 30 años”, explica la periodista. “Desde que salen del hospital las esposan, en lugar de esperar a un juicio y en lugar de concederles la presunción de inocencia, al contrario de a cualquier otro acusado”, afirma.

Naciones Unidas ha alertado de que el Código Penal de El Salvador afecta “desproporcionadamente a las mujeres pobres”. Además, un panel de expertos en derechos humanos de esa organización pidió en 2017 a los países derogar las leyes que penalizan indebidamente la interrupción del embarazo. “La posibilidad de las mujeres para tomar decisiones libres para ellas y sus familias no debe ser un privilegio reservado para las mujeres con recursos, sino que debe ser un derecho”, dijeron entonces.

La desigualdad en el acceso al aborto se ve en todos los países donde hay restricciones. En Argentina, cada año se estima que se practican más de 300.000 abortos. Las mujeres con recursos económicos y socioculturales pueden costearse abortos seguros en la clandestinidad, pero las más pobres a menudo lo hacen con métodos y condiciones inseguras. Unas 40.000 deben ser hospitalizadas anualmente por complicaciones.

El referente suramericano es Uruguay, donde desde 2013 las mujeres pueden abortar por voluntad propia en las primeras 12 semanas de gestación y hasta la 14 en casos de violación. Previo a la ley, se estimaban unos 33.000 abortos clandestinos por año; siete años después son cerca de 10.000 los que se hacen en los plazos y condiciones que marca la normativa vigente. Su implementación redujo las muertes de forma drástica: solo una mujer ha fallecido desde entonces por complicaciones quirúrgicas durante una interrupción legal del embarazo.

Pero en otros países, como El Salvador, ese tipo de reformas parecen lejanas. En 2018, en el país centroamericano se planteó cambiar las leyes y el Código Penal para permitir el aborto en algunas excepciones, como cuando la vida de la madre está en peligro u otras circunstancias extremas, pero el debate no salió adelante, algo que la periodista María Luz Nóchez achaca a los grupos de presión conservadores y vinculados a organizaciones religiosas. Por eso, ve con esperanza lo sucedido este viernes en Argentina. “Es de mucha inspiración para el resto de América Latina, porque es una ciudadanía que no se rindió y que lograron penetrar en gente que quizás no estaba del todo convencida. Y eso luego se transforma en votos para una reforma como esta”, afirma.

El voto positivo en la Cámara de Representantes en Argentina se produce dos años después de que un proyecto similar se rechazara en el Senado de ese país que, pese a ser pionero en leyes como el matrimonio homosexual o la de identidad de género, arrastra una normativa sobre el aborto que se remonta a un siglo atrás. Desde 1921, es legal interrumpir el embarazo en casos de violación o riesgo para la vida de la madre, pero en cualquier otra circunstancia se considera un delito penado con hasta cuatro años de cárcel.

Pero los meses de discusión pública, desde que se rechazó la propuesta en 2018, hicieron que el aborto dejase de ser un tabú y avanzase la despenalización social, impulsada por las más jóvenes. Gracias a ese cambio, diputadas como Flavia Morales, cambiaron su voto respecto a dos años atrás. “He reflexionado y analizado. No se trata de lo que pienso sino de lo que está sucediendo fuera. En pandemia se siguen realizando estas prácticas clandestinas”, señaló Morales antes de votar a favor del proyecto. En otros casos, las férreas convicciones religiosas se impusieron.