No habrá más abortos, habrá menos condenadas

El estigma existe. Una mujer no habla de un aborto como lo haría de una operación de riñón. Casi siempre es una intervención a la que le sigue la vergüenza, el silencio y la culpa. Uno de los logros que el robusto movimiento feminista argentino consiguió hace dos años, en su penúltimo intento para convertirlo en ley, fue cuestionar el tabú, ayudar a la despenalización social. Pusieron sobre la mesa que un aborto legal, seguro y gratuito es la conquista de un derecho para todas las mujeres, ni más ni menos. Este viernes han dado un paso importante con la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley, pendiente ahora de la votación del Senado.

El debate no es aborto sí o aborto no. Las prohibiciones no los frenan. Solo en Argentina, se practican entre 371.965 y 522.000 abortos cada año al año, según un informe de Human Rights Watch (HRW). La cuestión de fondo es en qué condiciones se practican y cuáles son las consecuencias para las mujeres que acceden a ellos en los peligrosos márgenes que deja la persecución penal. En los últimos 40 años, más de 3.000 mujeres han muerto por abortar en Argentina. Y 39.000 son hospitalizadas cada año por complicaciones derivadas de interrupciones de embarazos, según los datos oficiales.

“La legalización del aborto salva vidas de mujeres, no aumenta la cantidad de abortos ni los promueve. Solo resuelve un problema que afecta a la salud pública”, resumió el presidente argentino, Alberto Fernández. Es la primera vez que el principal mandatario de Argentina está a favor de que se despenalice en todos los supuestos y sea accesible en las primeras 14 semanas. Y puede que este intento, el noveno, sea el definitivo para un país más próspero y con más cuotas de libertad que sus vecinos.

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Argentina es el único país de la región, con Uruguay, que está en cabeza en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas que mide la esperanza de vida, la educación y la riqueza, entre otras variables. Fue la nación pionera de América Latina en aprobar una ley de matrimonio igualitario (2010) y otra de identidad de género para garantizar condiciones dignas a las personas trans, en 2012. Los derechos de las mujeres siempre se quedan para el final. Si la ley recibe respaldo suficiente en el Senado ―donde cayó en 2018―, será el primer gran país latinoamericano con una normativa que ya tienen Uruguay, Cuba, Guayana o Ciudad de México.

Un aborto trae estigma casi siempre. Y, a veces, consecuencias peores que recaen sobre los hombros de las más vulnerables. El ejemplo más grave está en El Salvador, uno de los países más restrictivos del mundo frente a este derecho. Allí están Las 17, mujeres presas con condenas de más de 30 años por abortar o perder a los bebés por complicaciones obstétricas. “El Código Penal de El Salvador afecta desproporcionadamente a las mujeres pobres”, alerta Naciones Unidas. En Argentina, lo subrayan informes de HRW y del Centro de Estudios Sociales y Legales: al menos 73 mujeres han sido criminalizadas desde 2012. La amenaza penal impacta en todas las mujeres “pero solo encarcela y castiga a quienes carecen de las herramientas simbólicas o materiales para acceder a un aborto seguro, dentro o fuera del sistema de salud”, dice Human Rights Watch. Despenalizar el aborto no es solo asegurar un derecho para todas, es también la garantía de que algunas, las más pobres, no acabarán en la cárcel o en el hospital.