El Congreso argentino inicia el debate de la legalización del aborto con apoyo del presidente

La Cámara de Diputados vota, dos años después del último intento, la libre interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación

Movilización frente al Congreso argentino a favor del aborto legal, en noviembre.Servicio Ilustrado (Automático) (EFE)

Es la novena vez que se presenta un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso argentino, pero quizá es la última. A diferencia de las anteriores, la iniciativa es impulsada por el Gobierno y cuenta con el respaldo del presidente, Alberto Fernández. Los partidarios del aborto legal negociaron cambios de última hora para sumar adhesiones, conscientes de la reñida votación que se avecina: a partir de este jueves en la Cámara de Diputados y después en el Senado. En 2018, el proyecto fue aprobado por la primera Cámara, pero rechazado en la segunda.

La propuesta que comenzarán a debatir los diputados este jueves cerca del mediodía —y que se prevé que se prolongue hasta la madrugada del viernes— regula que las mujeres y “otras identidades con capacidad de gestar” puedan interrumpir su embarazo hasta la semana 14. Desde que se solicita el aborto hasta que se realiza no pueden pasar más de diez días, lo que pretende evitar calvarios como el de Lucía, una niña de once años violada por su abuelastro a la que tuvieron casi un mes internada hasta que una orden judicial obligó al hospital a cumplir con su voluntad de abortar.

La legalización del aborto va acompañada de otro proyecto, el Plan de los mil días, que pretende acompañar, proteger y apoyar la maternidad y los tres primeros años de vida del recién nacido. Esa iniciativa, junto a los cambios realizados al proyecto del aborto del Ejecutivo —como la flexibilización de la objeción de consciencia—, pretenden captar a los legisladores indecisos para que voten a favor de la ley.

“La legalización del aborto salva vidas de mujeres, no aumenta la cantidad de abortos ni los promueve. Solo resuelve un problema que afecta a la salud pública”, dijo el presidente argentino al anunciar el envío del proyecto al Congreso, a mitad de noviembre. Desde el regreso de Argentina a la democracia, en 1983, más de 3.000 mujeres han fallecido por abortos. Cada año cerca de 40.000 mujeres son hospitalizadas por complicaciones derivadas de interrupciones de embarazos.

“El debate no es decirle sí o no al aborto. Los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres que a ellos se someten. Por lo tanto, el dilema que debemos superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud argentino”, subrayó Fernández. La mayoría de las víctimas fatales fueron mujeres que abortaron en condiciones inseguras, a veces con métodos peligrosos como perchas, perejil o sondas. En esos casos, a menudo se retrasó la búsqueda de ayuda médica por miedo a las consecuencias: la ley argentina castiga el aborto con penas de hasta cuatro años de cárcel excepto si el embarazo fue fruto de una violación o corre riesgo la salud de la madre.

Amenaza penal

“La amenaza penal impacta sobre todas las personas que interrumpen un embarazo. Pero solo encarcela y castiga a quienes carecen de las herramientas simbólicas o materiales para acceder a un aborto seguro, dentro o fuera del sistema de salud”, señala el Centro de Estudios Sociales y Legales en una investigación realizada junto a la Universidad de San Martín sobre la persecución legal de quienes abortan en Argentina. Según el CELS, al menos 73 mujeres han sido criminalizadas por abortos u otros eventos obstétricos desde 2012.

El caso más conocido fue el de una mujer conocida como Belén, que permaneció presa 29 meses por un aborto espontáneo en Tucumán, en el norte del país, en 2014. Otra es Gimena, de 26 años y madre de dos hijos, que desde 2016 está detenida en una unidad penitenciaria de Salta. Una de las pruebas que usó la Justicia para condenarla fue haber buscado en internet cómo realizar abortos caseros. Patricia, madre de dos hijas, falleció en 2019, a los 40 años, en la cárcel donde estuvo recluida desde 2015, condenada por haber abortado a los cinco meses de gestación y haberse deshecho del feto en un descampado.

En 2018, el presidente Mauricio Macri habilitó por primera vez el debate legislativo sobre la interrupción legal del aborto y anunció que, de aprobarse el proyecto, no lo vetaría. No tuvo que cumplir su promesa: los 38 votos en contra en el Senado —frente a 31 positivos— enterraron la iniciativa que había aprobado la Cámara baja.

Los meses de debate en el Congreso y las movilizaciones en la calle a favor y en contra del aborto legal polarizaron a la sociedad argentina, pero lograron también que la interrupción del embarazo dejase de ser un tabú. Cientos de mujeres han hecho públicos desde entonces sus abortos, entre ellas la diputada oficialista Cecilia Moreau.

“Nadie toma el aborto como un método anticonceptivo. Nadie promueve el aborto. Nadie quiere llegar a un aborto. ¿Pero saben qué? Pasa”, dijo Moreau frente a sus colegas la semana pasada. “Esta mujer que hoy está presidiendo esta comisión a los 16 años le pasó. Me falló el método anticonceptivo. Yo era una nena y quería tener una vida. Soñaba con ser médica, con militar, con viajar. Tuve la suerte de poder hablar con mi mamá y con mi decisión consciente y responsable mi mamá me acompañó, pero también tuve la suerte de que tenía los métodos económicos para llegar a un consultorio en Recoleta”, continuó, al relatar su aborto en las condiciones más seguras en ese momento, cuando las intervenciones requerían la intervención médica y no se hacían con pastillas, la opción mayoritaria hoy en día.

Un debate en la calle

Partidarios y detractores del aborto legal —identificados por el color verde en el primer caso y el celeste el segundo— se movilizarán este jueves frente al Congreso pese a la pandemia de covid-19 que ya ha causado más de 40.000 muertes en el país. Católicos y evangélicos lideran la ofensiva contra la aprobación de la ley por considerar que la vida comienza en la concepción. Los diputados opuestos a la ley respaldan el Plan de los mil días, que se votará a continuación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, pero destacan que no puede servir como compensación. “La respuesta a un embarazo no deseado tiene que ser un Estado que acompañe a esa mujer. Que el chico nazca y que de última se lo dé en adopción si no lo quiere tener. Este Gobierno cree que dando un poco de plata se resuelve todo”, critica la diputada celeste Cynthia Hotton.

Una multitud celebrará una vigilia en las calles a la espera de los resultados. De aprobarse, pasará al Senado, la cámara más conservadora. En 2018, los senadores cerraron las puertas a que Argentina se convirtiese en el primer gran país de América Latina en legalizar el aborto, tras los pasos de pequeños como Uruguay, Cuba, Guyana y ciudades como la capital mexicana.

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