Beatriz vs El Salvador: el drama de una joven que puede cambiar la legislación del aborto más restrictiva en América

“Cuando a mi hija le diagnosticaron lupus y un embarazo, los doctores le habían dicho que no podía seguir con su embarazo, porque la vida de ambas estaba en peligro. Que solo había una forma de que igual se salvara ella, pero que ellos no podían hacerlo. Ellos no podían permitir un aborto”. Con la intervención de la madre de Beatriz, arranca una audiencia histórica en la defensa de derechos sexuales y reproductivos en El Salvador. Este miércoles y jueves la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) investiga por primera vez las consecuencias de la penalización absoluta del aborto que se recoge en el Código Penal salvadoreño como delito bajo cualquier circunstancia desde 1998. Un fallo favorable para la familia podría agrietar la legislación antiaborto más restrictiva del continente, que condena la interrupción del embarazo con penas de hasta 50 años de cárcel, y sentar precedente en la región. “Para mi hija, tomar la decisión de querer seguir viviendo fue una tortura. Yo solo quiero que nadie pase por lo que mi hija pasó. Solo eso”, ha explicado contenida su madre en la corte de San José (Costa Rica).

Beatriz tenía 21 años y un niño de nueve meses cuando le dieron un difícil diagnóstico: padecía lupus, fuertes daños renales y artritis. También supo con esa edad que estaba embarazada con un feto que se desarrollaba sin cráneo ni cerebro, con una malformación incompatible con la vida. A pesar de que la joven solicitó que interrumpieran su embarazo con 13 semanas de gestación, la omisión del Estado obligó a la joven a elevar el caso al sistema interamericano de derechos humanos. En mayo de 2013, 13 semanas después de la petición de Beatriz, la Corte IDH instó a que terminaran con el embarazo. El Estado accedió entonces finalmente a practicar una cesárea, según consta en la página oficial de la acusación y confirma la Colectiva Feminista, —una operación mucho más invasiva de la requerida inicialmente— y el feto falleció a las cinco horas. Como consecuencia de la tardía intervención, la salud de Beatriz se debilitó “extremadamente” y falleció cuatro años después tras ser hospitalizada por un leve accidente de moto.

Cuando el doctor Guillermo Ortiz, quien también estuvo a cargo de su primer embarazo, evaluó los riesgos de esta nueva gestación anotó un “riesgo alto” si continuaba adelante. “En vista de que no había ninguna posibilidad que revertiera la anomalía congénita del feto, solo nos quedaba proteger la vida de esta mujer”, explicó frente a los siete magistrados independientes que lideran el más alto tribunal de la región, congregados este miércoles en San José.

La recomendación de terminar con el embarazo se elevó a un comité de 15 doctores que coincidieron. Sin embargo, no pudieron llevar a cabo el tratamiento sugerido “por miedo a las represalias”. En El Salvador, los sanitarios que recomiendan o practican interrupciones del embarazo enfrentan hasta 12 años de cárcel. La criminalización también hace que muchos de ellos violen el secreto profesional y denuncien a sus pacientes ante sospechas de abortos intencionados para evitar ir a la cárcel.

Preguntado por si conocía las recomendaciones del Comité Médico, compuesto por los 15 jefes de área del hospital, el doctor Rafael Barahona, en defensa del Estado, puso en duda su autoridad: “Esos cargos suelen ser puramente administrativos, no tenían conocimientos médicos para atenderla. No son los que ven a los pacientes”. Además, negó que la vida de Beatriz estuviera en peligro. “En esa segunda gestación, nunca estuvo en riesgo. Planificaron una cesárea cuando podrían haber esperado un poco más a que fuera el parto. Eso hubiera sido menos invasivo”, afirmó. “La mayoría de mujeres embarazadas con lupus suelen mejorar después del embarazo”. Marcela Martino, subdirectora de Cejil para Centroamérica y México, ha lamentado en el descanso de la audiencia que la argumentación del Estado esté centrada en la “urgencia” de la intervención: “La posición del Estado está siendo básicamente que las mujeres tienen que esperar a estar al borde de la muerte para poder acceder a un tratamiento adecuado”, ha lamentado.

Un fallo que puede generar un precedente histórico

Tras las dos jornadas de audiencias de esta semana, las partes tendrán 30 días para presentar alegatos por escrito y se espera que la corte emita una resolución a finales de año. Un fallo a favor de Beatriz abre varios escenarios que finalmente dependerán del Gobierno de Nayib Bukele. El presidente, que se presentó como el único capaz de solucionar las injusticias de El Salvador, ha mutado todas sus políticas en medidas autoritarias que ignoran los derechos humanos, incluido el acceso al aborto. “Cuando fuimos con mi esposa a ver el primer ultra y vimos ese corazoncito, para mí ya era mi hija. Y pensar en destruirlo o matarlo… Es difícil aunque sea el hijo de un violador, es tu hijo”, dijo Bukele en una entrevista. Atrás quedaron sus pronunciamientos en campaña electoral cuando llamó “fanáticos” a quienes exigían a Beatriz a seguir con el embarazo. En 2021, se posicionó alto y claro en contra de la legalización del aborto bajo cualquier causal. Incluso llegó a compararlo en varias ocasiones con un “genocidio”.

Esta no es la primera vez que los ojos internacionales están puestos en El Salvador en esta materia. En febrero de 2020, la ONU obligó a que tres mujeres víctimas de una emergencia obstétrica fueran liberadas de la cárcel. Desde 2009, 70 mujeres han sido puestas en libertad por diagnósticos similares. Rosita fue la última y pasó 4.934 días entre rejas, pero aún quedan seis más privadas de libertad. “El presidente habla siempre de que él va a ‘cambiar la historia’. Este es un momento perfecto para hacerlo”, explica Alejandra Burgos, miembro de la Colectiva Feminista, colitigantes del caso. “Este juicio no es un ataque a Bukele, como algunos lo quieren hacer ver. Esto es para exigir justicia por lo que pasó en 2013 y lo que sigue pasando con tantas otras mujeres”, dice desde la sede de la entidad, hoy teñida de morado y verde.

“¿Por qué no abortó por fuera del sistema?”

En una de las aulas de la facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, desde donde se proyecta la audiencia, decenas de mujeres chascan la lengua ante las preguntas de uno de los magistrados más conservadores de la Cámara, Humberto Antonio Sierra Porto al doctor Ortiz: “Si yo fuera una mujer a la que le dicen que su vida está en riesgo y que, además mi hijo va a nacer sin cabeza… Sabiendo que hay formas de abortar fuera de la legalidad, ¿por qué no lo hizo por fuera del sistema?”. “Pues no lo sé. Pero para ello hay que tener recursos. Y yo la conocía y no los tenía”, ha respondido el doctor Ortiz.

Aunque El Salvador es uno de los veinte países que reconocen el sistema interamericano de derechos humanos, el temor de las organizaciones feministas es que el Gobierno de Bukele no acate las medidas vinculantes que pedirá la Corte IDH. “Lamentablemente, en el contexto actual, es una opción, ya que este Gobierno ha hecho alianzas con grupos antiderechos y se ha pronunciado en contra de los derechos de las mujeres y niñas… Esa es la gran preocupación”, explica Erika Guevara, directora regional de Amnistía Internacional.

Esta preocupación la comparten decenas de ginecólogos en el país, que desde 1998 tienen que darle a las mujeres con embarazos de riesgo la misma respuesta: “No puedo hacer nada”. El doctor Miguel de Guidos es uno de ellos. “Hay casos en los que la ciencia nos muestra las recomendaciones, pero nosotros estamos atados de pies y manos”, explica.

Tanto las organizaciones feministas como los datos arrojan una realidad repetida hasta la saciedad: la penalización no provoca un descenso en el número de abortos. Simplemente obliga a que las mujeres busquen formas inseguras de hacerlo. La aguja para hacer punto, una percha, inyecciones de agua jabonosa, infusiones de hierbas… Métodos que duelen tanto que las obligan a “agarrarse al lavabo”, como apuntó Annie Ernaux en el íntimo relato escrito en primera persona, El Acontecimiento. “Yo también estaba dispuesta a agarrarme al lavabo. No se me ocurría que podría llegar a morir”. En Centroamérica y El Caribe, donde se concentran los cinco únicos países que recogen el aborto en el Código Penal: El Salvador, Haití, Honduras, República Dominicana y Nicaragua, cientos de mujeres han perdido la vida por legislaciones antiaborto.

“A mi hija le regalaron una cuna después de decidir abortar”

Durante la primera sesión de la audiencia, el doctor Ortiz y la madre de Beatriz denunciaron la persecución de grupos antiderechos, autodenominados “provida”, con fuerte presencia en el país y en sectores del Gobierno. “A mi hija le regalaron una canasta (cuna) después de tomar la decisión de abortar”, dice consternada la madre. El equipo de abogadas que acompañan el caso lamenta que la joven recibió también gorritos de lana tras la cesárea en la que el feto nació, como establecieron los médicos sin cráneo ni cerebro. “Vivimos una verdadera tortura”, ha añadido la madre.

Estos grupos han seguido muy de cerca el litigio y han convocado manifestaciones frente a la sede de la Corte IDH y vigilias online de oración en todo el continente. Este sector religioso y ultraconservador acusa a las organizaciones feministas de manipular la historia. “Existe un lobby enorme que también tiene peso en el Gobierno. Es innegable”, señala Burgos.

Si bien este es el primer litigio del Sistema Interamericano que ahonda en las consecuencias de la penalización absoluta del aborto, la Corte IDH ya ha emitido otras sentencias históricas en las que ha ido mostrando su inclinación hacia los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En 2012, en el caso de Artavia Murillo vs Costa Rica, declaró que la protección del embrión era “gradual y no absoluta”. “El embrión no puede ser entendido como persona”, se lee en esa sentencia. Sin embargo, once años después de ese pronunciamiento, la rotundidad de los tribunales no es universal. Sobre todo en países donde la Iglesia y el conservadurismo tienen tanto peso como en Centroamérica.

“Es necesario que discutamos el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo con base en la evidencia, no en opiniones”, dice por teléfono Marcia Aguiluz, Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide. “La tendencia en el continente es hacia la despenalización, pero en Centroamérica los cambios están llegando más lentos”. Por eso, las organizaciones feministas del continente tienen sus esperanzas puestas en la decisión que salga de este tribunal.