La pastilla del día después vuelve a ser legal en Honduras

Honduras le devolvió a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos, al menos parcialmente, con el acceso a la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE). Este miércoles, el Día Internacional de la Mujer, la presidenta del país centroamericano, Xiomara Castro, anunció el acuerdo ejecutivo “para su libre uso y comercialización”. “La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que es parte de los derechos reproductivos de la mujer y no es abortiva”, dijo en sus redes.

Las últimas tres palabras van dirigidas al sector ultraconservador y religioso que lleva años dinamitando la lucha feminista por avanzar en los derechos sexuales de la mitad de la población. Honduras es uno de los cinco países de la región donde la interrupción voluntaria del embarazo está totalmente prohibida. Este miércoles también se ha convertido en el último país de América Latina en permitir la pastilla del día después. Esta será gratuita en los centros de salud y también se conseguirá sin receta en las farmacias, como cualquier otro anticonceptivo.

“Es una victoria enorme del movimiento feminista”, explica Jinna Rosales, coordinadora del Ge PAE, el grupo estratégico que lleva 13 años luchando por la legalización de la píldora. “Lamentablemente hay una campaña de desinformación enorme de los grupos antiderechos y religiosos que llega también a quienes toman las decisiones”.

Aunque los componentes cambian (solo levonorgestrel o etinilestradiol y levonorgestrel), la anticoncepción de emergencia no tiene efectos abortivos, ya que no sería eficaz contra un óvulo fecundado. Sin embargo, esta creencia equivocada ha ido de boca en boca entre los hombres que han decidido sobre este servicio de salud de las mujeres, que además de ser legal en toda América Latina, es gratuito en varios países como Chile, Argentina, España o México.

La PAE se prohibió en Honduras en 2009 bajo el falso pretexto de que era “abortiva”. Este fue uno de los primeros derechos arrebatados tras el golpe de Estado de Honduras, ya que su uso era libre y gratuito en el país desde 1999. Desde entonces, las ideas moralistas alrededor de la pastilla han calado entre los sectores más conservadores del país, incluido el actual Ministro de Salud, José Manuel Matheu, quien, a pesar de aparecer sonriente en la firma del acuerdo ejecutivo de este miércoles no ha escondido nunca su recelo. El también doctor ha manifestado varias veces que consultaría el debate con la Conferencia Episcopal y en una entrevista con BBC aseguró incluso que no iba a promover la medida “para que haya desenfreno sexual”. “Vamos a usar la píldora del día después para la que es víctima de una violación. Para el que tenga un sexo irresponsable debe hacerse responsable del sexo”, añadió.

Bajo esta premisa que ignora la autonomía de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos se aprobó una medida a finales de 2022 en la que se permitía la venta de la PAE solo para supervivientes de violencia sexual. Esta iniciativa fue celebrada por algunos, que señalaban que era un primer paso, y criticada por otras como el Centro de Derechos de las Mujeres de Honduras (CDM), quienes lamentan que es iniciativa “revictimizante”. “Esto obliga a las niñas o mujeres violadas a ir al hospital a que los sanitarios lo comprueben”, explica Argentina Rodríguez, comunicadora y vocera de CDM. “Además, dado el subregistro de estos casos, no beneficiaría siquiera al 1% de las afectadas”. Según un estudio de la entidad, al año, solo 50 mujeres víctimas de la violencia sexual acuden al centro de salud. Sin embargo, el año pasado, el país registró 2.914 víctimas de violación.

Ahora empieza el trabajo más fuerte

La lucha por la igualdad fue bandera política de la presidenta quien, en su plan de Gobierno, aseguró que promovería la educación sexual, combatiría la violencia de género, incorporaría a más mujeres a la economía, legalizaría el aborto en circunstancias limitadas y anularía la prohibición de las píldoras anticonceptivas de emergencia. Esta es de las primeras medidas más tangibles de Castro, aplaudida incluso por las feministas más críticas con su Gobierno. El trabajo ahora, explican las mujeres que han impulsado esta legalización, es la veeduría. “Existe un sector tan fuerte en contra de nuestros derechos que ahora es cuando empieza el trabajo más fuerte de sensibilización, educación sexual y desmitificación de todo lo que se inventan alrededor de los derechos sexuales”, narra Regina Fonseca, coordinadora del programa de fortalecimiento al derecho a decidir de CDM.

Costa Rica fue el último país que aprobó la PAE en América Latina, en 2019, y la entrega de las píldoras se da por medio de la Caja Costarricense del Seguro Social de forma gratuita a la población. Para Marcia Aguiluz, directora Legal para América Latina en Women’s Link, la decisión de la presidenta es todo un acierto: “Significa eliminar una barrera para el acceso a la salud sexual y reproductiva; significa que niñas, adolescentes y mujeres que requieren esta pastilla ya sea porque han tenido sexo en relaciones sin protección o porque han sido víctimas de violencia sexual, puedan tenerla. Esta medida evitará embarazos adolescentes y, sobre todo, garantiza el acceso a la salud de las mujeres. Es histórico”.

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