Nuevas leyes, mismo olvido: el Código Penal de República Dominicana ignora el derecho al aborto

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Todos los intentos de reformar el desfasado Código Penal de República Dominicana han fallado. El punto sobre el que se ponen los contadores a cero es siempre el mismo: el derecho al aborto. El país caribeño, uno de los cinco países del continente en el que la interrupción del embarazo está prohibida bajo cualquier circunstancia, sigue sin abrir la mano a los derechos sexuales y reproductivos de la mitad de la población. En el último anteproyecto, presentado por el senador del Partido Reformista Social Cristiano, Rogelio Genao Durán, no hay ni rastro de las tres excepciones por las que llevan peleando décadas las feministas: cuando la vida de la madre corre peligro, cuando el feto tiene una condición incompatible con la vida o cuando el embarazo sea fruto de una violación o incesto. El texto, que ya obtuvo luz verde en la primera lectura en el Senado, es, dicen las activistas, “un enorme paso hacia atrás”.

Otro paso hacia atrás es el que parece estar dando el presidente, Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien a pesar de haber mostrado en varias ocasiones su apoyo a las tres causales, no ha vuelto a hacer declaraciones desde que se empezó a debatir este proyecto. “Desde hace mucho tiempo, yo he pensado que aunque estoy en desacuerdo, como está la mayoría de la población, no solamente de República Dominicana, sino del mundo, contra el aborto, sí pienso que tiene que haber causales que permitan la interrupción del embarazo”, dijo hace unos meses. Este martes, 22 de los 27 senadores que votaron, apoyaron un proyecto de reforma que sigue considerando criminales a quienes interrumpen el embarazo y a los sanitarios que “causen o ayuden a causar” el aborto. 20 de estos senadores son hombres. Desde esta decisión, Abinader no se ha pronunciado oficialmente. Y su silencio tiene en vilo a todo el ala progresista del país.

“Es una enorme decepción”, explica Sergia Galván, una de las activistas que lleva más de 20 años al frente de las demandas feministas. “Estamos avanzando hacia la ultraderecha. Aprobando este proyecto, le están diciendo a la sociedad que los derechos de la mitad de la población se pueden aplazar; que ya lo hablaremos más adelante”. El texto pasará este martes a una segunda lectura en el Senado, donde prevé ser aprobado de nuevo. Luego irá a la Cámara de Diputados y, por último, pasará a manos de Abinader, quien tendrá la última decisión. “Si lo promulga, le va a costar muy caro”, dice Galván en relación al presidente, quien llegó al poder por su compromiso con los derechos humanos.

En el propio programa de gobierno durante la campaña electoral de 2020, darle un vuelco a la desigualdad del país era central en su “política del cambio”. Se proponían leyes contra la violencia machista y medidas para facilitar el acceso al empleo digno, herramientas para la propiedad de las campesinas y hasta la inclusión en el mundo del deporte y la tecnología. Y, aunque no se hablaba explícitamente de las tres causales o el derecho al aborto, estudiaban “enfrentar la alta tasa de mortalidad materna del país” y “promover la educación sexual”. República Dominicana tiene la tasa de embarazos adolescentes más alta de la región y una de las cifras de muertes maternas más elevadas del mundo. Es por ello que la sociedad también pide este cambio. Según el Barómetro de las Américas de 2019, un 61% de los dominicanos está de acuerdo con el aborto cuando la salud de la madre está en riesgo o cuando se establece que el feto es inviable debido a malformaciones.

La pelea por los derechos de las mujeres, para quienes los defienden, ha sido una cacería de brujas constante. La creciente fuerza evangélica en el país se ha unido con la católica para hacer lobby, dentro y fuera de las cámaras. Solo en 2015, la utopía se hizo (casi) real. Entonces, un texto mucho más progresista -que admitía estas tres excepciones- conseguía por primera vez el último sello del Ejecutivo. Pero en el país, este tipo de reformas tardan un año en entrar en vigencia. Los sectores religiosos y ultraconservadores aprovecharon el año de vacancia y presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional argumentando fallas en el procedimiento y el contenido. Finalmente, fue revocado apenas por el procedimiento. Ninguna mujer se benefició de la despenalización.

La diputada por el Partido Liberal Reformista (PLR), Aidee López asegura a Americanas que, cuando la norma llegue al Congreso, votará “un rotundo ‘no’”. “Y, sin embargo, creo que saldrá adelante”, lamenta. “La presión de la Iglesia es muy fuerte y es una pena enorme que la religión afecte a nuestros derechos; los de las mujeres, los de la infancia y los de la comunidad LGBTIQ+”. Además de subrayar la penalización absoluta del aborto, el nuevo texto descarta la discriminación por orientación sexual como delito, así como despega del delito de violencia intrafamiliar las conductas de padres o tutores de “corrección y disciplina” con sus hijos. “Siento que es una involución. Es un momento muy triste”, sentencia.

En el nuevo código, el artículo 112 habla de “eximentes” para los sanitarios que faciliten el aborto: “La interrupción voluntaria del embarazo practicado por personal de la salud especializado en establecimientos de salud, públicos o privados, no será sancionado si, para salvar la vida de la madre y del feto en peligro, se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles”. Sin embargo, para Natalia Mármol, parte de la coordinación de la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres, ya existía algo similar en el Código vigente (del año 1884), que no garantiza en absoluto el aborto como opción.

“Esto no le da a la persona gestante la capacidad de tomar la decisión de si continuar un embarazo o no. Solo le da potestad al personal médico en una situación extrema, ya cuando la muerte es inminente”, narra por teléfono. Y añade que un caso como la terrible y emblemática historia de Esperancita, una mujer que murió por no recibir el tratamiento de leucemia, por estar obligada a llevar a término su embarazo, no podría haberse atenido al eximente. “¿Se le llama provida a eso? ¿Se le llama cuidar la vida a eso?”, se preguntaba la madre de la fallecida en una entrevista con EL PAÍS.

“Las mujeres en este país no importamos nada”, cuenta Liliam Fondeur, médica ginecoobstetra dominicana. “Está claro que la mujer que quiere abortar lo va a seguir haciendo, pero sin garantías. Estas van a seguir reservadas para las que tienen dinero. Las mujeres que mueran en el intento no le importan a los que toman las decisiones; las pobres no le importan a nadie”. La doctora incide en que es clave también promover la educación sexual, inexistente en todos los currículos educativos. Ningún niño del país escucha hablar de métodos anticonceptivos, consentimiento o enfermedades de transmisión sexual a lo largo de su periodo lectivo. Además, en las farmacias públicas del país -en la que los productos están subvencionados por el Estado y son más accesibles- no se vende ningún tipo de anticonceptivos.

La decisión de las Cortes aísla más aún al país en un continente que está apostando por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. En Colombia, se amplió el periodo de interrupción del embarazo hasta las 24 semanas. Una decisión que venía poco después de la despenalización en México y Argentina. “La tendencia, como es evidente, es a la despenalización. República Dominicana se está quedando atrás”, narra Marcia Aguiluz, Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide. “Esto es una bofetada para las mujeres y niñas. Esta deuda con ellas no se puede postergar”.

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